EscucharEl medicamento es siempre un tema político, motivo de eternas discusiones en la mayor parte del mundo tanto en el diálogo cotidiano de los ciudadanos como en el debate legislativo y ejecutivo.
Los ciudadanos acudimos al servicio privado (medicina, odontología, microbiología, enfermería, nutrición, fisioterapia y farmacia, por citar algunos) aun cuando tenemos un sistema de salud público que se supone universal y solidario, cuya cobertura teórica es del 94,9% de la población.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la población prefiere pagar, a veces con muchas dificultades, si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería atender la totalidad de nuestras necesidades? ¿Por qué la población, en especial la de escasos recursos, debe incurrir en gastos adicionales existiendo un sólido sistema de salud pública?
A muchos, por ejemplo, les sonará familiar la experiencia de quienes no encuentran una cita en un Ebáis o se desesperan debido a las largas listas de espera para ser atendidos por un especialista o ser operados.
Existe una demanda insatisfecha que motiva a la población a acudir a la atención privada. Algunos, con holgados recursos; otros, con un seguro privado que les permite aliviar la carga económica. Pero una buena parte de la población se ve obligada a cubrir el servicio médico particular con sus limitados ingresos.
El precio de los medicamentos (o precio caro de los medicamentos), por tanto, debe ser entendido como un problema estructural más profundo y que, en el fondo, está asociado al acceso a los servicios públicos de salud.
En otras palabras, si los pacientes estuvieran felices con el servicio estatal, no pensarían en gastar su dinero en consultas privadas. El costo de tales servicios perjudica, especialmente, a las personas que carecen de recursos suficientes para permitirse estas erogaciones.
Para estos grupos poblacionales vulnerables, el costo de los medicamentos es prohibitivo, independientemente del monto, y no se resuelve reduciendo el precio que, en general, no sería suficiente si no se trata el problema de manera integral.
No se me malentienda, no estoy atacando a la Caja Costarricense de Seguro Social, uno de los pilares de la democracia costarricense. Todo lo contrario, habló de fortalecerla. Tampoco estoy atacando los servicios privados, para los cuales siempre existirá demanda, porque hay gente con recursos suficientes o que cuentan con seguros privados, sin dejar de mencionar el turismo médico. Los servicios privados, en las actuales circunstancias, contribuyen a desahogar un poco a la CCSS.
La discusión sobre el precio de los medicamentos no debe circunscribirse al sector privado. La factura de medicamentos —y otras tecnologías sanitarias— de la CCSS corre el riesgo de crecer de forma financieramente insostenible, en especial, considerando las innovaciones terapéuticas que se avecinan, la mayoría de elevado valor.
De la mano del fortalecimiento de la oferta de servicios de la CCSS, desde el primer nivel de atención, es indispensable establecer una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias (idealmente, liderada por el Ministerio de Salud) para determinar, de forma sistemática, qué nuevas tecnologías deben tener cobertura en el sistema público sanitario. Lo anterior, junto con otras posibles medidas.
El autor es farmacéutico y economista de la salud.
