En diciembre del 2021, una colegiala de 13 años fue sentenciada a cinco años de internamiento por herir con un arma blanca en la espalda a una compañera de 12 años, cuando ambas se encontraban en un aula del Colegio Técnico Profesional de Atenas, en Alajuela.
Igualmente, en febrero del 2019, un adolescente de 14 años fue sancionado con cinco años de internamiento por ser responsable de un delito de homicidio y otro de robo agravado. El crimen ocurrió meses antes durante un asalto a un supermercado. En un local comercial en Pueblo Nuevo de Limón, el menor asesinó a Adriana Wu Xuan, de 26 años, hija del dueño del establecimiento.
Estas son dos de las 1.223 sentencias dictadas contra menores de edad en un periodo de cuatro años y siete meses, entre enero del 2018 y julio del 2022, el equivalente a 22 condenas por mes. Los hechos ilícitos más comunes, en orden de frecuencia, son robo agravado, tentativa de homicidio y violación.
La mayoría de los sancionados son hombres a partir de los 12 años, edad en la que se comienza a juzgar a los menores de edad. Sin embargo, a partir de los 15 años y hasta los 17, la cifra se incrementa, según el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
El magistrado suplente de la Sala III, Rafael Segura Bonilla, explicó los delitos cometidos por los adolescentes son episódicos, es decir, no se proponen ejecutarlos, como lo hacen los adultos, para apropiarse de algo, sino que muchas veces lo hacen por tener la experiencia de cometer el acto. Sin embargo, esto no significa que no deban ser castigados o que no haya consecuencias.
“El carácter que tienen en relación con los adultos es muy diferente, especialmente en los delitos contra la propiedad. También se asocian mucho los delitos contra la propiedad con problemáticas de drogas en menores de edad, los cuales son involucrados en el tráfico o transporte de drogas, y esto va de la mano con el consumo. Para poder consumir o pagar sus deudas, se dedican a cometer estos delitos”, explicó Segura.
El abogado penalista Daniel Brenes Morales coincidió con esto y señaló que las bandas de narcotráfico reclutan a jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, ofreciéndoles estupefacientes a cambio de realizar pequeñas tareas en el mundo del crimen, como la de ser “campana”.
“Las ‘campanas’, por lo general, son jóvenes de 11 o 12 años en adelante, que avisan si llega la Policía o si notan movimientos extraños. A cambio, reciben respaldo de la banda y droga gratuita. Tratan de involucrarlos en el mundo de las drogas, y a medida que pasa el tiempo, van ascendiendo en la jerarquía hasta convertirse en sicarios”, pues desarrollan poca empatía con las víctimas, indicó el jurista.
El aumento en la criminalidad del país y la ola de homicidios, que este año ya supera en más de 100 víctimas las del mismo periodo del 2022, están asociados al crecimiento del crimen organizado. Estas bandas reclutan a cientos de jóvenes, muchos menores de edad, a quienes venden ideas de empoderamiento y de que la organización es una familia.
En declaraciones dadas en abril pasado, el entonces el viceministro de Seguridad Pública, Daniel Calderón, lamentó que en muchos casos de homicidio, tanto las víctimas como los victimarios son jóvenes, a partir de los 15 años. “Basta ver el perfil de las personas que fallecen y el perfil de las personas que están implicadas como sicarios. Estamos hablando de jóvenes en más del 40% de los casos”, manifestó.
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Experimentación
La violación fue el tercer delito por el que se sancionó con mayor frecuencia a menores de edad en los últimos cinco años. En los años 2018, 2019 y 2020 hubo 17 condenas en cada año, mientras que en el 2021 hubo 12 y hasta julio del año pasado, se registraron nueve.
Aunque no es tan frecuente como en adultos y sus causas no se asocian al involucramiento en bandas de crimen organizado, como ocurre con el robo agravado o la tentativa de homicidio, la experimentación y el descubrimiento de la sexualidad llevan a los adolescentes a cometer este delito. Incluso en ocasiones se produce con personas de su misma edad o similares, ya que no existen ejercicios de poder como en los adultos, según el magistrado Segura.
“Simplemente, es una experimentación del cuerpo y de la sexualidad. Por eso, vemos que cuando un adolescente de 14 años abusa de un familiar o de una vecina, no se trata de un ejercicio de poder, sino de su exploración del cuerpo. Esto refleja la falta de educación sexual o puede ser una manifestación de agresiones sexuales que el propio agresor haya experimentado antes”, enfatizó.
Para el abogado Brenes, a esto se suma la exposición a Internet y el acceso a pornografía y contenido sexual al que están expuestos los menores hoy. El consumo de este tipo de material hace que muchos busquen iniciar su vida sexual a una edad temprana.
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Reinserción, el objetivo de la ley
Al revisar las estadísticas de sentencias y a la luz de la criminalidad que se vive hoy en el país, el abogado Daniel Brenes considera que la Ley de Justicia Penal Juvenil no es suficiente, sino que esta debe ser reforzada y equiparada a la ley de adultos.
Según el penalista, el fin de la ley es que el muchacho o muchacha se reintegre a la sociedad pero evitando una privación de libertad. Cuando esto ocurre, es porque el menor ha cometido más de tres o cuatro delitos, pues, de lo contrario, muchas de las sanciones se completan asistiendo a charlas o institutos donde reciben capacitaciones.
“La justicia restaurativa a nivel penal juvenil prácticamente se aplica a todos los casos. Por ejemplo, un menor de edad que cometió un robo agravado solicita justicia restaurativa y admite el hecho, y lo envían a sembrar 100 plantas o a hacer un trabajo comunal”, comentó Brenes.
“Un menor de edad no puede estar más de seis meses en prisión preventiva cuando un adulto va hasta un año y, precisamente por estas razones, es que a las bandas criminales les interesa que estén delinquiendo”, añadió.
El artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil deja claro que las sanciones deberán tener una finalidad primordialmente educativa, buscarán la inserción, integración y restauración individual y social de la persona menor de edad en su familia y en la sociedad, y deben aplicarse con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas.
Por eso, al analizar la comisión de un delito, se consideran factores como la forma en que ocurrieron los hechos, las circunstancias personales y familiares del menor, así como sus esfuerzos por reparar los daños. El internamiento en centros especializados se considera el último recurso.
“Sino hay un abordaje de los menores que están en abandono y vulnerabilidad, estos niños que son en principio clientes del juzgado de niñez y adolescencia, van a ser los muchachos de penal juvenil y van a ser los adultos de penal de adultos”, sostuvo el magistrado Segura.
Se consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia sobre el abordaje que realizan los psicólogos del Programa Penal Juvenil con los menores de edad inmersos en el Centro de Formación Juvenil Zurquí y si el abandono o desintegración del hogar pueden derivar en el involucramiento en el mundo criminal, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.