Originalmente la medida se aplicaría sólo para casos de personas con prisión preventiva o con libertad condicional, pero al modificarse para incluir a otra gama de privados de libertad comenzaron a surgir polémicas por parte de magistrados, la defensa pública y el mismo ministro de Justicia.
Esta mañana en entrevista concedida a adn 90.7 FM, el magistrado de la Sala Tercera Carlos Chinchilla insistió en calificar de peligrosísimo el proyecto aprobado. Entre otros puntos afirmó que robacarrros, narcotraficantes que se someten a proceso abreviado, robacasas y asaltantes tendrían derecho a andar con el brazalete.
Añadió que en el Código Penal no está tipificada la nueva pena que se estaría aprobando ya que, a su juicio, el uso del brazalete sería una nueva pena, al cambiarse la filosofia del proyecto inicial.
En La Nación de este jueves el ministro de Justicia Fernando Ferraro pide ajustes al proyecto. También se deja ver que no está claro quien realizará el monitoreo.
La directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, dijo en ese mismo espacio radiofónico (adn 90.7 FM) que ellos, con base en datos estadísticos presentadas a diputados de diferentes partidos de la Asamblea Legislativa lograron incluir a otros grupos.
Muñoz pidió un espacio mayor en adn 90.7 para este viernes, para rebatir la tesis del magistrado Chinchilla.
Afirmó que el proyecto inicial, con el que Carlos Chinchilla está de acuerdo, para que solo se aplique el brazalete a personas con libertad condicional o con prisión preventiva no tiene ningún sentido. “Don Carlos está tergiversando y creando una alarma en la sociedad. Vamos a gastar un montón de plata para comprar brazaletes para personas que están con libertad condicional.
Muñoz dejó ver que el brazalete es estigmatizante para personas que en muchos casos resultan absueltas o que deben demostrar tener un trabajo para optar por el beneficio y, con el brazalete, conseguir trabajo es más difícil.