Cada mes, los guardaparques sorprenden y expulsan cerca de 50 personas que ingresan al perímetro prohibido, que es de dos kilómetros a la redonda del cráter activo.

Miguel Salazar, administrador del Parque Nacional Volcán Turrialba, afirmó que son personas en su mayoría entre los 17 y 35 años, hombres y mujeres, que han sido sorprendidos a toda hora, incluso avanzada la noche y en la madrugada.

El ingreso ilegal es todos los días. La madrugada del viernes 14 de febrero los guardaparques sorprendieron a un hombre que usa redes sociales para organizar esas incursiones furtivas.

“Llegó con seis microbuses llenas de gente y pretendían entrar a las tres de la mañana”, dijo Salazar.

Explicó que algunas de las personas interceptadas fueron recogidas en Heredia, Alajuela, San José y Cartago.

Varios de ellos le contaron que tuvieron que pagar ¢34.000 para ser parte de ese recorrido que se promociona como turismo de adrenalina.

“Esa gente no llega a un área protegida con intenciones de conocer, sino que es un turismo de adrenalina. Son jóvenes que quieren brincarse los límites”, sostuvo.

El ingreso de personas viene en aumento desde el 2018; sin embargo, incluso en el 2015, cuando estaba en auge la actividad del volcán, existían problemas de entrada a la zona de riesgo.

Lidier Esquivel, jefe de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) afirmó que todos los fines de semana intensifican los operativos entre la Fuerza Pública y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para sacar a la gente que irrespeta la prohibición.

“Ellos levantan actas y hay gente denunciada ante los tribunales por acceso a la zona restringida. No vamos a renunciar a esa herramienta. Insistimos en que si el acceso está restringido es por algo”, sostuvo.

Aunque ahora las erupciones son muy pocas comparadas con las surgidas entre el 2015 y el 2017, el volcán está activo y tiene permanente vigilancia por parte de los científicos.

“El lugar todavía no tiene condiciones para una visitación adecuada y están corriendo un riesgo que a nuestro juicio es innecesario”, manifestó Esquivel.

Miguel Salazar afirmó que todos los flancos de acceso son usados por quienes llamó “pseudoguías”, pues estima que un guía responsable jamás expondría a tanto riesgo a sus clientes, irrespetando la normativa.

Recordó que desde el 2012 se cerró el acceso al Parque Nacional Volcán Turrialba, ante las erupciones potentes de ceniza y gases del coloso, que está a 3.340 metros sobre el nivel del mar y es el segundo más alto de Costa Rica, solo superado por el Irazú.

Además, la resolución 042 de la Comisión Nacional de Emergencias prohíbe, desde el 2015, el ingreso a un anillo de dos kilómetros alrededor del cráter, por el riesgo de actividad volcánica.

“Actualmente, notificamos a unas 50 personas por mes, pero entran más. Lógicamente no tenemos ni la capacidad ni los recursos para estar vigilando las 24 horas. Habrá gente que ingresa y no nos damos cuenta”, acotó Salazar.

El Sinac tiene solo cinco guardaparques para rotarse en los diferentes turnos, por lo que tienen que solicitar de manera recurrente la ayuda de la Fuerza Pública e incluso la Policía de Tránsito. Han sido sorprendidas personas en caballos, motos y cuadraciclos dentro del área restringida.

Muchos ingresan por la entrada principal, otros por la zona de los bajos, que está al noreste y por las regiones de más alto riesgo que son finca La Silvia y La Picada, por donde suelen bajar los gases y cenizas que emanan del volcán.

“Llegan hasta el borde del cráter. A veces cobran hasta ¢50.000 por llevar a una persona ahí”, explicó el Administrador del parque.

El funcionario afirmó que, en caso de sorprender de nuevo al sujeto que entró con los microbuses, el 14 de febrero, se le pasará directo a la Fiscalía de Flagrancia para que afronte su situación.

El mismo problema sufren los finqueros de las propiedades que colindan con el Parque Nacional, quienes también lidian con muchos grupos que invaden sus propiedades para llevar gente a las faldas del coloso.

“Nos la jugamos y vinimos”, alegan los jóvenes cuando son sorprendidos.

Según el funcionario, no toman en cuenta el riesgo de que el volcán lance gases tóxicos, o que surja un extravío, una caída, una fractura o el ataque de algún animal, lo que implicaría movilización urgente de ayuda.

Gestionan penas más fuertes

El constante irrespeto a los parques nacionales, principalmente en volcanes, motivó al Sinac a proponer una modificación de la ley para tipificar como delito el ingreso ilegal a los parques, pues actualmente no lo es y solo se les hace una prevención administrativa.

Esa notificación no implica castigo para el infractor, a menos que sea reincidente en su ingreso furtivo a cualquier parque nacional.

Solo así se expone a penas de tres a cinco años de prisión, condena que otorga el beneficio de ser cumplida sin necesidad de ir a la cárcel.

La pugna por el camino de acceso que pone en jaque reabrir el Parque

Paralelo a las incursiones furtivas, un desacuerdo entre los dueños de la Hacienda La Central, por donde pasa el principal camino de acceso al mirador, y la Municipalidad de Turrialba, tiene en punto muerto los arreglos viales que son indispensables para reabrir el acceso turístico al volcán.

María Gutiérrez, esposa de Abdenago Montero, dueño de la Hacienda La Central, dice que fue imposible llegar a un acuerdo favorable para las partes con el municipio y tuvo que contratar abogados para hacer valer sus derechos y por eso, decidió cerrar el paso.

