EscucharLa Defensoría de los Habitantes convocó al director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para que solucionen la disputa por los ¢2.000 millones de presupuesto que el OIJ no pudo ejecutar este año.
Este miércoles, la defensora Angie Cruickshank indicó que convocaba a los jerarcas a una “sesión de trabajo” para el miércoles 13 de diciembre, “con el fin de que, de manera concertada, se pueda encontrar una solución para resolver la situación de manera expedita”.
La entidad indicó que “se debe informar con claridad y sin titubeos sobre los recursos que el Estado costarricense estará asegurando para el combate a la delincuencia y la criminalidad”.
El origen de la controversia es la interpretación de la Ley 10.419, aprobada por el Congreso para variar el uso de las partidas del 2023, y publicada en La Gaceta el 1.° de noviembre.
Este martes, Zúñiga afirmó en conferencia de prensa que el ministro Acosta “se está sacando de la manga” su criterio legal para impedir al OIJ trasladar ¢2.000 millones del presupuesto, parte de ellos ahorrados en salarios, al fideicomiso para construir un edificio en barrio Los Ángeles de San José.
Según el director de la Policía Judicial, la ley permite a la entidad usar dinero ahorrado en salarios para otras partidas.
Por su parte, Hacienda sostiene que el objetivo de la legislación era que el destino de los recursos cambiara solo para acciones inmediatas contra el crimen. Acosta declaró este martes que con ese dinero, el Organismo podría comprar armas y hacer más operativos, pero no moverlo al fideicomiso del nuevo edificio.
La Defensoría señaló además que está en proceso de evaluación y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad anunciada el 22 de noviembre por el Gobierno, en la cual se propuso bajar la tasa de homicidios a 9,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2030, es decir, bajar la tasa al nivel del 2014.
Ante consulta de la Defensoría, el Ministerio de Seguridad señaló que, para ejecutar la Política Nacional, iniciaron un “proceso participativo de planificación, diseño, asignación de acciones y metas, que garantizarán contenido presupuestario del Plan de Acción de la Política Nacional de Seguridad”.
