El Ejecutivo, en atención a un mandato de la Contraloría Nacional de la República, comenzó el diseño de un plan de seguridad ciudadana, noticia oportuna, pues es urgente un norte para navegar en las turbulentas aguas en las que nos tiene sumidos el crimen organizado nacional y trasnacional.
No obstante lo anterior, cabe preguntarse, mientras tanto, ¿qué podemos hacer para contener la epidemia de homicidios y otros delitos? La respuesta debe sustentarse en tres pilares, el primero, la recuperación y asignación de los recursos económicos que distintos cuerpos legales destinan a fortalecer el equipamiento y la infraestructura de la Policía.
Los fondos servirían para edificar y equipar adecuadamente delegaciones policiales; adquirir chalecos blindados, calzado, uniformes, armamento moderno, vehículos, sistemas de comunicación eficientes; la instalación de un centro (C-5) para el monitoreo, coordinación de operaciones policiales y videovigilancia de sitios problemáticos; e incorporar una reacción eficiente.
La idea de un concepto de seguridad moderna es que sea “predictiva” y no tanto “reactiva”, pues poco nos sirve ir a custodiar el sitio cuando estamos lamentando las muertes. Ello se logra únicamente con recursos financieros que, sin provenir del presupuesto nacional, distintas leyes —por ejemplo, la del impuesto sobre las sociedades— así lo determinan.
El segundo pilar para la contención de la criminalidad es la cooperación internacional de países amigos, los que tradicionalmente nos brindan apoyo. No me refiero a donación de equipos que posteriormente quedan en desuso por falta de recursos para el mantenimiento, por ejemplo, helicópteros que, por el estricto programa de mantenimiento requerido, se vuelve insostenible su permanencia en el país.
Incluso se contó con potentes radares, uno instalado en Cerro Azul, Guanacaste, en 1990, que posibilitó la realización de operaciones de envergadura, y otro similar que fueron retirados por el gobierno de los Estados Unidos.
Me refiero, por tanto, a equipamiento para las fuerzas policiales, escáneres móviles, radares aéreos y marítimos para el control de toda la costa del Caribe, embarcaciones interceptoras para el Servicio Nacional de Guardacostas.
Por ello, en términos de cooperación y asistencia internacional, debemos fortalecer las negociaciones y manejarlas inteligentemente con nuestros socios estratégicos en materia de seguridad, pues, al fin y al cabo, somos prácticamente la última barrera de contención del narcotráfico, tanto para Estados Unidos como para los países de la Unión Europea, y la idea es establecer una relación ganar ganar para las partes intervinientes.
En tercer lugar, existe la necesidad de revisar y modificar lo antes posible el sistema de beneficios carcelarios, que viene otorgando el Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia, con el fin de controlar la reincidencia criminal.
Resulta más que evidente que se otorgaron beneficios indebidos a muchas personas que debieron permanecer privadas de libertad por su peligrosidad, beneficios a los que decididamente me opuse cuando fui ministro de Seguridad.
El Estado debe fortalecer la inclusión social, instituir programas de educación y prevención en los centros educativos y atraer inversión para aumentar la oferta de empleo, sobre todo, en poblaciones vulnerables.
El autor es exministro de Seguridad Pública.