Corte rechaza hacer pública la votación para escoger candidatos a magistrados suplentes

La Corte Plena decidió el pasado 8 de febrero mantener la votación secreta cuando se escojan los candidatos a ocupar el cargo de magistrado suplente.

La medida contó con el respaldo de 15 altos jueces. Solo seis sugirieron que la votación fuera pública y uno propuso que se busque eliminar de la Constitución Política que esas nóminas salgan del Poder Judicial.

La disposición de rechazar hacer público por quién votó cada magistrado se adoptó cuando la Corte aprobó un reglamento que se llama Lineamientos para efectuar nombramientos en el cargo de personas magistradas suplentes de las salas de la Corte Suprema de Justicia.

Desde la sesión del 1.° de febrero los magistrados Julia Varela Araya (Sala Segunda) y Hubert Fernández Argüello (suplente de la Sala Primera) insistieron en que debía incluirse un artículo, en el cual se dijera que la votación en Corte para escoger los nombres debía ser pública y no secreta.

La gestión la fundamentaron en el principio de publicidad y transparencia, que afirmaron debe prevalecer en las instituciones públicas.

Sin embargo, un total de 15 magistrados no avaló ese criterio y estimó que ese tema merece una discusión amplia y que ello podrá hacerse cuando la Corte Plena analice el informe de un grupo de trabajo, denominado Grupo 1, que fue creado en el 2017, en el cual se proponen una serie de cambios para la elección y nombramiento de los magistrados tanto propietarios como suplentes.

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La Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regulan el funcionamiento del Poder Judicial disponen que sólo serán privadas las votaciones para elegir el presidente y vicepresidente de la Corte, la elección de jueces y los asuntos disciplinarios.

En el documento aprobado en febrero no se menciona que la votación debe ser privada, pero, por costumbre, así lo dijeron varios magistrados, se mantendrá la votación secreta como se ha hecho en anterior ocasiones.

La nómina con los candidatos se envía a la Asamblea Legislativa para que los diputados realicen los nombramientos.

Transparencia y vida privada

El tema de las votaciones secretas salió a relucir el 8 de febrero anterior cuando se discutían cuáles serán los parámetros para la elección de magistrados suplentes. El asunto tenía varios meses de análisis pues los magistrados estimaban que era necesario unificar los requisitos para la escogencia, pues antes, cada sala tenía sus propios lineamientos.

La sugerencia de incluir la votación pública la hicieron desde el 1.° de febrero el suplente Hubert Fernández Argüello (no estuvo en la sesión del 8 de febrero) y Julia Varela.

Luis Fernando Salazar Alvarado magistrado de la Sala IV y uno de los redactores de los lineamientos, explicó a los compañeros que en ese aspecto “lo único que estamos estableciendo, porque no lo dice la ley, es que será pública la entrevista, pero la designación por costumbre de esta Corte, no ha sido de manera pública (...).

“Eso lo podemos ver cuando el magistrado (Luis Guillermo) Rivas nos traiga a esta Corte las propuestas del Grupo N°1 que tiene que ver con los requisitos para ser magistrados”.

Fernando Cruz dijo: “Me parece que la designación (...) debiera ser pública, con la excepción de los datos que en algún momento haya que discutir que sean sensibles al conocimiento de terceros, pero nada más eso”.

Asimismo, Julia Varela insistió en la necesidad de hacer pública la votación. “Me parece que es una buena oportunidad de demostrar con hechos, acciones y acuerdos de esta Corte, el tema de la transparencia. Es muy oportuno (...) es una buena muestra de esta Corte de ir perfilándose para demostrar con hechos y con decisiones, la transparencia”.

Igualmente el magistrado Paul Rueda criticó las votaciones secretas. “En este tema (...) el de publicidad, (...) este reglamento nos está indicando específicamente, que se está basando en una costumbre, pues este tipo de elecciones tienen que ser absolutamente públicas. Bien lo ha dicho la Sala Constitucional, en materia de publicidad la regla es la publicidad y la excepción es el secretismo”.

