La Corte Plena rechazó este lunes, por unanimidad, una queja del diputado Pedro Muñoz contra los magistrados de la Sala IV, por los atrasos en el trámite de una acción de inconstitucionalidad presentada en abril del 2017.

La decisión se adoptó durante una sesión privada, en la cual estuvieron ausentes los magistrados de la Sala Constitucional, incluido el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.

El asunto tiene que ver con una queja presentada por el legislador del Partido Social Cristiana (PUSC) por el retraso en el trámite de una acción de inconstitucionalidad presentada contra el indice gerencial, un privilegio que, entre el 2008 y el 2010, incrementó hasta en un 96% los salarios de la denominada clase gerencial de la Corte.

Este lunes los magistrados escucharon un descargo del cuestionamiento, el cual fue expuesto por Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional. Posteriormente, la resolución de la Corte fue unánime.

El 17 de diciembre pasado la Corte Plena también había descartado abrir una investigación disciplinaria contra Fernando Cruz, para determinar si él allanó el camino para que la fiscala Berenice Smith pudiera pensionarse como funcionaria judicial. Eso también ante queja de Pedro Muñoz.

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Respaldo a Jesús Ramírez

Los magistrados dieron este lunes un respaldo a Jesús Ramírez para que siga como presidente de la Sala Tercera.

Lo anterior porque, durante la sesión, se rechazó una gestión de diversos gremios judiciales que estaban opuestos a la designación de Ramírez como jerarca de dicha sala.

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La escogencia del presidente lo hicieron el pasado 13 de enero los cinco magistrados de Sala Penal de manera unánime y el mismo día fue ratificado por la Corte Plena. Los gremios pretendían que se anulara el nombramiento, pues Jesús Ramírez fue sancionado por desestimar una causa judicial contra dos diputados.

Álvaro Burgos, integrante de la Sala Tercera, dijo que el nombramiento de Ramírez se hizo como reconocimiento a la labor realizada durante el año y tres meses en que ejerció ese puesto de manera interina.

Donación del edificio

Paralelamente, la Corte también tomó la decisión de donar el antiguo edificio de los Tribunales de Justicia de Osa a la Municipalidad de ese lugar.

El inmueble, cuya construcción comenzó en 1994, resultó muy afectado con el paso de la tormenta Nate en octubre del 2017, cuando el local fue totalmente anegado, debido a que el nivel del agua subió dos metros de altura.

Pese a que se tomaron previsiones para dejar en un lugar alto los expedientes y equipos, estos fueron alcanzados por el líquido, lo que obligó a reconstruir muchos documentos.

Debido a ese hecho, el Poder Judicial tomó la decisión de construir un inmueble en otra zona donde no fuera afectada por las inundaciones y el 5 de abril del año pasado se inauguró el nuevo edificio de los tribunales.

Según el acuerdo tomando por los magistrados este lunes, para concretar la donación se debe crear una proyecto de ley, que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

La determinación de donarlo a la Municipalidad de Osa se adoptó como una forma de retribuir al ayuntamiento, pues fue ese ente el que hizo entrega de forma gratuita del terreno para las nuevas instalaciones judiciales.

El viejo edificio judicial consta de dos pisos y un área de construcción de 874 metros cuadrados. En los últimos meses, según dijo la presidenta en ejercicio de la Corte, Patricia Solano, es objeto de daños pues muchos indigentes ingresar para desmantelarlo. “El local solo genera gastos al Poder Judicial”, dijo la magistrada.