Yeryis Salas. 16 septiembre
El 9 de setiembre, en el Tribunal Penal de Goicoechea, las partes llegaron a un acuerdo para que la imputada se sometiera a un procedimiento especial abreviado. Foto: Alonso Tenorio.
El 9 de setiembre, en el Tribunal Penal de Goicoechea, las partes llegaron a un acuerdo para que la imputada se sometiera a un procedimiento especial abreviado. Foto: Alonso Tenorio.

Un empresario, de 81 años, sostiene que la supuesta “negligencia” del puesto de bolsa del Banco Lafise propició que él y su hermano perdieran casi $1,5 millones hace una década, en un caso que recién se dirime en tribunales por aparente administración fraudulenta.

Precisamente, el lunes pasado, en el Tribunal Penal de Goicoechea, una corredora de bolsa de apellidos Silva Meneses, que entonces trabajaba en esa entidad bancaria, aceptó los hechos que le atribuyó el Ministerio Público relacionados con este caso.

La fiscala a cargo, Natalia Gómez, sostiene que la imputada realizó “acciones fraudulentas” con el fin de “distraer el dinero, no invertirlo, o bien, realizar inversiones en negocios no autorizados por los ofendidos, llegando a destinar parte de estas inversiones a otros fines distintos y ajenos al giro normal del puesto de bolsa”.

Si un juez ratifica el procedimiento especial abreviado, será condenada a una pena reducida de dos años de prisión y a pagar la acción civil resarcitoria.

Bernan Luis Salazar, abogado querellante en este caso, precisó que en el proceso penal se planteó la acción civil resarcitoria en contra de la corredora, una empresa de la señora, el Banco Lafise y Lafise Valores Puesto de Bolsa; sin embargo, el ente financiero niega que deba pagarle a las víctimas.

Uno de los hermanos afectados es Miguel González Volio, de 81 años, quien perdió más de $1 millón (¢580 millones). Él, quien prefirió que su imagen no se divulgara para este reportaje, señaló a los responsables del puesto de bolsa como “los verdaderos culpables” de la fallida inversión.

En una entrevista con La Nación, desde su oficina en Curridabat, González relató que su relación con Lafise inició por un vínculo familiar con el entonces gerente general.

“En el 2002 hicimos una urbanización en Sabanilla de Montes de Oca y nos quedaron más o menos 30 lotes a mi hermano y 30 a mí, esos lotes los fui vendiendo y los fui colocando en certificados en Lafise”, contó.

En el 2004 conocieron a la corredora Silva Meneses, quien les administró el dinero sin inconvenientes durante al menos dos años, hasta que los hermanos y dueños de Prenac, una empresa de productos de concreto, empezaron a recibir los estados de cuenta en hojas blancas y no en papel membretado.

Ella les aseguraba que el banco estaba recortando gastos.

Con el paso del tiempo también disminuyeron los pagos de intereses. Según González, pasaron de $12.000 a $8.000 mensuales.

La acusación del Ministerio Público expuso que la corredora de bolsa entregó estados financieros adulterados desde el 2006 y hasta el 2009.

Silva también invirtió en negocios sin la autorización de los empresarios. Incluso, según la misma fuente, $560.000 fueron transferidos a ID Investors and Developers S. A., una de las ocho sociedades presididas por la imputada, entre las que se encuentran una tienda deportiva y una inmobiliaria.

La agente renunció a Lafise en el 2009. Cuando otra asesora pasó a manejar el dinero de los González Volio, descubrieron el faltante en sus cuentas.

González afirmó que “se le pidieron a Lafise los comprobantes originales y no los tenían, Lafise autorizó las salidas del dinero mío basado en fotocopias que ella fabricaba”.

El empresario alegó que le pidieron explicaciones al entonces gerente de Lafise, quien les dijo que iba a hablar con la denunciada. Sin embargo, no les brindó más información, y luego, les negaron otras reuniones.

“Todo surgió a raíz de la mala inspección de Lafise Valores, sucedió completamente que la corredora hacía lo que le daba la gana”, aseveró.

Ahora los hermanos esperan la sentencia del Tribunal Penal, en la cuál también se dilucidará quiénes pagarán los daños a las víctimas.

