El VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presentado en diciembre pasado, contiene datos preocupantes, especialmente los referidos a los adolescentes.
Es bien conocido que los niños y los adolescentes son una población más vulnerable y con mayor frecuencia se enfrentan a condiciones de vida adversas en comparación con los adultos.
Mientras el nivel de pobreza general para Costa Rica es de un 22,5% (INEC, 2014), este llega a casi el 33% en niños y adolescentes, y sube a niveles que rondan el 50% cuando se habla de los que viven en zonas rurales, costeras o marginales (35,10% en condición de pobreza y un 11,38% en pobreza extrema según el INEC, Encuesta de Hogares, 2014).
Como plantea el informe, esta situación es a todas luces vergonzosa e inaceptable desde un punto de vista de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, además de que afecta a la sociedad en su conjunto, pues una proporción tan grande que viva en pobreza “tiene menores probabilidades de desarrollarse plenamente, lo cual hipoteca el futuro de toda la nación y limita sus posibilidades de desarrollo”.
De acuerdo con el mismo informe, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz destaca que esto ocurre porque “durante las últimas décadas se han adoptado políticas que han causado que la economía se torne salvajemente desigual, dejando a los segmentos más vulnerables de la sociedad cada vez más atrás”.
Dice Siglitz, además, que la creciente concentración de la riqueza y una reducción de impuestos sobre la riqueza da como resultado la existencia de menos dinero para invertir en educación y protección para los niños.
“La desigualdad de ingresos se correlaciona con desigualdades en acceso a la salud y a la educación, y mayor exposición a riesgos ambientales, todas las cuales agobian más a los niños”, agrega el economista.
Stiglitz también resalta que las políticas adecuadas, como las redes de protección social fuertes, la aplicación de impuestos progresivos y una mejor regulación del sector financiero revierten estas tendencias devastadoras.
Si a lo anterior se le agrega que Costa Rica es uno de los países donde más se ha incrementado la desigualdad en los últimos años en América Latina, según el informe, es de esperar que sean los niños y los adolescentes quienes sufran con mayor rudeza sus consecuencias, lo que exige acciones decididas y vigorosas para cambiar este panorama ciertamente sombrío que se cierne con particular amenaza sobre esta población.
Señales de alerta. Algunos ejemplos de los preocupantes datos del Informe son: la mayor mortalidad adolescente ocurre entre los 16 y los 17 años, y las principales causas son suicidio, homicidio, accidentes de tránsito y agresión; solo el 50,5% de los adolescentes se gradúa del colegio, principalmente, por la exclusión escolar y la repitencia; y de las personas en pobreza extrema, el 46,3% son niños y adolescentes, en pobreza no extrema el 39,3% y en condición de vulnerabilidad el 21,7%. A mayor pobreza aumenta la proporción de mujeres jefas de hogar.
Por otra parte, el estudio revela que 181.439 niños, adolescentes y jóvenes no estudian ni trabajan, y por lo tanto tienen un mayor riesgo de ser captados por narcotráfico y redes de explotación sexual; el consumo de drogas representa un problema significativo creciente; el sobrepeso y la obesidad con sus complicaciones, declarada epidemia mundial por la OMS, se inicia en los primeros años de la adolescencia; la actividad sexual comienza antes de los 18 años para el 67% de los hombres y para el 51% de las mujeres (población escolarizada no supera el 25%); y se necesita mayor inversión para generar espacios públicos de calidad para la cultura, el deporte y la recreación.
Ante diagnósticos contundentes, ¿qué más debe pasar para actuar con acciones políticas realistas, viables y concertadas?
El autor es jefe de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños.