Expansión de bandas narco de Limón cuadruplica homicidios en Turrialba

En el 2023, el cantón azucarero registró un cierre sin precedentes con 10 homicidios, una cifra muy por encima del anterior año más violento, que fue el 2022, con cuatro crímenes de este tipo. La lucha entre bandas limonenses ha extendido sus conflictos en este cantón, uno de los diez más extensos del país con 1.643 km2, el cual limita con los seis cantones de Limón, lo que facilita la movilización de grupos y mercancías ilegales por diversas vías.

Entre las organizaciones que disputan territorios en Turrialba está la liderada por Alejandro Arias, conocido como “Diablo”, que opera con mayor fuerza en Limón y Pococí, junto con una ramificación de la banda de alias La Mancha, un sujeto que está en prisión.

Esos dos grupos podrían estar detrás de las disputas que culminaron con la muerte de dos hombres a eso de las 9 p. m. del martes en la ciudadela Carmen Lyra. Dos individuos en moto, encapuchados, ingresaron esa noche a una casa a escasas dos cuadras de la iglesia católica y abrieron fuego. En el lugar fallecieron Ariel Mariano Barrios Sandoval, de 31 años, y Yasdany Jesús Cervantes Gómez, de 28.

Barrios Sandoval presentaba impactos en el tórax, abdomen y cabeza, mientras que Yasdany Cervantes Gómez, alias “Naidel el Rasta”, fue baleado en la cabeza y la cadera. El primero era oriundo y vecino de Turrialba, mientras que Cervantes era oriundo de Ciudad Quesada, en San Carlos y vivía en Mercedes Norte de Heredia, de donde se trasladó hace unos cuatro meses hacia Turrialba. Era soltero y padre de un hijo de nueve años, según el Registro Civil.

En el mismo suceso, una mujer de apellidos Díaz Guillén, de 44 años, resultó herida en la espalda. Díaz, oriunda de Pococí y madre de dos hijos, fue trasladada al Hospital William Allen, mientras que otra mujer resultó ilesa al estar en el baño de la casa. Varias viviendas en la misma alameda también fueron alcanzadas por los disparos.

Ya habían sido detenidos antes

Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública en Cartago, sugiere que la disputa por drogas podría ser la causa de este doble asesinato, ya que ambos sujetos tenían antecedentes en esa actividad delictiva. Destaca que las luchas territoriales entre bandas son el origen de estos enfrentamientos, los cuales se han intensificado este año en Turrialba, debido a la migración de miembros de estas bandas hacia el cantón, como respuesta al aumento de la vigilancia policial en Limón.

Yasdany Cervantes, uno de los fallecidos el martes, tiene 25 informes por venta de drogas en Turrialba desde el 2014, mientras que Ariel Barrios había sido detenido con drogas en cuatro ocasiones.

La Fuerza Pública realizó operativos en las inmediaciones para capturar a los responsables, sin éxito. En el lugar del doble homicidio se encontró una pistola, la cual fue entregada a los agentes judiciales encargados de la investigación.

Guillén enfatiza que, a diferencia de antes, las bandas están más agresivas. La presión ejercida por las operaciones en el Atlántico ha motivado a numerosos delincuentes a desplazarse hacia la zona limítrofe de Turrialba.

Un tiroteo adicional ocurrido la noche del lunes en Azul, un barrio situado a dos kilómetros de Carmen Lyra, podría estar relacionado con la misma lucha entre grupos. En esta ocasión, un miembro de la banda del Diablo, de apellidos Rojas Porras, resultó herido de bala en varias ocasiones, pero las lesiones no fueron graves, por lo que horas después fue dado de alta en el hospital local.

Barrios como Azul, Nochebuena, Carmen Lyra, La Isabel y otros cercanos a la cabecera de Turrialba, son algunos de los más conflictivos, así como en áreas más retiradas como el distrito de La Suiza.

Guillén asegura que la Fuerza Pública está planificando acciones más contundentes en Turrialba en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía. El objetivo es abordar directamente las estructuras ya asentadas y aquellas que están llegando, anticipándose a sus movimientos.

El 17 de diciembre pasado, en Pueblo Nuevo de Turrialba mataron a un porteador de apellidos Chavarría Coto, de 45 años. El hombre iba en carro con su esposa cuando le dispararon en la cabeza. El homicida se bajó del carro y abordó una moto que lo seguía, conducida por un cómplice que le ayudó a escapar.

Falta de policías favorece expansión

Rogelio Pardo-Maurer, experto en seguridad y antiterrorismo, quien fue Subsecretario Adjunto de Defensa de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, realizó una reciente visita a varios puntos de Turrialba y afirmó que existe un deterioro en la seguridad.

En una zona rural observó dos vehículos que se devolvieron antes de llegar a retenes de la Policía, lo que evidencia la existencia de una logística con “campanas” que alertan sobre la presencia policial.

Al hablar con un comandante de la Policía, le preguntó sobre la situación en ese territorio y la respuesta fue contundente: “duro”. El jefe policial le indicó que además del narcotráfico, ya existen extorsiones, personas afectadas por créditos gota a gota y problemas con cuatreros por el destace de ganado.

El jefe policial le expresó que pesar de ser un cantón extenso, Turrialba carece de suficientes policías para brindar una atención adecuada, ya que a menudo son destinados a operativos en Puntarenas, Limón y otros lugares.

A la entrada de una finca, Pardo-Maurer observó a un joven de unos 25 años drogado a plena luz del día, lo que revela la adicción a drogas en las zonas rurales.

Finalmente, conversó con el dueño de un restaurante, quien le indicó que desconocidos, muchos de ellos foráneos, están comprando propiedades, y que a unos 200 metros había una bodega de droga.

Pardo expresó su preocupación sobre el hecho de que una zona pacífica y llena de paisajes está siendo socavada. Dijo que situaciones similares están ocurriendo en otras zonas rurales del país. “No es que los delincuentes sean fuertes, sino que la seguridad estatal es débil y los recursos son escasos”.

Agregó que el Ministerio de Seguridad debería contar con al menos 23.000 policías, según las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, pero en la Fuerza Pública no llegan ni a 13.000.