En medio de una polémica por nueve inhibitorias para conocer sonados casos judic iales, la fiscala general de la República, Emilia María Navas Aparicio, de 56 años, dejará su cargo, oficialmente, a partir del miércoles 25 de agosto, aunque en la práctica, será el próximo 13 de julio.
Así lo manifestó este viernes por medio de un comunicado de prensa, en el que precisó que se acogerá a su jubilación a partir de esa fecha.
Sin embargo, más de un mes antes, tomará un periodo de vacaciones, exactamente del 13 de julio al 24 de agosto. Esto quiere decir que, técnicamente, su último día de labores al frente del Ministerio Público será el lunes 12 de julio.
El anuncio de su salida de la institución se da a 11 días de los allanamientos por el Caso Cochinilla, en el que se investiga una presunta corrupción en obras viales.
A partir de ese día, la fiscala comenzó a recibir una serie de cuestionamientos, ya que su compañero sentimental, Francisco José Campos Aguilar, es abogado de MECO, una de las constructoras involucradas en las aparentes irregularidades.
Navas Aparicio se inhibió tres días después, el 17 de junio, de participar en ese caso. Lo hizo hasta ese día porque anteriormente estaba de vacaciones.
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En el comunicado difundido este viernes, la jerarca precisó que tiene 32 años de laborar en el Poder Judicial. Durante ese tiempo, “he dado muestras de mi solvencia ética y moral, tanto en mi vida privada como en el ejercicio profesional”.
“Al asumir el cargo de fiscala general de la República, hace más de tres años y medio, busqué inculcar los más altos estándares de probidad, transparencia y legitimidad en las funciones propias del Ministerio Público, lo que generó nuevos y más transparentes modelos de gestión.
“El camino ha sido largo y difícil; sin embargo, estoy convencida que ha valido la pena, pues tenemos un Ministerio Público más fuerte, independiente funcionalmente y combativo de los actos de corrupción que golpean al país y afectan el bienestar común”, aseguró.
No obstante, recalcó que en los últimos días se han registrado “un serie de ataques personales y contra la institución” y que aunque ella ha demostrado su actuar “recto y probo” no desea debilitar la función del Ministerio Público y la labor de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
“Con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decidido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho.
“A partir de hoy (viernes) y hasta el 12 de julio, me dedicaré a realizar los informes correspondientes para hacer la transición del cargo al fiscal subrogante (Warner Rafael Molina Ruiz) y, posteriormente, entre el 13 de julio y el 24 de agosto, he solicitado a la Presidencia de la Corte Suprema acogerme al periodo de vacaciones que me corresponde, para hacer efectiva mi jubilación a partir del 25 de agosto del 2021″, detalló Navas.
La jerarca también agradeció a su equipo de trabajo y destacó que la institución es fundamental en la democracia de Costa Rica.
También hizo un llamado a la población para que siga creyendo en el trabajo del ente acusador del Estado y afirmó que sin importar quién esté al frente está segura que se “seguirá luchando contra la delincuencia y los problemas más graves que afectan al país y respetando los derechos de todas las personas”.
Únicamente y exclusivamente para el Caso Cochinilla, la Corte Plena nombró por un año a Miguel Ángel Ramírez López como fiscal subrogante, debido a que Wagner Molina también se tuvo que apartar de conocer detalles porque su cuñada, quien labora para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), figura entre las imputadas.
Inhibitoria en varios casos
A lo largo de su gestión, Navas se inhibió de conocer detalles en nueve casos, en total. Siete de esos procesos es porque su esposo representa a alguna de las partes imputadas y otros dos porque los involucrados son familia suya o de su equipo cercano de trabajo.
Aparte de la investigación por presunta corrupción en obras públicas, Francisco Campos figura como abogado en dos expedientes que se llevan en la Fiscalía de San Joaquín de Flores y están relacionados con Importadora Monge.
Luego hay otro que se lleva en la Fiscalía Adjunta de Alajuela por el delito de estafa sobre el cual no trascendieron detalles.
También, hay un asunto que investiga hechos vinculados con la empresa Autopistas del Sol y la ruta 27 , la cual comunica a San José con Caldera.
Asimismo, se encuentra el caso Aldesa, en el cual Francisco Campos es abogado del presidente, Javier Chaves Bolaños y el último es el conocido como caso Soresco.
Respecto a los otros dos casos, en uno hay un imputado que es familiar de una fiscala adjunta del equipo de trabajo de la Fiscalía General y, en el otro, el denunciado es un primo hermano de Navas.
Colaboró el periodista Carlos Arguedas C.
Información actualizada a las 8:31 a. m. con más datos.