EscucharLos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico pidieron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que autorice al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a usar ¢2.000 millones para construir el nuevo edificio, en barrio Los Ángeles de San José.
Este lunes, el director del OIJ, Randall Zúñiga, reclamó a Hacienda el no permitirles usar esos fondos ahorrados en salarios, a lo que el Ministerio indicó que no había criterio legal para realizar ese cambio en el presupuesto del 2023.
La Comisión aprobó una moción este jueves, para que Hacienda avale el traslado de ese dinero entre partidas, o de ser necesario, presentar un presupuesto extraordinario “lo más pronto posible”.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, afirmó en un comunicado que “vivimos tiempos extraordinarios, eso requiere acciones extraordinarias”, y que de presentarse una propuesta de modificación presupuestaria, la Asamblea Legislativa se encargaría de aprobarla a tiempo.
Por su parte, el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP) declaró que “el tema del edificio del OIJ atraviesa por asuntos administrativos, como dejar de pagar alquileres por el orden de los ¢1.600 millones y poder invertirlos en un edificio propio para que el Estado costarricense no tenga que gastar en estas cosas”, y señaló que las nuevas instalaciones contribuirán en la lucha contra el crimen.
El desencuentro entre Zúñiga y Acosta llevó además a la Defensoría de los Habitantes a convocar una reunión, para el miércoles 13 de diciembre, para que solucionen el problema.
El punto de discordia es la Ley 10.419, aprobada por el Congreso para variar el uso de las partidas del 2023, y publicada en La Gaceta el 1.° de noviembre.
El ministro Acosta afirmó que el objetivo de la ley era trasladar dinero ahorrado en salarios solo para acciones inmediatas contra el crimen, y no para el fideicomiso del nuevo edificio, mientras que Zúñiga sostuvo que esa es una interpretación incorrecta de la ley, pues el artículo 5 de la normativa sí permite al OIJ usar esos fondos.
Asimismo, este martes, el fiscal Carlo Díaz indicó que al Ministerio Público no se le permitió trasladar ¢125 millones, y en el caso de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD) fue de ¢911 millones.
