Es decir, hay 24 médicos para una población penal que sobrepasa los 16.000 reclusos. El equivalente a un médico por cada 666 internos. Eso obligó, por ejemplo, a que en la Clínica La Reforma, el director pidiera abrir ese consultorio por al menos 12 horas diarias todos los días.

Dicho escenario causa alarma en la Defensoría de los Habitantes, sobre todo en un momento en el cual el mundo se enfrenta a la pandemia por el nuevo coronavirus.

En el oficio DH-CV-246-2020, firmado el 23 de abril pasado, la defensora Catalina Crespo indica que, a raíz del caso del policía penitenciario que dio positivo con el covid-19, se deben “extremar” las medidas de fortalecimiento y acompañamiento de los equipos de atención de la salud en los centros.

Sobre todo porque “la realidad de las cárceles en nuestro país implica, en algunos supuestos, una atención unipersonal en salud para toda la población penitenciaria, lo que limita notablemente los procesos de prevención, diagnóstico y atención oportuna que se están requiriendo para la atención de la pandemia, si se analiza que el mismo personal debe de atender a la población privada de libertad con enfermedades crónicas o cualquier otra situación de naturaleza súbita".

Por eso, Crespo indicó que era “preponderante y necesario” que se apoyara con recurso humano esta área médica de Justicia, para dar un “mejor abordaje” a lo interno del sistema penitenciario.

No obstante, reconoció, Justicia no cuenta con las posibilidades de agregar personal, por lo que: “Es indispensable que se cuente con una estrategia de intervención, mediante la cual y con una visión integral de país, –no segregada por instituciones– se pueda disponer de personal de salud y personal de apoyo requerido, para la atención de una situación de emergencia sanitaria como la que enfrenta nuestro país”.

Por su parte, la oficina de prensa de Justicia indicó que, debido a “nuevas contrataciones y reposición de plazas de personal médico que se pensionó, el Ministerio cuenta con 30 profesionales en Medicina”. Sin embargo, no detalló si se trata de doctores, enfermeros o qué tipo de profesionales.

Consideró, además, que se trata de una “buena cifra”.

“El Ministerio cuenta con el personal de salud de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias”, apuntó.

Recordó que existe una combinación entre los servicios que brinda Justicia con los que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); sin embargo, debido a la crisis por el covid-19, las salidas a los hospitales públicos están limitadas a única y exclusivamente emergencias.

Es decir, la atención médica, en este momento, recae completamente en los funcionarios de Salud del ministerio. Eso sí, los servicios que se brindan por parte de la cartera, agregó, son de atención primaria.

Pese a todo, aseguró que, aunque la demanda de atención médica de reos es “siempre creciente, se procura dar cobertura a las necesidades básicas y siempre se están buscando oportunidades de mejora".

Viviana Boza, viceministra de esa cartera, expuso en una respuesta a un hábeas corpus que interpuso un preso a principios de abril, que la atención médica se da “de manera continua y oportuna, sin presentarse ningún problema especial a nivel de salud".

Se intentó obtener un criterio más reciente de Justicia, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

También se consultó a los juzgados de Ejecución de la Pena como a la Defensa Pública sobre esta faltante de recurso médico, pero indicaron que no podían referirse por tratarse de un tema resorte del Ministerio.

Hasta este momento, solo un oficial penitenciario resultó positivo con el nuevo coronavirus, lo cual obligó a aislar por 14 días a la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos. Ningún otro funcionario ni ningún reo presentaron síntomas, lo que permitió que ese centro saliera del confinamiento la semana pasada.

En el resto del sistema penitenciario, no hay reporte ni de casos confirmados, ni sospechosos de covid-19.

Funcionamiento del área médica en cárceles

Ante la pandemia por el covid-19, se le pidió a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia un listado de los funcionarios que trabajan en el área médica.

Sobre eso, indicó que, en total, en todo el sistema penitenciario hay 78 trabajadores, entre los cuales están: 24 doctores, 26 enfermeros, tres auxiliares de enfermería, nueve odontólogos, cinco asistentes dentales, seis técnicos de emergencias, tres farmacéuticos y dos nutricionistas.

Además, hay nueve secretarias distribuidas en las distintas prisiones.

En cuanto a la forma de laborar, se limitaron a decir que en la Clínica La Reforma se trabaja de 7 a. m. a 4 p. m. En ese horario está “la mayoría del personal de salud”, dijeron, sin dar más detalles.

Añadieron que, en horario de 3 p. m. a 10 p. m., en ese consultorio se encuentran un médico, un enfermero, un farmacéutico y un técnico en farmacia.

Mientras que, en el resto de los centros, los funcionarios de Salud trabajan de 8 a. m. a 4 p. m.

Pese a que se hizo la consulta, no se detalló si estos horarios son de lunes a domingo o, si bien, solo son entre semana. Solo enfatizaron en que “para la atención de la población privada de libertad también se cuenta con el apoyo de los servicios que ofrece la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social)”.

En una respuesta que brindó el Ministerio de Justicia al recurso de habeas corpus antes citado, se lee que el doctor Adín Largo, director médico de la clínica La Reforma, indicó que el horario de atención de ese consultorio es de lunes a viernes de 7 a. m. a 2 p. m. y los fines de semana de 7 a. m. a 3 p. m.

Largo agregó que es necesario ampliar la atención en ese consultorio por al menos 12 horas diarias todos los días, para así “intensificar la búsqueda activa” de casos sospechosos de covid-19, según se lee en el oficio CLR-0751-2020, del 25 de marzo.