El 11 de mayo, un estudiante de 14 años apuñaló a otro alumno dentro del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Liberia, Guanacaste. Inmediatamente, el joven sospechoso quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.
Este joven enfrenta un proceso judicial de acuerdo con la Ley Penal Juvenil, que se aplica a la población de 12 a 17 años que comete conductas delictivas.
Según esta legislación, se imponen penas de internamiento de hasta 10 años para jóvenes de 12 a 15 años, y de hasta 15 años para adolescentes mayores de 15 y menores de 18.
La situación registrada en Liberia está entre las más graves que han trascendido en 2023, pero los casos son muchos, no decenas, sino centenares.
Peleas, agresiones, uso de armas... Solo en los primeros cinco meses del año, la Fiscalía Penal Juvenil ha abierto 1.346 expedientes por conflictos registrados dentro de centros educativos.
Si se considera que el curso lectivo comenzó el 6 de febrero, es decir, hace cuatro meses, esto implica que, en promedio, 336 casos mensuales han ingresado a la vía judicial.
El cantón de San José es el que registra mayor número de asuntos, con 400, según el informe entregado por el Ministerio Público a solicitud de La Nación. Le siguen Cartago, con 193; Pérez Zeledón con 141; Limón, con 128 y Heredia, con 122.
Alajuela suma 86, entre estos, el de un estudiante del Instituto de Alajuela, quien fue amenazado con un arma punzocortante por otro alumno, en un baño de hombres del colegio. Los padres presentaron la denuncia “para proteger el bien superior” del menor.
En ese centro, los baños parecieran ser el principal escenario de agresiones, pues aprovechan que los profesores tienen prohibido ingresar a esos espacios.
El 21 de abril, dos alumnas se enfrentaron dentro de uno de los baños, incidente que fue grabado por otras. El video llegó a las redes sociales y evidencia los fuertes golpes que se propinaron; una de ellas pega la cabeza contra una puerta de metal y cae al suelo, sin que la otra estudiante detenga el ataque.
Dentro del registro de casos de violencia, Nicoya tiene 59; Liberia, 44; Pococí, 38; San Ramón, 34; San Carlos, 28; Quepos, 23; Corredores, 20; y Turrialba,17.
En Puntarenas, con 13 hechos, ocurrió uno de los más graves del año. Aquí, un alumno de décimo del Liceo José Martí fue baleado por un compañero de generación en los alrededores de la institución, mientras estaba en su hora de almuerzo. Ocurrió el 21 de marzo y al día siguiente fueron detenidos dos jóvenes, de 15 y 17 años, como presuntos responsables.
Estos números suministrados por la Fiscalía están muy por encima de los datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), pues la Contraloría de Derechos Estudiantiles informó que en los primeros tres meses registró 96 casos de violencia estudiantil y 56 casos de bullying o matonismo.
‘Llevarles un mensaje de paz’
Para el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, de la Sala de Casación Penal, el hecho de que existan más de 1.000 expedientes judiciales vinculados con agresión entre estudiantes tiene que preocupar a la población, pues las escuelas y los colegios deberían ser ámbitos donde los muchachos se sientan protegidos y donde reciban un proceso de enseñanza y aprendizaje.
Según el alto juez, el Poder Judicial trabaja “hombro a hombro” con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para que los menores, desde primaria, sepan resolver mejor los conflictos y eviten la violencia.
“Pero más que eso, necesitamos trabajar todos los días en las aulas con los muchachos y muchachas para que ellos puedan interiorizar que los conflictos se resuelven de manera pacífica”, afirmó.
En ese intento, a finales de mayo, funcionarios judiciales iniciaron una campaña dirigida a “fomentar una cultura de paz y recordar a los menores de edad sus derechos, obligaciones y eventuales sanciones contenidas en la legislación penal juvenil de Costa Rica”. Comenzaron con 14 colegios de Santa Cruz, Guanacaste.
Alfaro insistió en que se le debe hablar a los adolescentes de manera distinta, pues los adultos no pueden esperar que actúen como sus iguales.
“El problema que tenemos los adultos es que nos cuesta ponernos en los zapatos de los muchachos. Entonces lo que tenemos que buscar son formas de comunicación distintas. Necesitamos visualizar una forma de comunicación que les interese a ellos, tenemos un problema de comunicación. Es importante reunirnos con los muchachos para llevarles un mensaje de paz. La violencia en los centros educativos es una realidad”, mencionó.
Por lo visto este año pareciera que se agudizó la situación detectada en 2022, cuando los estudiantes regresaron a clases presenciales después de dos años de estar a distancia, muy inestables emocionalmente por las secuelas de la pandemia de covid-19.
Entonces, se reportaron en los primeros tres meses de clases 329 hechos atendidos por la Fiscalía Penal Juvenil.
‘Encontrar un equilibrio’
Los efectos de la crisis sanitaria siguen presentes. Ese es el criterio de Dalyana Vargas Acosta, psicóloga de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños (HNN).
“La mayoría de estos chicos que hemos visto con violencia escolar tienen entre 13 y 16 años, y esto coincidió con una etapa de transición de la infancia a la adolescencia, cuando se empezaron a dar todos estos cambios sociales. Percibo que hubo una dificultad de los chicos en las habilidades sociales e interacción”, manifestó Vargas.
La psicóloga insistió en que, estas edades, especialmente la transición de escuela a colegio, son muy importantes, ya que es cuando se construye la autoestima, la identidad y el aprendizaje de adaptar la conducta a diversos contextos sociales.
Por eso, advirtió, los adultos deben observar “pequeños cambios sutiles” en los jóvenes, como problemas con la interacción social, mayor timidez, mayor retraimiento, cambios en la alimentación o patrones de sueño.
“Tenemos que encontrar un equilibrio, porque el adolescente muchas veces exige un espacio de intimidad, pero debemos diferenciar entre eso y que no sea una forma de ocultar temores o inseguridades. Como padres, debemos ser muy observadores de cómo se desenvuelven a nivel social”, expresó la psicóloga.
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Igualmente, señaló la especialista, hay que prestar atención a los agresores, ya que su comportamiento está desencadenado por alguna situación específica.
“Yo percibo que en las instituciones hace mucha falta delimitar reglas, límites, poder reafirmar en los adolescentes que hay reglas claras de comportamiento. Creo que esto está haciendo mucha falta, consecuencias de sus actos y hay que abordar muchísimo los espacios de convivencia, reforzar las actividades recreativas”, indicó Vargas.
Otro factor que podría afectar la convivencia en las aulas es la formación o involucramiento de bandas criminales.
Delvin Rodríguez Ramírez, director regional del MEP en Liberia, confirmó que a nivel regional se emitió una circular para todos los circuitos educativos de la zona, con el propósito de fortalecer los procesos de vigilancia y definición de espacios vulnerables en cada centro educativo, para mitigar el ingreso o la conformación de bandas criminales, así como actos de violencia.
“Por lo anterior cada director de centro educativo ha logrado detectar infiltración de miembros de banda”, afirmó.
Colaboró la periodista Paula Córdoba.