La Corte Plena aprobó los lineamientos para nombrar a los magistrados suplentes en una votación secreta con el apoyo de Luis Guillermo Rivas, Iris Rocío Rojas, Damaris Vargas, Orlando Aguirre, Porfirio Sánchez, Jorge Olaso, Roxana Chacón, Jesús Ramírez, Patricia Solano, Gerardo Rubén Alfaro, Sandra Zúñiga, Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya y Anamari Garro.

En cambio Fernando Cruz, Julia Varela, Paul Rueda Leal, Román Solís Zelaya, William Molinari Vílchez y Nancy Hernández López, pidieron que se incluyera que la votación fuera pública.

En unas sí, en otra no

El 8 de febrero no fue la primera vez que el tema de las votaciones secretas causa discrepancias en Corte Plena. La razón es que existe duda sobre cuándo las votaciones deben ser secretas o públicas.

Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte, al ser consultado manifestó: “Yo tengo la impresión que eso (votaciones secretas) es una tradición. Me parece que eso es lo que ha pasado, por tradición de que sea así”.

En su criterio, eso surgió cuando se interpretó que como la elección de jueces debe ser secreta, se determinó que otras escogencias como la de magistrados suplentes también serían secretas, pues se dio un calificativo de jueces a los suplentes.

“El tema de los magistrados suplentes tiene muchas cosas que podrían ser de reforma constitucional, pero me parece que nosotros deberíamos tener al interior un mayor fortalecimiento de esa transparencia, porque no hay motivos operativos como para no hacerlo públicos (la votación)”, añadió Cruz.

Hay que citar que, por costumbre, la Corte venía designando en votaciones secretas al Fiscal General, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública. Igual medida se toma cuando designan magistrados (titulares y suplentes) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por ejemplo, el 23 de noviembre del 2015 cuando escogieron a Wálter Espinoza como director de la Policía Judicial, se hizo con votación secreta. Espinoza recibió el apoyo de 12 magistrados y en el acta no se menciona el nombre de los magistrados que lo respaldaron.

Sin embargo, cuando el 12 de marzo del 2018 escogieron a Emilia Navas Aparicio como nueva Fiscala General de la República, para sustituir a Jorge Chavarría Guzmán, en una sesión privada y luego de más de una hora de discusiones decidieron con el voto de 18 magistrados variar el sistema, y que la votación para elegir al fiscal fuera pública.

La proponente de la idea fue Julia Varela Araya que en aquel momento manifestó: “Solicito a esta Corte que hagamos la votación de forma pública, que se pueda conocer cuál es la decisión de cada quién”. La sugerencia de Varela la respaldaron 18 compañeros. Cuatro magistrados se inclinaron porque fuera secreta.

Minutos después, en votación pública, se elegía a Emilia Navas de manera unánime, con el apoyo de los 22 magistrados. Los otros dos candidatos al cargo no obtuvieron votos.

Más recientemente, el 25 de agosto del 2020, cuando se nombró como nuevo jefe de la Defensa Pública a Juan Carlos Pérez Murillo, se hizo en votación pública. Pérez recibió el apoyo de 11 magistrados cuyos nombres constan en el acta de ese día.

En cambio, la misma Corte Plena, el 15 de febrero pasado cuando reeligió a Max Esquivel Faerron como magistrado del Tribunal Supremo de Elección (TSE) lo hizo en votación secreta. En el Código Electoral no hay ninguna norma que señale que la votación debe ser de esa manera.

Julia Varela, en esa oportunidad mocionó para que el voto fuera público. Ella acudió al principio de transparencia que debe privar en el Poder Judicial, pero su idea no fue aceptada. Al final, Esquivel obtuvo el respaldo de los 21 magistrados presentes en la sesión.

El 23 de febrero anterior, la Corte en otra votación secreta reeligió por seis años como magistrado suplente del TSE a Luis Diego Brenes Villalobos, pese a que 12 altos jueces votaron porque no continuará en el cargo.

A Brenes lo respaldaron sólo ocho magistrados. El artículo 13 del Código Electoral establece que se necesitaban 15 votos en la Corte Plena para que un magistrado titular o suplente no sea reelecto en el cargo.