El Ministerio Público se pronunció a favor de que la Corte Suprema de Justicia saque los juicios por casos de corrupción de los Tribunales de Goicoechea y los distribuya en todo el país.
Así lo manifiestan tanto la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, como el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), Carlos Meléndez Sequeira, durante entrevistas por separado.
Ambos coinciden en que el modelo de concentrar el trámite de todos los delitos contra la función pública en el Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, se agotó y es necesario que vuelvan a la jurisdicción en donde ocurre cada uno de los hechos.
“Se acusan casos de corrupción y a juicio no llegan con la celeridad esperada (...) con el riesgo de que los testigos no sean ubicables, que olviden los hechos o que haya personas que pierdan interés y que los asuntos prescriban”, dijo Navas.
En tanto Meléndez aseguró: “En todo el Poder Judicial no hemos sido eficientes en la celeridad de los casos de corrupción. Tenemos que apostar a cambiar el modelo. No vamos a seguir haciendo lo mismo, sino que hay que ser más eficientes”.
La decisión de centralizar los expedientes de corrupción en el Tribunal Penal de Hacienda, cuya sede está en Goicoechea, se tomó en mayo del 2003. Sin embargo, ya en el año 2014 dos estudiantes de derecho Gustavo Carrillo Ugalde y Diego Rodríguez Muñoz, en su tesis de graduación de la Universidad de Costa Rica (UCR), revelaron fallas en el sistema.
Entre otros aspectos señalaron que al analizar 63 expedientes tramitados durante el 2010, se encontraron que el 46% de los asuntos provenían de zonas rurales y que los cantones que más casos generaban eran Corredores, Cañas, Liberia, San Ramón y Osa.
El estudio, además, reveló que en el 71% de los expedientes se tardó de cinco o más años, desde el inicio de la sumaria, hasta que llegaron a juicio.
Como un ejemplo de las incongruencias, los ahora abogados expusieron un caso de abuso de autoridad ocurrido en el 2005 en isla Chira y que fue juzgado hasta el 2010. En ese expediente se acusó a un policía por agredir a un hombre cuando ingería licor en vía pública. Tanto el ofendido, los testigos y el imputado debieron trasladarse desde Chira hasta Goicoechea para el debate, porque así lo establece la legislación.
Situación persiste
Esa lentitud en el trámite de los casos, revelada por Carrillo y Rodríguez, aún subsiste. Para solo precisar un ejemplo, durante el año anterior se juzgó a 29 personas por un supuesto festín con tierras del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ocurrido entre 1994 y 1998 y que fue denunciado en el 2005. El asunto pasó en tribunales 13 años.
Los imputados eran vecinos de Orotina, Garabito y San Mateo y debieron asistir al juicio que duró siete meses y que se realizó en Goicoechea. Al final todos fueron absueltos.
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Carlos Meléndez dijo que ese modelo de concentración “no es eficiente en el tratamiento de los casos y también crea una serie de dificultades a las partes que tienen que trasladarse desde fuera del Gran Área Metropolitana. Hay personas con dificultades económicas que tienen que pedir ayuda al Poder Judicial, es decir tiene impacto a nivel presupuestario”.
En la actualidad, según datos proporcionados por la Fapta, se manejan 436 causas activas, de las cuales 60 ya fueron acusadas.
En cuanto a asuntos por corrupción y que están en la Fiscalía General, pues figuran miembros de los Supremos Poderes (tienen inmunidad), hay 46 expedientes. También allí manejan otros 57 asuntos en los que hay funcionarios que dejaron de tener ese privilegio constitucional.
Meléndez explicó que tanto la Fiscalía anticorrupción como la Fiscalía General llevan los asuntos por separado, aunque advirtió que cuando en algún tema hay un funcionario con fuero especial y particulares, se tramitan de forma conjunta.
Asimismo, aclaró que la Fapta trabaja sin ningún tipo de injerencia de Emilia Navas.
“La fiscala general lo que hace es emitir políticas de persecución penal generales y la Fiscalía anticorrupción se concentra en las investigaciones (...) existe total independencia de la Fiscalía anticorrupción y si ella pide un informe administrativo se le suministra, por ejemplo, cuantos casos se llevan, pero no recibe el detalle de ninguna investigación”, concluyó.
‘No vamos a poder resolver con la rapidez esperada’
La fiscala general de la República, Emilia Navas, luego de un año y cuatro meses en el cargo, dice estar satisfecha con lo desarrollado en el Ministerio Público. Sin embargo, advierte que debido a la restricción presupuestaria, las investigaciones no van a avanzar con la rapidez que se espera.
