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El alcalde de Corredores, Carlos Viales, declaró en la Comisión investigadora de la penetración del narco en las municipalidades del sur, donde dijo que no tuvo relación con la construcción del puente en la finca del supuesto narcotraficante Darwin González. Foto: Asamblea Legislativa.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) objetó la decisión de un juez que permitió la reincorporación en el cargo al alcalde de Corredores, Carlos Viales, desde el pasado 15 de febrero.
El Ministerio Público apeló la resolución tomada por el juez Félix Castellón, quien levantó la medida cautelar de suspensión del cargo en la causa que se investiga contra el alcalde Viales Fallas, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, en beneficio de un sospechoso investigado por narcotráfico.
En una audiencia realizada el 14 de febrero, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública prorrogar las medidas cautelares que vencían el 15 de febrero; sin embargo, una de ellas, que se refiere a la suspensión del cargo, fue modificada por el órgano jurisdiccional.
Ahora las partes se encuentran a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda programe la audiencia, donde la Fiscalía abogará porque el funcionario quede fuera del municipio, mientras la defensa de Viales insiste en la inocencia del funcionario público y en que las medidas son innecesarias.
Viales fue detenido en diciembre del 2021 durante una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía debido a presuntas irregularidades referidas al uso de fondos e insumos del municipio para construir y puente y reparar caminos en la finca de Darwin González, detenido junto a otras doce personas por narcotráfico y procesado en el caso conocido como Pancho Villa.
Según el OIJ, Darwin González, de 43 años, dueño de varias fincas, algunas de palma aceitera, en la zona sur del país, aparentemente lideraba una banda narco que trasegaba una tonelada de cocaína cada dos meses. La droga procedía de sudamérica y era para abastecer el mercado local y para exportarla a Estados Unidos.
Cuando se le detuvo, cayeron también dos agentes del OIJ que al parecer eran infiltrados de la citada red narco. Esa vez, a González se le dictó un año de prisión preventiva e igual pena para su esposa, de apellidos Jiménez Araya y dos hermanos de ella.
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Los agentes judiciales detenidos, de apellidos Concepción Quiel y Campos Jiménez, así como otros tres sujetos también quedaron tras barrotes de forma preventiva. A otros se les colocó tobillera electrónica, entre otras medidas.
El caso referido a las supuestas gestiones que hizo el alcalde de Corredores para las obras en la finca de Darwin se encuentra en investigación en el expediente 21-000007-1775-PE, por el presunto delito de peculado.
