“Se dicta sobreseimiento definitivo en favor de Marcel Hernández Campanioni..., por los delitos de violación, abuso sexual contra persona menor de edad y relación sexual contra persona menor de edad. Lo anterior de conformidad con el artículo 311, inciso e, 312 y 313 del código procesal penal. Se ordena esta resolución sin especial condenatoria en costa y una vez firme la presente resolución se ordena levantar las medidas cautelares que pesan sobre el imputado”, establece el por tanto de la jueza Andrea Rodríguez Segura.

El Inamu y el Ministerio Público habían apelado la resolución que se dio en agosto y luego de la última audiencia que se celebró el pasado 1 de diciembre, nuevamente se dio a conocer un fallo positivo para el atacante brumoso.

Raymundo Pérez, quien lleva la defensa en conjunto con Alejandra Araya, recalcó que no hay elementos para continuar con el caso y que a su criterio debería de quedar todo en firme, aunque esperan que la parte acusadora vuelva a plantear una apelación.

“Esta segunda resolución vuelve a tomar en cuenta todo lo que ya se había dicho en la primera y los reparos que tuvo el tribunal de apelaciones de devolverlo. Además, se da la grata noticia que fue una jueza la que analizó el caso, los planteamientos y los argumentos que le hicimos y volvió a dictar un sobreseimiento definitivo. Me parece que seguir apelando ya no sería por motivos jurídicos, sino de otra naturaleza”, señaló Pérez.

El abogado añadió que: “No es lo que creo o me gustaría, sino que son los hechos y es el derecho. El caso alcanza para esto, porque la investigación, las pruebas que aportamos y las formas en las que se las hicimos saber al juzgado penal no dan alternativa para otra cosa. Esto no da para ir a juicio, no tienen con qué ir a juicio... La jueza estableció que con vista en el análisis de todo el planteamiento jurídico que hicimos, más las pruebas que se encuentran en el expediente, no existen posibilidades de elevar a juicio.”.

El defensor del ariete relató que Marcel recibió la noticia con mucha alegría, pero más comedido que en la primera ocasión, ya que esperan que el tema continúe y, por ende, que aún no se levanten las medidas cautelares que pesan sobre el isleño.

De momento, el blanquiazul tiene impedimento de salida de Costa Rica y debe presentarse a firmar al juzgado una vez al mes. A criterio de Pérez, insistir en apelaciones solo sería para hacer sufrir más a su defendido, ya que en dos ocasiones les dieron la razón, según manifestó.

“Cuando esto ocurre uno empieza a notar que esto no es algo jurídico, sino que es un tema de política del Inamu y de la Fiscalía de Genero. Se hace esto con un personaje como Marcel Hernández a costillas de su sufrimiento y de su imposibilidad de salir del país para firmar con otros equipos. Es tenerlo constamente con esto de que puede perder su libertad en cualquier momento. Eximo a los funcionarios que atienden el proceso, porque ellos no toman las decisiones, esto viene de los jefes”, sentenció.

Lo que sigue

Luego del segundo sobreseimiento definitivo que dictó la jueza Andrea Rodríguez Segura, el Inamu y el Ministerio Público tienen tres días hábiles para para plantear una nueva apelación; de no hacerlo la sentencia quedaría en firme.

Raymundo Pérez, defensor de Marcel Hernádez, explicó que la contraparte puede apelar las veces que lo considere necesario, salvo que el Tribunal declare en firme el fallo.

“La resolución no surte efectos hasta que esté en firme, salvo que el juez expresamente lo diga y no fue así. Ahora tienen tres días para apelar, si el Ministerio Público y el Inamu no lo hicieran, entonces la sentencia quedaría en firme. Sin embargo, pueden seguir haciéndolo en varias ocasiones, salvo que el Tribunal de Juicio de Apelación diga que está bien fundamentada y la declare en firme. En este panorama se acabó el caso y estaría listo”, dijo Pérez.

Hernández, de 31 años, fue acusado por la Fiscalía de cuatro delitos de violación en perjuicio de una menor de edad.

Según la acusación, presentada en noviembre del 2019, el futbolista habría cometido los delitos en agosto del 2018, cuando la persona que figuró como ofendida tenía 16 años.