Desde que se comenzó a hablar de la reapertura, Gutiérrez y sus familiares fueron a la Municipalidad para buscar un mecanismo de cobro, similar a un peaje, que permitiera dar mantenimiento y mejoras al camino.

Lo anterior porque las visitas a la zona permitida, donde se ve la devastación, son tantas en algunas épocas vacacionales, que los carros parqueados impiden hasta el paso del ganado que va al ordeño.

“Ahora todos quieren, por comodidad, montarse en el bus de las actividades del volcán, pero están atropellándonos y eso no es justo, dijo Gutiérrez.

No tenemos problema con la reapertura, pero pedimos respeto, exigió.

“Propusimos un peaje para cuidar la propiedad, porque queremos protegerla, pero hace dos años de eso y nada sucede”, indicó.

Propusieron a la Municipalidad que de lo recaudado también se ayudara a otras instituciones del cantón, pero no accedieron.

A ese desacuerdo se suma que años atrás hubo otro problema con el ayuntamiento, cuando después de una erupción fuerte, no se les permitió entrar a su finca.

Fue ahí donde acudieron al Registro de la Propiedad y constataron que el municipio nunca hizo los trámites posteriores a la donación, por lo que los terrenos siguen a nombre de Abdenago Montero López.

“La Municipalidad tenía que llevar el acuerdo a la Procuraduría, luego se debía devolver y se hacía una sesión para que Abdenago firmara que el camino iba a ser público, pero no se hizo nada”, manifestó María Gutiérrez.

Luis Fernando León, alcalde de Turrialba, sostiene que ese camino es parte de la ruta nacional N.° 417 y que por eso, cuando Abdenago Montero presentó un recurso en el municipio porque no les dejaron entrar a la propiedad después de una erupción, se le rechazó ad portas, al determinar que su reclamo fue por un asunto que estaba prescrito.

“Existe hasta un acuerdo del Concejo donde se recibe la donación. Nació de un proceso conciliatorio donde se ceden esos caminos”, expresó León.

Para este alcalde, se trata de una mala interpretación que los finqueros hacen. Añade que en el expediente consta que se aceptaron dichos caminos públicos y fueron certificados.

Agregó que en la sesión 79-2003, del martes 11 de noviembre del 2003, se afirma que hubo una solución pacífica e incluso se menciona cuanto miden los caminos.

Entre La Central y La Fuente es de 8,05 metros de ancho, lo mismo que de La Central a Los Quemados. Entre La Central y Pacayas se trata de la ruta 417 y el camino entre La Central y La Picada, quedó del mismo ancho que tenía.

Como contraparte a ese arreglo, la Municipalidad archivó dos denuncias contra Abdenago Montero por usurpación de bienes de dominio público y por desobediencia a la autoridad.

León insiste en que con los cierres del camino realizados recientemente se exponen a una denuncia judicial por obstaculizar el libre tránsito, “nadie puede cerrar una vía pública de manera permanente”, resaltó.

“Ellos tienen una patente municipal por tener una soda y un área de camping frente a un camino público. Si esos caminos fueran privados no hubieran podido desarrollar una actividad lucrativa, pues no está permitido tener actividades comerciales en servidumbres privadas”, puntualizó.

Panorama complejo

Para Lidier Esquivel, jefe de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el reclamo de los propietarios de los terrenos puede llegar a una demanda y eso daría al traste con el plan de reapertura visualizado.

Añadió que incluso han realizado varios operativos con la Policía para ir a reabrir el paso, pero ahora se está en punto muerto y a la espera de elementos probatorios de los finqueros y del municipio.

El funcionario tiene claro que mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no pueda terminar los arreglos que comenzó el año pasado, el proyecto queda inconcluso.

“Solo si se valida la tesis de que es un camino público, se puede avanzar, porque obviamente el MOPT no puede intervenir en un camino privado”, dijo.

Explicó que para la CNE ese camino es la columna vertebral para la reapertura del Parque, porque por ahí entra y sale la gente en caso de una emergencia. “Tenemos que asegurarnos una ruta en muy buenas condiciones”.

La oficina de prensa del MOPT explicó que la Dirección Jurídica del ministerio analiza el acta de donación que realizó Abdenago Montero López a favor del Estado, con el fin de evitar eventuales reclamos y tramitar lo pertinente para su inscripción.

De no llegarse a un acuerdo, se tendría que buscar otro acceso por un poblado que se denomina La Reunión. Esa posibilidad atrasaría aún más la reapertura, porque se debería iniciar el mantenimiento de una ruta que hasta ahora no se ha visualizado como punto de acceso.

Otros escollos superados

Miguel Salazar, administrador del Parque Nacional Volcán Turrialba, afirmó que en los otros aspectos están listos porque se logró la reparación de infraestructura como casetas, baños, portones, barandas y pantallas de protección o búnkeres, que son seis, y también está avanzada la compra de aparatos de medición de gases y de alertas.

También tendrán computadoras conectadas al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, y la Red Sismológica Nacional, para desalojar en caso de alerta sísmica.

Sobre la forma de ingreso, prevén que sea de cuatro grupos diarios con 35 personas que entrarían con cascos y guía, por dos horas. El primer grupo entraría a las 6 a. m., y el último al mediodía, para salir a las 2 p. m.

El Parque tenía una visitación aproximada a las 4.000 personas por año.

La CNE tiene ya listos los rótulos sobre rutas de evacuación y de peligro volcánico, pero no los colocarán todavía ante la incertidumbre y debido a que grupos de vándalos, que entran ilegalmente, pueden echarlos a perder.