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Ziad Akl es investigado desde mayo del 2017. Foto: Jeffrey Zamora
El Ministerio Público solicitó, la tarde de este viernes, una pena de 35 años de.prisión para el libanés Ziad Akl al considerarlo responsable de perpetrar una serie de extorsiones para reclamar el pago de deudas, entre el 2016 y 2017.
La solicitud la hizo el fiscal Henry Meza Mata durante el juicio que se realiza, desde el 29 de octubre, en los Tribunales de Pavas.
El representante del órgano acusador del Estado también pidió que, igualmente, se condene a Kelvin Augustus Pinnoch Campbell y a Jean Carlo Fernández Jiménez, otros supuestos miembros del grupo.
Contra Pinnoch se solicitó una pena de 21 años de prisión y contra Fernández, 11 años.
A los implicados se les atribuyeron los delitos de extorsión simple, privación de libertad agravada, amenazas agravadas, lesiones leves y asociación ilícita. Zaid Akl enfrenta, además, un delito de tentativa de homicidio simple.
Paralelamente, Dinia Padilla Mora, abogada de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, reclamó el pago de ¢25 millones a los tres imputados por los daños material y moral que sufrieron cuatro de las víctimas.
Sin embargo, ninguno de los sospechosos tiene bienes a su nombre. El único dinero que se tiene es el decomiso de $9.000 (¢5,4 millones).
El juicio continuará el miércoles de la próxima semana con las conclusiones de los defensores Alejandra Araya, Mirian Bedoya Zárate y José Andrés Pacheco Navarro.
En este caso, los encargados de emitir sentencia son los jueces Álvaro Abarca Picado, quien preside, Mauricio Jiménez Vargas y José Pablo Alvarado Cascante. Ellos escucharon a 14 testigos.
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El fiscal Henry Meza Mata pidió 35 años de prisión para Ziad Akl. Foto: Jeffrey Zamora
Antecedentes
El proceso contra Ziad Akl inició en mayo del 2017, cuando este fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, al momento en que intentaba salir del país.
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Para el Ministerio Público, el extranjero y los otros dos hombres integraban una supuesta organización dedicada al préstamo de dinero, principalmente a taxistas informales, en Guachipelín de Escazú.
La investigación policial determinó que cuando los transportistas no podían pagar la cuota, sobre todo por los altos intereses, supuestamente eran amenazados, privados de su libertad y golpeados. Tales hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2017.
En junio de este año, la defensa de Ziad Alk, a cargo de Alejandra Araya, había llegado a un arreglo con el Ministerio Público, mediante el cual se condenó al libanés a 23 años y cuatro meses de cárcel.
Sin embargo, ese proceso abreviado no fue aceptado por el Tribunal, lo que obligó a realizar el juicio en Pavas.
El caso del extranjero Alk trascendió luego de la muerte de su hermano, atacado a balazos cuando llegó a dejar a su hija a una escuela en Escazú, en mayo de 2017.
En la etapa de conclusiones, el fiscal Henry Meza se encargó de reiterar lo dicho anteriormente por los testigos y, al final de su disertación, dijo que los tres implicados, presuntamente, conocían que las acciones que estaban ejecutando eran de carácter ilícito.
“Formaron parte de una organización para cometer delitos como las extorsiones y tenían un plan de acción en el cual cada integrante tenía funciones establecidas”, relató.
Por su parte, Dinia Padilla argumentó que los tres implicados se aprovecharon de la vulnerabilidad de las víctimas que eran, sobre todo, personas sencillas.
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