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El Tribunal de Juicio de Alajuela señaló a los padres como responsables de provocar la muerte de su hijo de cinco años, en mayo del 2019, en Sabanilla de Alajuela.
Ese pronunciamiento, dado a conocer este miércoles a las 4 p. m., es apenas una parte de la sentencia de un juicio en el que se juzgó y culpó a Wendy Marroquín Alas (de 23 años) y a Sahir Pérez Flores (26), ambos de nacionalidad salvadoreña, por la muerte del niño. Ahora falta la imposición de la pena.
Luego de explicar que se declaraba a ambos como responsables de un delito de homicidio calificado y otro delito de tenencia de material pornográfico, los jueces informaron de que el castigo de cárcel que cada uno deberá descontar será dado a conocer el próximo 3 de marzo, en otra audiencia.
El presidente del tribunal, Miguel Abarca Rivas, al explicar por qué los habían encontrado como responsables de homicidio calificado dijo: “En este caso en particular se ha establecido la existencia de una fenómeno identificado en la doctrina como síndrome de niño agredido (...), que desde la perspectiva médico forense está relacionado con agresiones físicas y con indicios en el cuerpo de la víctima, que dan cuenta de esa condición.
“Pero, el síndrome del niño agredido trasciende a eso y habla también de violencia emocional, psicológica, de violencia sexual e inclusive de maltrato social (...) El tribunal tuvo por demostrado que efectivamente ustedes dos maltrataron físicamente al menor ofendido hasta el punto de causarle la muerte”.
Luego agregó: “La autopsia no solo establece las lesiones físicas que le causaron la muerte en ese contexto de síndrome de niño agredido, sino que habían muchas otras lesiones que daban cuenta de que el niño había sido agredido sistemáticamente más allá de la propia lesión que le causó la muerte. Eso quedó completamente establecido para el tribunal”.
Antecedente
Este debate, que comenzó en la última semana de enero, analizó hechos que ocurrieron entre diciembre del 2018 y el 9 de mayo del 2019 cuando murió el menor en la casa que ocupaba la familia en Sabanilla, de Alajuela, una comunidad rural, dedicada sobre todo al cultivo de café.
Precisamente, durante las audiencias del juicio se pudo determinar que la pareja llegó a suelo costarricense con el chiquito en setiembre del 2018 y, tres meses después, se cree que comenzaron las agresiones.
Incluso, el día de la muerte del menor los vecinos manifestaron que representantes de la Organización Unbound Costa Rica visitaron la casa y sus psicólogos interpusieron una queja por supuesto maltrato ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI); sin embargo, los funcionarios de la entidad nunca lograron dar con la familia para investigar el caso, y por ello fue que se abrió una investigación interna y penal.
Sahir Pérez Flores, en una declaración que rindió ante el tribunal, admitió haber dado las golpizas y pidió perdón.
“Públicamente quiero pedir perdón, quiero pedir disculpas (...) Tuve la oportunidad de hacer algo por mi hijo y no lo hice. Me arrepiento y no me perdono a mí mismo”, dijo el pasado 16 de febrero.
En esa ocasión reiteró que ambos golpearon al pequeño tanto en El Salvador como en Costa Rica. Le pegaban con palos, sandalias y lo que tuvieran a mano.
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La representación fiscal en este caso, a cargo de Floribeth Rodríguez, había insistido en que la pareja “habría omitido su obligación de cuido para con la víctima y, en apariencia, la sometieron a un abandono total.
“Según la prueba que tiene este despacho, los sospechosos golpeaban al niño de cinco años y, presuntamente, esto le ocasionó graves afectaciones en su cuerpo.
“Se sospecha que entre el 8 y el 9 de mayo (del 2019), debido a las agresiones sufridas, el ofendido falleció por trauma abdominal, laceraciones de yeyuno y mesenterio (cortes en el intestino delgado y su alrededor), y peritonitis aguda, es decir, una infección abdominal”.
Además de Miguel Abarca, el Tribunal estuvo integrado por Alberto García Chaves y Geovanny Hernández Montero, quienes dictaron una prórroga de cinco meses de prisión preventiva de ambos padres.
Asimismo, anunciaron que por dudas, los habían absuelto de tres delitos de fabricación de pornografía y de tres delitos de abuso sexual, que también les atribuyó el Ministerio Público.
