“Yo tengo miedo, mis compañeros tienen miedo, todos tenemos miedo de contagiarnos (con el nuevo coronavirus), pero, diay, ¿qué podemos hacer? Nada. Solo pedirle a Dios que no nos dé y, que si nos da, que no nos mate. Y si nos mata, que nuestros familiares no sufran tanto”.
Esa fue la respuesta que dio un reo de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, en Alajuela, cuando se le consultó, vía telefónica, cómo se sobrevive a la pandemia en un centro penal. Su identidad se reserva para evitar represalias.
Pero más allá del temor y de la resignación a enfermarse, aseguró que el manejo de la pandemia dentro de esa prisión ha sido de poco acercamiento con los reclusos, de mucho hermetismo por parte de los funcionarios y de una atención médica “peor que mala”.
Aseguró que, si bien las autoridades penitenciarias les prometieron en marzo protegerlos ante ese nuevo escenario de emergencia sanitaria en el que entraba el país, la realidad es otra: los protocolos de prevención no se aplican a cabalidad, los insumos de higiene personal como jabón o mascarillas a veces son “inexistentes” y la detección de presos enfermos un día no se hace y el siguiente tampoco.
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Es decir, viven bajo el legítimo ‘Sálvese quien pueda’ en un sistema penitenciario con 16.000 reos, un hacinamiento ronda el 30% y cuya estadística de covid-19 es de 203 reos enfermos (uno de ellos fallecido) y 85 funcionarios contagiados.
Esas palabras son replicadas no solo por otros dos reclusos de otras prisiones, sino que también es confirmada por policías penitenciarios que también hablaron con este medio bajo el anonimato, para evitar perjudicarse en su trabajo.
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Pese a eso, el Ministerio de Justicia insistió en que el manejo de la pandemia en el sistema penitenciario ha ido orientado a garantizar “las mejores condiciones para todas las personas privadas de libertad y funcionarios” y con ello descartó los señalamientos que les hacen.
Diana Posada, viceministra de esa cartera, señaló en que, desde febrero, se han preparado para afrontar esta emergencia sanitaria nacional y que una de las principales gestiones que han hecho es la de sensibilizar a la población sobre sus efectos.
Asimismo, rechazó que no exista canal de comunicación con los internos, ya que apuntó que no solo los directores de centros brindan toda la información que tengan, sino que las máximas jerarquías también se han reunido tanto con ellos como con sus familias para brindar tranquilidad.
Por último, mencionó que los equipos de protección son facilitados, en primera línea, a los funcionarios que tengan un alto nivel de contagio, como el personal de salud o policías penitenciarios que deban tratar directamente con los enfermos.
Sobre el tema de la atención médica, Posada no brindó criterio.
Una autoridad hermética
Uno de los internos de la cárcel Luis Paulino Mora también conversó con este medio y, para empezar, dijo que las autoridades de ese centro nunca le informan a la población si ahí hay casos activos por esa enfermedad.
Lo que saben los presos es porque ven en las noticias algo referente al tema, o bien porque algún familiar los llama y les cuenta.
“Aquí son herméticos, la información no se dice a nadie. No se dice cuántos aislados hay, no se dice nada. Uno puede estar con alguien, después no lo vuelve a ver y resulta que es porque salió con covid-19 y nadie le avisó a uno ni le preguntó cómo está, nada.
“Esto lo que genera es una sensación de angustia muy grande en las personas que estamos aquí, porque nadie sabe nada. Por más que se pregunta, no dicen nada”, apuntó.
Sobre esto, un policía penitenciario de la cárcel de San José confirmó que el flujo de información es inexistente, al punto que ni ellos mismos suelen conocer cuántos casos activos hay.
“Hace poco hicieron un cambio de jefatura, y cuando nos reunieron con el jefe nuevo (de Seguridad), nos dijo que estaba igual que nosotros, que hay muchas dudas que no nos puede evacuar. Seguimos a la deriva y, básicamente, aquí es que cada quien sabe lo que logra conseguir y ya.
“Y, como esto es un sistema de convivencia en el cual nosotros pasamos 24 horas con ellos, la misma información que tenemos nosotros es la que tiene la población. No hay ningún jerarca que venga a hablar o a explicar cómo está la cosa”.
¿Con síntomas? En dos días lo atiende el doctor
Pero la problemática va más allá de un tema de comunicación. Los reclusos se quejan de la atención médica.
Ellos aseguran entender que, por ejemplo, hayan suspendido la consulta externa para que el personal se enfoque en resolver la situación sanitaria por la covid-19. Sin embargo, mencionaron que para ser atendidos deben esperar hasta dos días, sin importar si sus síntomas son leves o más graves.
“Para que a usted lo atiendan rápido es porque cayó desmayado y, diay, lo tienen que atender porque sí, porque no les queda de otra, no lo pueden dejar ahí tirado en el dormitorio”, aseguró otro interno de la cárcel San Sebastián.
