Las autoridades judiciales pifiaron al intentar cazar a los principales miembros de una banda asentada en Pérez Zeledón, San José, que se dedicaba a lavar dinero proveniente del narcotráfico. El Caso Fénix, como los agentes bautizaron a esta investigación, tenía como objetivo detener a 14 personas (al inicio se dijo que eran 24, pero este miércoles se cambió el dato) en los 35 allanamientos desplegados este martes, pero finalmente solo se detuvo a ocho personas.
Entre quienes no fueron localizados en los operativos están el presunto líder de la agrupación, de apellidos Segura Angulo, conocido como Nariz (47 años); su compañera sentimental, Chacón Vargas (39), así como dos sujetos que, supuestamente, forman parte de sus principales aliados, apellidados Garro Núñez (42) y Núñez Jiménez (37).
La Policía Judicial indicó este miércoles que previo a las diligencias se realizaron vigilancias cerca de la casa de los sospechosos, pero que se presume que fue días antes de eso que los aparentes miembros del grupo se marcharon y ahora están en un lugar desconocido. Esta tarde, incluso, el Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió la foto de cuatro personas con el fin de que la población brinde información confidencial sobre su paradero.
“Se requiere la colaboración de la ciudadanía para ubicar a las personas de las fotografías ya que son requeridas con fines policiales. Cualquier información se puede brindar al teléfono 800–8000–645, del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados”, precisó la Policía Judicial.
La institución no ahondó en las identidades de estas personas, pero La Nación supo que se trata de Segura, Chacón, Garro (alias Calin, administrador de una llantera y hombre de confianza del líder) y Núñez.
En la operación para desarticular a esta agrupación, investigada por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales dentro del expediente 19–000082–1322–PE por “aparentemente, aprovechar las ganancias obtenidas del narcotráfico para adquirir bienes, ocultar su verdadera naturaleza, así como el origen y destino de estos”, participaron alrededor de 600 funcionarios del OIJ, la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), apoyados por fiscales.
Pese al amplio despliegue de personal y la gran cantidad de allanamientos, no se lograron las capturas esperadas, pero la Policía Judicial considera que por lo complejas que son estas investigaciones nunca se sabe qué puede ocurrir. Además, dijeron no tener conocimiento, al menos hasta ahora, de fuga de información, aunque saben que muchos datos circularon días atrás.
Entre los aprehendidos el martes figura un funcionario bancario, apellidado Granados Ulloa (del Banco de Costa Rica), así como un funcionario municipal, de apellidos Godínez Miranda. En las instalaciones del Banco Promerica, donde se hizo una diligencia policial, no se detuvo a nadie. También fueron capturadas dos mujeres, Chacón Vargas (cuñada de Segura) y Soto Rigioni, y cuatro sujetos más: Said El Halabi (de origen libanés pero con mucho tiempo en el país), Arias Campos, Rojas Robles y Calderón Ulloa.
A la espera de juicio
Otra de las situaciones particulares de este caso es que el aparente cabecilla de la agrupación estaba a la espera de un juicio por el aparente delito de posesión de droga para el tráfico internacional. El 19 de febrero del 2014 el Tribunal Penal de Pavas había absuelto a Segura por este caso, por el principio de in dubio pro reo (por duda), pero esa decisión fue apelada por el Ministerio Público.
En la resolución 2014–1753, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, se declaró con lugar el recurso interpuesto por el fiscal José Ángel Peñaranda Chaverri. “Se anula la sentencia y el debate que le precedió y se ordena el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia”, precisa la decisión de las juezas Rosaura Chinchilla Calderón y Lilliana García Vargas y el juez Joe Campos Bonilla.
Según José Miguel Villalobos Umaña, abogado de Segura, este debate ha sido agendado y pospuesto en varias ocasiones. “Estamos esperando desde hace cuatro o cinco años, en diversas oportunidades se fija la fecha y luego se suspende. Ahora lo teníamos para la otra semana, pero hace unos días se notificó que estaba suspendido de nuevo”, indicó el defensor, quien agregó que esta es la única causa que se le conoce a su cliente y que esta nueva investigación lo toma por sorpresa.
Subasta
La investigación de este caso permitió determinar que, presuntamente, la banda “ha utilizado diferentes locales comerciales y utilizar sociedades comerciales a fin de ocultar la ilicitud del dinero”. Entre esos negocios está el de la ganadería y, de acuerdo con la estimación de las autoridades, se decomisaron al menos 1.100 cabezas de ganado, 49 vehículos y se inmovilizaron 21 inmuebles.
Este jueves 24 de febrero, a las 9 a. m., están previstas dos subastas ganaderas, una en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, donde se pondrán a disposición de los oferentes 500 animales que son ganado de engorde y vacas de crianza, y otra en Guápiles de Pococí, Limón, donde habrá 350 especies entre ganado de engorde, toros watusi y caballos.
Sergio Rodríguez Rodríguez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que el ganado debe colocarse rápidamente porque no tienen la capacidad de mantenerlo, por lo cual lo venden y las ganancias las dejan en calidad de decomiso. “El dinero lo vamos a resguardar, vamos a invertirlo para obtener intereses, que es lo que podemos utilizar, pero el dinero como tal queda ahí hasta que haya una sentencia”.
Para el viernes habrá otra subasta, ya que este miércoles se seguía en el conteo de animales. Algunos de los otros bienes incautados quedan en el depósito judicial.
Colaboró el periodista Carlos Arguedas C.