Katherine Chaves R., Francisco Barrantes. 3 marzo
Fiscalía le reprochó a Wendy Marroquín Alas, de 23 años, y Sahir Pérez Flores, de 26, que trajeran al niño a sufrir y morir a Costa Rica. Foto: Francisco Barrantes
Fiscalía le reprochó a Wendy Marroquín Alas, de 23 años, y Sahir Pérez Flores, de 26, que trajeran al niño a sufrir y morir a Costa Rica. Foto: Francisco Barrantes

El Tribunal Penal de Alajuela fijó penas máximas en contra de los papás salvadoreños que asesinaron a su hijo de tan solo 5 años el 9 de mayo del 2019 en Sabanilla de Alajuela.

Se trata de Wendy Marroquín Alas, de 23 años, y Sahir Pérez Flores, de 26, a quienes se les condenó por el homicidio calificado y por tenencia de pornografía.

Los jueces se decantaron por imponerles 39 años de prisión a cada uno: 35 por el crimen, 4 por el otro ilícito.

La imposición se da luego de que la Fiscalía concluyera que los foráneos trajeron al niño en el 2018 a Costa Rica para sufrir y morir.

Este juicio tuvo la particularidad de ser dividido en dos fases: la primera, cuando se determinó la culpabilidad de los imputados; la segunda abre espacio para que Fiscalía y defensa hagan sus conclusiones y su respectiva petitoria.

Justamente, hace una semana, los jueces declararon culpables a ambos padres por el crimen, al tiempo que los absolvieron por dudas de tres delitos de fabricación de pornografía y de tres delitos de abuso sexual, que, en su momento, les había atribuido el Ministerio Público.

Este miércoles, al retomarse el debate, la fiscala Floribeth Rodríguez hizo sus conclusiones, en las que mencionó que el menor presentaba 51 lesiones en todo su cuerpo que incluían desde quemaduras, hasta daños en sus uñas.

Cerró su exposición diciendo que al niño le “fallamos todos”, pero que espera que una situación similar no vuelva a ocurrir. “Por eso, pido penas máximas para los encartados”, reprochó.

Por su parte, la defensa del imputado se inclinó a pedir 20 años de cárcel, al indicar que su representado mostró un “arrepentimiento genuino”.

Mientras que la abogada de la mamá del niño solicitó tres años y, a su vez, que se le aplique el beneficio de ejecución condicional de la pena.

Ella alegó que su clienta vivía en un ambiente de violencia de género, en donde hasta su pareja le quitó las herencias que ella tenía.

Además, indicó que el pasado de la mujer es complicado, ya que se quedó huérfana de madre y siempre vivió en pobreza. Es decir, a criterio de la defensa, ella es una víctima más.

No obstante, los jueces Geovanny Hernández, Alberto García y Miguel Abarca se declinaron por acoger la solicitud fiscal.

En la explicación, el Tribunal indicó que no creyó en el arrepentimiento del papá del menor.

En cuanto a la denegatoria de la petición de la defensa de la mujer, los juzgadores señalaron que, para empezar, la condición de vulnerabilidad de la acusada se conoció a partir de la declaración que ella brindó y que no existían “otros elementos que permitieran concluir que eso fue de la forma en que se expresó”.

Agregaron: “Se analizaron una serie de contradicciones internas en la declaración de la imputada y de contradicciones con el resto de prueba, lo cual le resta credibilidad”.

De igual forma, en el caso hipotético de que sí fuera cierto lo dicho por la encartada, los jueces mencionaron que, a su criterio, esas condiciones descritas no influyen en la comisión del delito.

Antecedente

La pareja llegó a suelo costarricense con el menor en setiembre del 2018. Se presume que las agresiones comenzaron tres meses después: en diciembre de aquel año.

Desde ese momento y hasta mayo del 2019, los ataques contra el menor eran constantes, al punto de que representantes de la Organización Unbound Costa Rica visitaron la casa y sus psicólogos interpusieron una queja por supuesto maltrato ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Sin embargo, los funcionarios de la entidad nunca lograron dar con la familia para investigar el caso, y por ello fue que se abrió una investigación interna y penal.

Mientras nada ocurría a nivel administrativo, los padres continuaban con las agresiones, las cuales el 9 de mayo del 2019 le provocaron la muerte.

Durante el juicio, que comenzó en enero, Sahir Pérez Flores brindó testimonio, en donde no solo admitió haber golpeado al menor con palos, sandalias y con cuanto objeto tuviera a mano, sino que también pidió perdón.

“Públicamente quiero pedir perdón, quiero pedir disculpas (...) Tuve la oportunidad de hacer algo por mi hijo y no lo hice. Me arrepiento y no me perdono a mí mismo”, dijo el hombre, quien detalló que lo golpeaban desde que estaban en El Salvador.

La representación fiscal insistió en que la pareja “habría omitido su obligación de cuido para con la víctima y, en apariencia, la sometieron a un abandono total.

“Según la prueba que tiene este despacho, los sospechosos golpeaban al niño de cinco años y, presuntamente, esto le ocasionó graves afectaciones en su cuerpo.

“Se sospecha que entre el 8 y el 9 de mayo (del 2019), debido a las agresiones sufridas, el ofendido falleció por trauma abdominal, laceraciones de yeyuno y mesenterio (cortes en el intestino delgado y su alrededor), y peritonitis aguda, es decir, una infección abdominal”.