La Fiscalía Adjunta de Alajuela entrará este martes a conclusiones en el juicio contra una pareja de salvadoreños acusada de ultimar a un niño de cinco años, en el 2019 en Alajuela.

Como la madre del menor fallecido estaba en su octavo mes de embarazo al momento de ser detenida, su segundo niño nació con ella tras las rejas.

Los acusados son una mujer de apellidos Marroquini Alas, y su compañero sentimental apellidado Pérez Flores. Al momento de su captura, en el 2019, ella tenía 22 años y el sujeto 25.

Poco después de nacido el menor, pasó a la tutela del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras su madre sigue con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados.

Según esa entidad, el niño ya tiene año y siete meses, está bajo su protección y existe un proceso judicial de suspensión de patria potestad en trámite.

El PANI informó de que él está en buenas condiciones de salud.

Hermano vivió vejámenes

La pareja fue detenida como sospechosa de golpear al niño y causarle fracturas y laceraciones que le generaron la muerte el 9 de mayo del 2019.

La Fiscalía los acusa, además del homicidio, por fabricación y tenencia de material pornográfico infantil mediante el sometimiento del menor.

Como parte del proceso previo a las conclusiones, este lunes la Fiscalía mostró a los jueces mensajes de texto que intercambiaban la madre y el padrastro del niño, donde evidenciaba las carencias de dinero que afrontaba la pareja para el pago del alquiler, alimentación y otros gastos.

En uno de ellos, el sujeto le decía a ella que ni siquiera le respondían para gestionar la liquidación del empleo que perdió. También le señaló a la mujer que en esas condiciones no podía criar al otro hijo que estaba por nacer.

El menor fallecido sufría de deshidratación y una pésima alimentación. La situación se complicó porque el individuo perdió el trabajo y la mujer estaba con ocho meses de embarazo de su segundo hijo cuando la aprehendieron.

De acuerdo con las explicaciones expuestas por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre diciembre del 2018 y el 9 de mayo del 2019, en los Ángeles de Sabanilla, Alajuela.

Ambos habían ingresado al país unos cuatro meses antes del crimen del menor. Vivían en la citada comunidad alajuelense, en una casa que colindaba con otras, por lo que los vecinos ya habían notificado al PANI de las agresiones, pero esa vez los funcionarios no hallaron la vivienda y no pudieron frenar el fatal desenlace.

Esta misma semana podría haber sentencia en este juicio en los Tribunales de Alajuela.