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Los jueces Jorge Tabash, Ericka Calvo y Sergio Quesada conformaron el Tribunal Penal. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)
Una corredora de bolsa acusada por administración fraudulenta de cerca de $1,5 millones, ¢869 millones al tipo de cambio actual, aceptó los cargos de la Fiscalía y evitará la etapa de juicio.
La mujer, de apellidos Silva Meneses, recibiría una sentencia reducida de dos años de prisión, una vez los jueces ratifiquen el procedimiento especial abreviado aceptado por el Ministerio Público este lunes en el Tribunal Penal de Goicoechea.
El monto defraudado superó más de diez veces el salario base, por lo que Silva, de 44 años, se exponía a una pena de seis meses a diez años de prisión.
La acusada trabajó en el puesto de bolsa del Banco Lafise cuando, entre el 2004 y 2009, manejó los fondos de los afectados, dos hermanos de apellidos González Volio.
Según la acusación de la fiscala, Natalia Gómez, la imputada realizó “acciones fraudulentas” con el fin de “distraer el dinero, no invertirlo, o bien, realizar inversiones en negocios no autorizados por los ofendidos, llegando a destinar parte de estas inversiones a otros fines distintos y ajenos al giro normal del puesto de bolsa”.
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Gómez señaló que la entonces corredora de bolsa entregó estados de cuenta adulterados a sus clientes para que no notaran el uso ilícito de los fondos. Incluso, parte del dinero fue transferido a una sociedad presidida por Silva.
Uno de los afectados reclamó un perjuicio de poco más de $1 millón (¢580 millones), mientras que el otro perdió $395.000 (¢229 millones).
Estos montos conforman la acción civil resarcitoria presentada por el abogado querellante, Bernan Luis Salazar, junto a $200.000 (¢116 millones) a cada víctima por el daño moral.
El Banco Lafise también tendría que pagar una suma a los perjudicados; sin embargo, esta aún no ha sido definida por las partes.
Silva Meneses cumple prisión preventiva desde hace casi tres años por otra causa, por presuntas estafas de ¢315 millones, $32 millones (¢19.000 millones) y €66.000 (¢42 millones) contra 19 personas.
Esta causa se sigue desde el 2015 por los presuntos delitos de administración fraudulenta, falsedad ideológica, intermediación financiera ilegal, estafa y uso de documento falso.
