Colegiala de Chacarita perdió la visión de un ojo porque compañero le lanzó cloro

El grave incidente ocurrió el pasado 7 de junio, cuando un grupo de colegiales fueron víctimas de una agresión mientras viajaban de regreso a casa en un autobús. Un alumno de la misma institución, que se encontraba en otra unidad, les lanzó cloro por la ventana.

Como resultado de ese incidente, la adolescente resultó ser la más afectada. Un oftalmólogo del Hospital Monseñor Sanabria confirmó la pérdida de la visión después de que la joven le dijera a su madre que no podía ver bien.

“El doctor me dijo que debo acostumbrarme a vivir con un solo ojo porque me afectó internamente (...) Por la mañana, el mismo día, a los de sétimo les lanzaron piedras y después nos lanzaron cloro a nosotros, los de noveno. Fui la más afectada, hubo varios afectados, pero ya están bien”, relató la joven al medio digital Noti Puerto sin Pelos en la Lengua.

El director de ese centro educativo, Ronny Garita Chavarría, declaró a La Nación que ya tienen identificado en un 98% al estudiante que lanzó el cloro y que mientras concluye la investigación, se le suspendió por diez días como medida cautelar.

La fatalidad ocurrió minutos después de las 11 a. m. del miércoles pasado, cuando los estudiantes ya estaban regresando a sus casas. La alumna afectada viajaba en la ruta de Fray Casiano y el supuesto infractor en la ruta de Bella Vista.

En determinado momento, durante una parada cerca de una farmacia, en Carrizal de Chacarita, los automotores se encontraron y en ese momento fue cuando el muchacho habría lanzado por una ventana el recipiente con cloro.

“Cuando nos llegó el reporte y nos avisaron, que no fue inmediatamente por parte del chofer, sino por una de las alumnas, no nos trasladamos al lugar porque ya los autobuses no estaban ahí. Posteriormente se obtuvieron las primeras declaraciones de los chicos y ya estamos investigando apegados al Reglamento de Evaluación de Aprendizajes”, explicó Garita.

Denuncia en el OIJ

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Ana Elena Pizarro, madre de la joven, declaró a este diario que interpuso una denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la agresión que sufrió su hija. Precisamente, este martes un médico forense la revisó y posteriormente le tomaron la declaración.

“Ella está por ratos deprimida, pero con la ayuda y el apoyo de la familia ha asimilado un poco la situación. Mañana (miércoles) vuelve primero Dios a clases”, señaló.

Pizarro añadió que ella y otros padres fueron al colegio después del ataque con cloro sufrido por sus hijos, pero en el centro educativo ‘no quieren revelar los nombres de los jóvenes involucrados’.

“No nos quieren decir, no sé si será por miedo o porque son menores de edad. Ya pusimos la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra la institución, porque si no quieren dar los nombres, que se hagan responsables ellos. El chofer del bus lo que nos dijo es que pusiéramos la demanda”, sostuvo.

En su defensa, en el Liceo de Chacarita señalaron que los nombres de los alumnos se omitieron porque el Código de la Niñez y Adolescencia y el Reglamento de Evaluación de Aprendizajes no les permiten darlos a conocer por tratarse de menores de edad.

Según Garita, ese mismo reglamento establece consecuencias que podrían enfrentarse en estos casos, como una suspensión del proceso educativo por 30 días, un rebajo de 45 puntos en la conducta y la pérdida indefinida del beneficio de transporte para estudiantes.

“El servicio de transportes el Ministerio de Educación Pública (MEP) lo ofrece a los estudiantes, los padres de familia hacen un contrato con un transportista y en ese contrato se deja estipulado que el colegio es el garante de verificar pólizas, licencias, revisión técnica. El MEP le deposita a la junta los pagos, pero es una acción privada del padre de familia y el transportista”, mencionó.

Se consultó al OIJ y al Ministerio Público por la denuncia de este caso, sin embargo en la oficina de prensa del OIJ indicaron que no es posible confirmar si una persona interpuso una denuncia, entretanto, en el Ministerio Público se está a la espera de la respuesta sobre si se abrió una investigación.

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Violencia en centros educativos

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En los primeros cinco meses del año, la Fiscalía Penal Juvenil abrió 1.346 expedientes por conflictos dentro de centros educativos. Si se considera que el curso lectivo comenzó el 6 de febrero, es decir, hace cuatro meses, en promedio, 336 casos mensuales ingresaron a la vía judicial.

El cantón de San José es el que contabiliza mayor número de asuntos, con 400, según un informe entregado por el Ministerio Público a solicitud de La Nación. Le siguen Cartago, con 193; Pérez Zeledón con 141; Limón, con 128 y Heredia, con 122.

Los casos de los cuales se tiene registro, involucran peleas en baños, amenazas de tiroteo e incluso uso de armas, como un estudiante de 14 años que apuñaló a otro alumno dentro del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Liberia, Guanacaste, el 11 de mayo anterior.

Los números suministrados por la Fiscalía están muy por encima de los datos del MEP, pues la Contraloría de Derechos Estudiantiles informó que en los primeros tres meses del 2023 registró 96 casos de violencia estudiantil y 56 casos de bullying o matonismo.