‘Conocía cada movimiento, no podía comprar ningún bien sin su autorización’, dijo abogado sobre acusado de asesinar a María Tacsan
Familia solicita ¢100 millones por daños físicos y emocionales como depresión, ansiedad y otros padecimientos derivados del asesinato de Tacsan. Defensa alegó que en un Ipad de la víctima se encontró una carta de suicidio.
16/01/2023, Heredia, Tribunales de Justicia, inicia el juicio por el femicidio de María Tacsan en los tribunales de justicia de Heredia. Jose Cordero
El médico Carlos Andrés Pérez Hernández, acusado del feminicidio María del Carmen Tacsan Ulate, controlaba la ubicación del celular de su esposa, cada uno de los movimientos de la víctima, a quién frecuentaba y en qué gastaba el dinero, a tal punto que ‘no podía comprar ningún bien o prenda sin la autorización de Pérez’.
Estos detalles constan en la acusación leída este lunes por el Ministerio Público y en la exposición del abogado de la familia de la afectada, durante el arranque del juicio que se sigue contra Pérez en la sala número tres del Tribunal Penal de Heredia.
El crimen ocurrió el 19 de setiembre de 2020 en la casa donde el matrimonio habitaba en San Rafael de Heredia. Ese día, Pérez Hernández habría suministrado lidocaína a Tacsan, para luego dispararle en el cielo de la boca y terminar el crimen con un arma punzocortante que le causó 48 heridas en piernas y abdomen.
“Pérez le dio muerte a Tacsan Ulate simulando suicidio para eludir su responsabilidad. Como médico especialista le suministró lidocaína sustancia que provocó que la víctima no tuviera sus capacidades y habilidades neurológicas como para utilizar un arma de fuego o arma blanca”, dijo la fiscala Patricia Núñez.
Luego de la muerte, el acusado llamó al 911 alegando que la mujer se disparó en la cabeza por una infidelidad suya. Además, de que en ese momento tomaba medicamentos ansiolíticos y llevaba un tratamiento psicológico y psiquiátrico.
El debate por el feminicidio de María del Carmen Tacsan arrancó este lunes, el tribunal está conformado por los jueces Siany Mata, Juan Carlos Morales y Guillermo Ampié. En la foto: Los abogados Antonio Ortega y Olman Ulate que representan a la madre, y una hermana de la víctima. (Jose Cordero)
Daño físico y emocional
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La familia Tacsan Ulate, representada por los abogados Olman Ulate Calderón y Antonio Ortega Vindas, sostuvo la misma acusación y añadió que los parientes solicitaron una acción civil de ¢100 millones por los daños y perjuicios causados por el crimen de su hija y hermana.
Según Ortega, la salud de la hermana de María del Carmen se vio muy afectada por los hechos dolosos. Explicó que la mujer, días antes del crimen de su hermana, se había sometido a una cirugía y posteriormente requirió tres más porque sus heridas no cicatrizaban. “Sufría de ansiedad, porque el imputado conocía su casa, oficina, carro y temía que le hiciera daño. Tuvo que cambiar de trabajo dejando 14 años de estabilidad. Quedó con un dolor en el seno izquierdo y no puede acostarse de ese lado”, explicó.
Por su parte, la madre de la víctima expresó, por medio del jurista, que el fallecimiento de su hija le provocó depresión y desánimo, un descuido en su apariencia física, no se tiñe el pelo como solía hacerlo y no usa perfume. La adulta mayor dependía económicamente de su hija y no ha podido continuar con su control de salud porque sus otros hijos no pueden ayudarle como lo hacía ella.
“La muerte viene precedida de violencia física y control digital. El detonante del camino al crimen fue posiblemente que ella le dijo que el matrimonio iba a terminarse. Pérez procuró un manejo de escena para hacer creer que era un suicidio a causa de un estado depresivo por la infidelidad”, aseveró Ulate.
“Tenía una concentración de 9,5 de lidocaína. Era una persona a la que se le cegó la vida y se quiso tomar a las autoridades judiciales por el pelo. Se dio manipulación de dispositivos tecnológicos, haciendo parecer a la persona fallecida como viva”, añadió.
Crítica a la Fiscalía
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El defensor de Pérez, José Miguel Villalobos Umaña, criticó la investigación del Ministerio Público, alegó que las pesquisas no fueron ‘exahustivas y que no se investigaron todas las líneas para que se encontrara la verdad’.
Como ejemplo, Villalobos externó que la Fiscalía afirmó que uno de los testigos que alquilaba uno de los locales abajo de la casa de la pareja había muerto; sin embargo, esa persona está viva e incluso va a declarar en el debate.
“Vamos a demostrar que (María del Carmen) no murió entre 8 a. m. y 10:36 a. m. porque había comunicaciones por WhatsApp desde el celular y el iPad de la afectada con el imputado”, sostuvo Villalobos.
“Además, se encontró una carta suicida escrita a las 12:02 p. m. en el Ipad (...). El acusado volvió a la casa a las 6 p. m. y había salido desde las 10:36 a. m. En el tiempo que él no estuvo y que aparentemente estaba fallecida, hubo una llamada telefónica a las 11:37 a. m. de Tacsan a sus papás que duró ocho minutos con dieciséis segundos. También se registró una segunda llamada de 56 segundos a las 11:56 a. m.”, enfatizó.
El defensor concluyó con que a su cliente se le detuvo tras una información suministrada por el departamento forense, que indicaba que el cuerpo de la fallecida presentaba una fractura del hueso hioides.
No obstante, según el jurista, menos de un mes después la autopsia reveló que el hueso no estaba fracturado y aún así su cliente siguió en la cárcel por seis meses más, hasta el cambio de medida en setiembre de 2021 a tobillera electrónica hasta la actualidad que se mantiene en libertad.
Se prevé que el juicio se extienda hasta el próximo 24 de marzo en el Tribunal Penal de Heredia y contará con la presencia de 31 testigos de todas las partes involucradas.
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