Explicaron que la dinámica es la siguiente: Los policías hacen rondas para levantar una lista de las personas que requieren ser vistos por un médico, a partir de ahí comienza la espera.
No obstante, señalaron, otro problema es que hay reclusos que, pese a que se sienten mal, no alertan a los oficiales para evitar ser aislados.
“Es una culpa compartida tanto del privado que no dice que se siente mal, pero también de los policías, porque hemos visto cómo hay compañeros que están hasta temblando de la fiebre y los oficiales se hacen de la vista gorda, con tal de no trasladarlo. Y, muchacha, eso es una bomba de tiempo que nos va a reventar en la cara a todos”.
Contacto diario sin protección
El miedo y riesgo al contagio se incrementa debido a que el Ministerio de Justicia no facilita mascarillas ni caretas a los policías penitenciarios. Tampoco le da a los reos.
Según dijo un recluso, los únicos que tienen acceso a ese equipo de protección son los privados que realizan algún tipo de trabajo a lo interno. El resto “debemos ver cómo hacemos para cuidarnos, porque cuando conseguimos una, es la misma que usamos por días”, detalló.
Esa situación los alarma, puesto que es la única manera que tienen para combatir la covid-19, puesto que el distanciamiento social es imposible hasta cuando se bañan por la sobrepoblación que hay en las cárceles. “Uno sale positivo y todos vamos detrás de él”, agregó ese mismo reo.
Los oficiales, por su parte, deben incurrir en ese gasto para poder protegerse y “el ministerio, aunque es nuestro patrono y debería darnos eso, no nos reconoce nada de eso”.
Agregó: “Hay algunas cárceles en las que sí les dan mascarillas a algunos oficiales, pero aquí en San Sebastián todos hemos tenido que comprarlas, por ejemplo”. Hasta rifas han tenido que hacer algunos para poder costearlas.
Situación similar ocurre con el jabón para lavarse las manos y el alcohol en gel. El primero se logra encontrar algunos días, mientras que del segundo del todo no hay.
Un policía del Centro de Atención Integral (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí de Limón, aseguró que eso les preocupa por el simple hecho de que el contacto diario entre ellos no se puede cesar y que eso, aunado al nulo distanciamiento físico, hacen que el riesgo de contagio sea altísimo.
Otro oficial del centro penal de San Sebastián lo ejemplificó: “Nosotros tenemos que hacer recuentos a diario de los reclusos. Eso implica meternos a los dormitorios, sacarlos, contarlos y volverlos a meter. Son cerca de 120 personas por pabellón.
“En ese trabajo nos relacionamos y, si no tenemos cosas básicas para por lo menos asearnos, ¿cómo lo prevenimos?”, razonó.
El trabajo sigue aunque hay menos personal
El nuevo coronavirus ha sido también un reto en un tema de personal y de su atención.
Según explicaron unos policías, el hecho de que compañeros se enfermen con el virus genera una incapacidad y sus ausencias no son sustituidas por nadie más. Es decir, los que quedan en guardia deben cumplir no solo con su trabajo, sino con el que hacía el otro.
“La dinámica es la misma con o sin covid-19. Se hacen los recuentos dos veces al día, los cierres de las celdas igual, se hace la repartición de los alimentos, se hacen salidas a los hospitales. No se paraliza nada ni se minimiza, no se puede.
“Lo que ocurre es que si no hay gente, es cuando comienzan a existir los huecos y empezamos a hacer horas extras a nuestro turno, cuyo pago o devolución de tiempo no se ve. Uno lo hace por un tema de responsabilidad, pero es sumamente agotador, sobre todo por la población que atendemos”, dijo un oficial, cuya antigüedad laboral es de más de una década.
Hay escuadras policiales que han tenido que trabajar hasta tres semanas seguidas en algunos centros penales, como la Luis Paulino Mora o la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos, ambas en Alajuela.
Mientras que en San Sebastián, por ejemplo, la semana pasada hubo una faltante de 30 policías, quienes se reportaron enfermos. Eso significó que varios puestos de seguridad quedaran descubiertos y que la vigilancia de cada módulo estuviera a cargo de un solo policía, cuando lo recomendado es un mínimo de dos.
Además, hubo salidas a hospitales y eso implica que, por reglamento, dos custodios tengan que acompañar al recluso.
“Ante esa situación sé que pidieron auxilio a la Dirección de la Policía, pero la respuesta fue que todos los centros estaban igual y que hiciéramos lo que podíamos”, recordó el policía.
Justo ese mismo faltante de personal policial desencadena que, por ejemplo, los oficiales que mantuvieron contacto directo con algún compañero positivo con covid-19 no sean remitidos al hospital, salvo que tengan síntomas importantes.
“Al que sale positivo lo incapacitan, a los que tuvimos contacto con esa persona no. Seguimos trabajando hasta que nos sintamos mal, sin tan siquiera la realización de una prueba. La ley es que, mientras se sienta bien, siga laborando y eso, a la larga, será contraproducente”, lamentó.