Marco Feoli V.. 19 marzo

Argentina fue el primer país en aprobar cuotas de género, en 1991, a fin de asegurar unos mínimos para que las mujeres alcanzaran ciertos cargos políticos. Costa Rica lo hizo poco después.

Pese a las resistencias iniciales, progresivamente, las élites de los partidos terminaron por admitir que en sociedades traspasadas por la inequidad en el acceso a los bienes materiales, culturales y simbólicos, las acciones afirmativas eran el camino más eficaz para cerrar algunas brechas. Así, se logró el aumento de la representación femenina en los Congresos de manera significativa. En nuestro país, la actual Asamblea Legislativa tiene el mayor número de diputadas, cerca del 45 %.

La región ha avanzado también en el aumento de los espacios para las mujeres en los poderes ejecutivos. Chile, Costa Rica, Ecuador y México tuvieron entre un 30 % y un 40% de ministras en sus consejos de gobierno en el 2017. Incluso ha habido momentos cuando, expresamente, los candidatos incorporan la idea de gabinetes paritarios, dado que no existe una obligación legal de hacerlo, como una promesa electoral.

Pese a las conquistas, el gobierno de los jueces sigue poniendo un techo de cristal para las mujeres costarricenses, aunque es una tendencia en casi todas las democracias. El Poder Judicial es el brazo del Estado donde la participación femenina es más baja.

Inequidad. Mientras diputadas y ministras están en el orden del 40 %, las magistradas propietarias son apenas un 22 %. No hay una sola de las Salas de la Corte Suprema de Justicia donde haya más mujeres que hombres. Paradójicamente, en sentido estricto, es responsabilidad del Parlamento porque es allí donde se escoge a los miembros del vértice judicial.

Jennifer M. Piscopo, en un interesantísimo artículo publicado recientemente, titulado State as Gender Equality Activists: The Evolution Of Quota Laws in Latin America, concluye que las cuotas se han aplicado, sobre todo, en sistemas de elección y no así en sistemas de nominación, como sería la designación de las magistraturas hechas a través del ejecutivo o el legislativo. Es decir, en los sistemas judiciales, sobre los cuales quienes designan tienen un enorme poder de veto, no se han establecido criterios de representación por género.

Hemos celebrado, y con razón, la existencia de mecanismos y voluntad política para que más mujeres ocupen puestos de decisión en la Asamblea y en el Consejo de Gobierno. La Corte Suprema, institución tradicionalmente más lenta de cara a los cambios, no debe quedar fuera de la ecuación. Como los procesos de cambio no coinciden con las elecciones de los otros poderes, se ha instalado la creencia de que se trata de cargos desprovistos de intervención política. La verdad es que no es así. Dependen del legislador.

Oportunidad de oro. Hay cinco plazas vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de recortar la histórica subrepresentación de las mujeres en la cúspide del Poder Judicial.

La primera magistrada, Dora Guzmán, fue escogida en 1984, casi 40 años después la desigualdad no ha sido eliminada de la Corte.

No habrá tiempo de promover una reforma legal para obligar a que en el futuro la designación de la magistratura respete el principio de paridad, pero sí que las facciones políticas se retraten y de probar si los discursos por la igualdad son puro postureo.

No es usual tener tantas vacantes en liza; por ello, desperdiciar la coyuntura, no priorizando el ascenso de mujeres, supondrá condenarnos al paso de muchas décadas para contar con una Corte Suprema igualitaria.

A Ruth Bader Ginsburg, una de las nueve y más célebres integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos, le preguntaron alguna vez que cuándo habría suficientes mujeres en la Corte Suprema. “Cuando haya 9; ha habido 9 hombres y nunca a nadie le han parecido demasiados”, respondió. Quizás allí esté la clave, hemos normalizado la masculinización de la magistratura.

Gran salto. Escogiendo cinco mujeres no se llegará a igual número de magistrados y magistradas, seguirá la desventaja, pero se habrá dado un salto de la mayor importancia. Una sociedad heterogénea no puede permitirse mantener instituciones democráticas donde el acceso de la mitad de la población a los cargos más relevantes siga estando estructuralmente torpedeado.

A mediano plazo, hay que apostar por cambios normativos. La experiencia dice que funcionan. Mientras llegan, queda el activismo y la esperanza de que por otras vías se ayude a concienciar sobre las brechas entre los hombres y las mujeres que aspiran a dirigir la res pública. Y a cerrarlas.

El autor es profesor universitario.