El siguiente es un extracto de la conversación con la jerarca del ente acusador del Estado:
– ¿Las investigaciones avanzan al ritmo esperado?
– Están siendo bien investigadas, pero hay una situación en secciones del OIJ: tienen mucho trabajo y poco personal. Secciones como la delitos informáticos, económicos y financieros no logramos que nos rindan los informes rápido y que nos hagan los análisis rápido.
“En informáticos tienen tanto trabajo que tienen que priorizar, pero entonces se atrasan las aperturas de evidencia digital y la información no llega tan rápido como quisiéramos y fijando prioridades”.
– ¿Quién fija esas prioridades, el OIJ o la Fiscalía?
– Ambos.
– ¿A qué se debe esa restricción?
No es suficiente el presupuesto y eso hace que no sea suficiente el personal del OIJ, que es nuestro auxiliar. Tengo claro que en estos momentos no hay posibilidad de ampliar el presupuesto, entonces lo que estamos decidiendo es cómo utilizar bien los recursos que tenemos.
– ¿Logró ordenar la Fiscalía según sus planes?
– En las prioridades sí, ya está ordenado. Hay muchos proyectos para reestructurar, e implementar nuevos métodos de investigación. Hay oficinas en las que todavía estamos trabajando con plazos a este 2019.
– ¿Los funcionarios están comprometidos con su idea?
– La mayoría sí, pero el plan de giras de este año nos va a permitir dialogar con los funcionarios de ciertas fiscalías, precisamente para ayudarlos a mejorar. La mayoría están comprometidos.
– ¿Encontró rechazo en el Poder Judicial a su gestión?
– En ningún sentido.
– ¿Tiene controversias con el presidente de la Corte, don Fernando Cruz?
– Ninguna. No estamos de acuerdo en todo, eso es algo muy natural, pero discrepancias y problemas ninguno.
– ¿Que sucedió con algunos fiscales que no querían asumir responsabilidades?
– Al analizar el rezago en algunas fiscalías determinamos que hay personal muy nuevo que está en formación y otro con experiencia que no quería ocupar cargos de jefatura. No quería asumir responsabilidades importantes y tomar decisiones. No es que no quieran trabajar, sino cuando se les consultó que si querían ascensos me informaron que no deseaban ocupar cargos de jefatura. El problema es que durante ocho años no hubo nombramientos y para ocupar una jefatura se necesitan requisitos y como no se hicieron nombramientos, entonces hay gente muy valiosa que no puede ser ascendida por falta de requisitos.
– ¿Y que pasó con esas fiscalías?
– Por dicha conseguimos personas que aceptaron el reto de ocupar jefaturas y cumplir con todas las tareas. Asumir responsabilidades y tomar decisiones. En este momento todos los fiscales coordinadores y los fiscales adjuntos que tengo están trabajando con excelencia y compromiso.
Asuntos pendientes
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene en estudio varios casos algunos que estaban desestimados por un juez penal y requirieron un ajuste en los objetivos y en la manera de buscar pruebas, con el objetivo de determinar si los hechos son ilícitos y es probable una acusación.
Estos son algunos de esos asuntos:
Expediente 12-0046-0615-PE: tiene que ver con la CCSS, y a finales del año anterior se hicieron allanamientos e indagatorias. La Fiscalía informó de que se está en el etapa conclusiva. Figuran 18 personas imputadas de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
Expediente 10-000066-621-P: investiga asuntos vinculados con la empresa Autopistas del Sol y la ruta 27 que comunica a San José con Caldera. En este asunto hay un imputado de apellido Muñoz Sibaja. Este caso se reactivó pues se buscó nueva prueba y se reformuló la hipótesis investigativa. Se está en el proceso de redacción del requerimiento final.
Expediente: 14-000808-0332-PE: Es el caso que analiza si hubo anomalía en la construcción de la carretera Sifón - La Abundancia. Por ahora figuran como investigados Torres Morales, Sánchez González, Solís Murillo, Vargas Calvo y Marín Rivera.
Expediente 13-000027-621-PE: Este legajo tenía que ver con el trámite para construir la carretera a San Ramón, que se había adjudicado a la firma OAS. En este asunto el Ministerio Público había solicitado se emitiera una desestimación el 20 de mayo del 2015. El 21 de diciembre del 2017 se pidió reabrir el caso, pero en marzo del 2018, luego de revisar todas las posibilidades, la Fapta determinó que no había nuevos elementos y se decide no reabrir el caso. Empero, si hay hechos novedosos, los cuales están incluidos en la causa que de la vía Sifón-La Abundancia. Durante el período de investigación, se tramitó contra ignorado, es decir, no hubo personas imputadas.