Por ser considerado un servicio esencial, los policías penitenciarios deben seguir cumpliendo con su trabajo de forma presencial en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.
En esta grave situación sanitaria, y mientras el país enfrenta el pico más alto de contagios, esta población trabaja sin las mínimas condiciones de protección personal.
Un grupo de estos trabajadores, que hablaron con La Nación a cambio de que no se publiquen sus nombres, denunciaron con preocupación y molestia que el Ministerio de Justicia no les ha facilitado ni mascarillas ni caretas para protegerse, pese a que ya hay cinco reos y dos policías confirmados con esta enfermedad.
Ese despacho, por su parte, reconoció desde el 2 de julio anterior que para las labores dentro de las prisiones “no está previsto, de momento, el uso de equipo de este tipo, sino más bien la aplicación obligatoria de los protocolos sanitarios (tos, estornudo, lavado de manos), como se ha venido haciendo desde marzo”.
Los trabajadores más bien denunciaron que Justicia los invitó a adquirir esos equipos de protección por sus propios medios, pese a que es obligación del patrono facilitarlas.
Aunado a eso, a criterio de ellos, no existe manera de mantener el distanciamiento social por dos razones: la primera, las labores propias de sus cargos hacen que estén en contacto directo y constante con los reclusos; la segunda, el hacinamiento que aqueja al sistema penitenciario desde hace años disminuye la posibilidad de guardar distancia.
En síntesis, se sienten desprotegidos frente a la enfermedad.
Justicia, ante consultas de este medio, especificó que el equipo de protección provisto por la entidad está previsto “únicamente” para el personal de salud y para los policías que atienden al público en los puestos de entrada de las diferentes cárceles.
Eso sí, debido a que reconocen la importancia de que todos sus trabajadores estén protegidos y cuenten con el equipo necesario, Justicia mencionó que está trabajando en varias vías para conseguir los implementos, pues en total necesitan 6.000 unidades.
La primera de esas vías es una licitación para comprar cubre bocas reutilizables para adulto, las cuales serían destinadas al área de Salud del sistema penitenciario.
No especificó cuántas unidades se compraría, solo indicó que esto significaría una inversión de ¢1.646.250.
En paralelo, la cartera está en busca de más donaciones para poder dotar de estos equipos a todos los funcionarios de la institución, que incluyen tanto los técnicos, como administrativos y policiales.
Entre esta labor está el hacer una solicitud a la CNE (Comisión Nacional de Emergencias) de una donación de caretas, mascarillas y guantes.
“A la fecha, se han recibido donaciones de caretas, cubrebocas y guantes por parte de instituciones como el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la misma CNE.
“Las donaciones fueron entregadas al personal de salud y éste lo ha distribuido a oficiales penitenciarios de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo, a los que realizan traslados de privados de libertad”.
Por su parte, el Mecanismo de Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes, señaló que, pese a desconocer de este señalamiento en particular, en dos visitas hechas a cárceles detectó que hay oficiales que sí portan mascarillas y otros que no, “por lo cual no es una práctica generalizada”.
Esa situación, según el MNPT, debe controlarse sobre todo ahora que hay oficiales penitenciarios que deben custodiar a privados de libertad con covid-19.
“En esos casos específicos se debe ejercer un control para que los funcionarios de la policía penitenciaria cumplan con los protocolos sanitarios establecidos”, apuntó Róger Víquez, director del Mecanismo.
Recalcó, eso sí, que en esas visitas observaron que la administración colocó pilas con jabón para el lavado de manos en las entradas y salidas de los ámbitos.
Casos positivos
Hasta el martes 7 de julio, Justicia contabilizaba dos oficiales penitenciarios contagiados por nuevo coronavirus.
Uno de ellos pertenece a la cárcel Carlos Luis Fallas, en Pococí, y se presume que se contagió debido a que tuvo contacto con un reo enfermo.
El otro oficial con covid-19 trabaja en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela. No se detalló en cuál cárcel labora, ni se mencionó si se conoce cómo se contagió.
A mediados de abril se dio a conocer el primer policía que se había contagiado con esta enfermedad. Labora en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos. Después de su confinamiento, se recuperó satisfactoriamente.
Justicia también reporta funcionarios administrativos con covid-19: dos de oficinas centrales y otro del centro penal Jorge Arturo Montero Castro, en Alajuela.
Por el lado de los reclusos, hasta este martes se tenían cinco casos activos: dos en el complejo La Reforma; tres en la cárcel de Pococí.
Los dos presos que están en Alajuela fueron nuevos ingresos que venían de celdas judiciales y que, estando allí, les diagnosticaron la enfermedad. Por ello, Justicia, acotó, conocían de previo las situaciones y tomaron las medidas necesarias para contenerlos.
En el caso de los privados de libertad, se mantienen en aislamiento individual por al menos 18 días, o hasta que estén libres de la enfermedad.