Uno de los hermanos afectados reclamó un perjuicio de poco más de $1 millón, mientras que el otro perdió $395.000. También solicitaron $200.000, cada uno, por el daño moral.

Lafise respondió a este medio que aunque sus sociedades fueron parte del proceso legal inicial, no participaron de la negociación del proceso abreviado, por lo que no están obligadas “a resarcir a ninguna de las partes y no hay una sentencia judicial en firme que diga lo contrario”.

Asimismo, la empresa financiera señaló “que siempre se ha mantenido y mantenemos una relación cercana, cordial y profesional con nuestros clientes”.

“Al haber procesos judiciales en trámite, no podemos pronunciarnos ni dar información detallada de nuestra relación con cada uno de ellos (sus clientes), pero siempre hemos tenido y tenemos las puertas abiertas para atender cualquier consulta, duda o sugerencia”, apuntó el departamento de relaciones públicas de la entidad.

Por su parte, Ewald Acuña, abogado de Silva, explicó que ella aceptó los hechos y la responsabilidad civil, pero la culpabilidad la definen los jueces.

“En este caso todas las partes acordamos que la pena fuera de dos años de prisión, un año por cada uno de los delitos, y en principio uno esperaría que el juez al que le toca resolver respete ese acuerdo”, detalló.

Miguel González remarcó que aunque el veredicto judicial les dé la razón, la suma reclamada no llegará pronto.

“La verán mis hijos, tal vez, yo ya no la veo”, mencionó.

“Tengo casi 82 años y tengo que seguir trabajando, el dinero ese que tenía era para la vejez mía, no hay más que seguir breteando”, manifestó.

Multas y 19 denunciantes más

Aparte del proceso penal, el pasado 12 de febrero la Superintendencia General de Valores (Sugeval) declaró responsable a Silva Meneses por entregar información incorrecta a un cliente y le impuso una multa de ¢27 millones. Al no haber pagado, la Superintendencia inició un proceso de cobro judicial.

En esa misma resolución se indica que Lafise Valores recibió dos multas de casi ¢54 millones cada una.

Una se impuso por incumplir “con las operaciones en valores para las que originalmente estaban destinados los recursos de su cliente” y la otra por no entregar un estado de cuenta de junio del 2009 al inversionista.

La Sugeval no brindó más detalles para aclarar si este pronunciamiento está vinculado con la denuncia de los hermanos González, en tanto que Lafise negó que exista relación.

La multa ya fue pagada; sin embargo, el puesto de bolsa está tramitando su impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

La corredora Silva Meneses cumple prisión preventiva desde hace casi tres años por otra causa, por presuntos fraudes de ¢315 millones, $32 millones y €66.000 en perjuicio de otras 19 personas.

Según el Ministerio Público, la mujer se habría aprovechado de su cargo “para inducir a los ofendidos a error, mediante la simulación de hechos falsos, haciéndoles creer que invertían su dinero en una entidad que comerciaba títulos y valores de manera legal y bajo supervisión estatal”.

La causa se abrió en el 2015 por los presuntos delitos de administración fraudulenta, falsedad ideológica, intermediación financiera ilegal, estafa y uso de documento falso.

Cuatro años después, la Fiscalía aún no termina la investigación, mientras está por cumplirse el plazo máximo en el que una persona indiciada puede estar en la cárcel.

Al otorgar la última prórroga de prisión preventiva, esta demora fue calificada de “preocupante” por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José.

Los jueces justificaron la encarcelación de Silva, pero señalaron el 29 de agosto que “ello ha significado un altísimo costo para la imputada, a quien se ha privado de libertad por un periodo sumamente extenso”.

Antes de que termine la prórroga, la Fiscalía deberá completar las diligencias y definir la situación de la corredora, dicta la resolución.

El 2 de noviembre del 2018, el Juzgado Penal declaró este caso de tramitación compleja, por la gran cantidad de hechos investigados y el elevado número de víctimas. Esto permitió la extensión de la prisión preventiva regular.

El Ministerio Público informó de que “solicitó al Juzgado Penal que ordenara una serie de requerimientos para poder avanzar en la investigación, dicho Juzgado acogió la petición”.

“A partir de ello, se logró recabar información de importancia para incluir a la causa. Incluso, se solicitó a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) el apoyo para poder obtener prueba en Panamá y Estados Unidos”, detalló la oficina de prensa.