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La madre y el padrastro de un niño de cinco años afrontan un juicio como sospechosos de asesinarlo en mayo del 2019.
Además, a la pareja la Fiscalía también le atribuye la fabricación y tenencia de material pornográfico, en el cual aparece el menor.
Para las autoridades, los imputados omitieron su obligación de cuido y, en apariencia, lo agredieron en múltiples ocasiones.
Los sospechosos son una mujer de apellidos Marroquín Alas (23 años) y un hombre apellidado Pérez Flores (26), de nacionalidad salvadoreña.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre diciembre del 2018 y el 9 de mayo del 2019, en los Ángeles de Sabanilla, Alajuela, donde todos habitaban.
“La pareja habría omitido su obligación de cuido para con la víctima y, en apariencia, la sometieron a un abandono total. Según la prueba que tiene este despacho, los sospechosos golpeaban al niño de cinco años y, presuntamente, esto le ocasionó graves afectaciones en su cuerpo.
“Se sospecha que entre el 8 y el 9 de mayo (del 2019), debido a las agresiones sufridas, el ofendido falleció por trauma abdominal, laceraciones de yeyuno y mesenterio (cortes en el intestino delgado y su alrededor), y peritonitis aguda, es decir, una infección abdominal”, explica la acusación dada a conocer por el Ministerio Público en el debate, el cual comenzó la última semana de enero.
En el documento también se reveló que, en apariencia, la pareja se aprovechó de la vulnerabilidad del menor e incurrió en los delitos de fabricación y tenencia de material pornográfico.
“Al parecer, ambos crearon y tuvieron en su poder contenido sexual”, precisó el ente acusador del Estado.
De momento, el contradictorio contra ambos está suspendido, pero se retomará el próximo 10 de febrero, detalló la Fiscalía.
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Agresiones constantes
Después de que trascendiera el homicidio del menor, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que con la autopsia practicada al cuerpo se detectaron lesiones antiguas en costillas y fémur, así como diversos moretes, pérdida de cabello, desnutrición severa, escoriaciones en el cuerpo, una lesión en el labio superior y cicatrices compatibles con quemaduras.
Para las autoridades, eso era un reflejo de que el pequeño era víctima del síndrome de niño agredido.
En medio del proceso, se pudo determinar que la pareja llegó a suelo costarricense con el chiquito en setiembre del 2019 y, tres meses después, se cree que comenzaron las agresiones.
Incluso, el día de los hechos los vecinos manifestaron que representantes de la Organización Unbound Costa Rica visitaron la casa y sus psicólogos interpusieron una queja por supuesto maltrato ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El PANI; sin embargo, nunca logró dar con la familia para investigar el caso, y por ello fue que se abrió una investigación interna y penal.
De manera paralela y como parte de las medidas para mejorar la atención de casos de agresiones a menores en Alajuela, el Patronato abrió el año pasado dos sedes de la Unidad Regional de Atención Inmediata (URAI) en la zona, las cuales atienden emergencias 24 horas al día durante los siete días de la semana.
A finales del 2020, esa provincia concentraba el 26,8% de las denuncias tramitadas en URAI, es decir, 800 casos.
