Padres con pensión claman por eliminar salario escolar

“Nosotros, los hombres, vamos a la cárcel por ser pobres; no por ser delincuentes, sino porque no tenemos plata para pagar la ridiculez de cifra que nos imponen como pensión”.

Esas palabras son de Jorge Alvarado Bonilla, quien en enero del año pasado fue recluido en la Unidad de Pensiones Alimentarias, en la cárcel La Reforma, por no poder pagar la pensión provisional de ese mes, ni el salario escolar.

En total, él debía cancelar ¢2.300.000 (la mitad por la pensión mensual, y la otra, por concepto de entrada a clases). La cifra es para su expareja y tres hijas, de 8, 12 y 14 años.

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Alvarado aseguró que en este 2016 tampoco podía pagarlo. Por eso, el 4 de enero pasado interpuso un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional en contra del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito de San José.

En este, él pidió que lo exoneren del pago por concepto de gastos de entrada a clases porque este “carece de normativa legal que permita fijar su monto”.

La Sala le dio curso a su recurso y, como medida cautelar, prohibió que él sea arrestado si no paga el salario escolar.

Como él, otros tres padres acudieron a la Sala en los primeros días del año para pedir lo mismo: la eliminación de ese cobro.

Ellos reciben orientación de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), la cual presentaría, a las 8 p. m. de este viernes, otros 36 recursos para estudio de los magistrados.

Eugenia Quesada, presidenta de la Fundación, dijo que tienen una “seria” preocupación por la forma en que se implementó un cobro por gastos de entrada a clases que calificó de “ilegal”.

“La desidia y la sobreprotección a la mujer llevaron a las autoridades a lesionar los derechos fundamentales de los varones, pues se hizo la advertencia y al Poder Judicial no le importó.

”A los jueces les quedó más fácil aplicar esa lesiva e ilegal forma de cobro, sin importarles mandar a la cárcel a los deudores alimentarios”, señaló.

Atención. La Sala Constitucional informó de que le dio curso al reclamo de Alvarado y al que hizo otro sujeto, de apellido Ruiz.

Sin embargo, como los otros dos recursos fueron presentados la tarde de este viernes, se desconoce si se les dio curso o no.

Según Quesada, la queja de Alvarado es la que va “caminando más rápido”. En este caso, la Sala primero le solicitó un informe al Juzgado de Pensiones Alimentarias de San José.

El 6 de enero, la jueza Norma Zárate Fajardo respondió: “La suma impuesta es fijada prudencialmente de forma provisional para el inicio del curso lectivo en favor de cada una de las menores (...) mientras se evacuan en el proceso las pruebas solicitadas por ambas partes a fin de llegar a la verdad real de los hechos”.

Luego de recibir ese informe del Juzgado, del cual La Nación tiene copia, la Sala dispuso la medida cautelar de impedir el apremio corporal hasta que el caso sea resuelto.

Sobre la situación de Ruiz, los magistrados le pidieron, el 7 de enero, un informe al Juzgado de Pensiones Alimentarias de San José, el cual tiene solo tres días naturales para dar respuesta a la consulta de los magistrados.