EscucharLa administración y el Ministerio de Economía (MEIC), en la figura de la ministra Victoria Hernández, decidieron mantener la política de fijación del precio del arroz seguida por el gobierno de Luis Guillermo Solís, que tanto perjudica a los consumidores.
El arroz es uno de los principales alimentos de los costarricenses, sobre todo, de quienes poseen menos recursos económicos.
Según el informe estadístico 2017-2018 de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), el consumo per cápita de este alimento llegó a ser de 48,45 kilogramos, cuando era de 47,48 kilogramos entre el 2016 y el 2017. Un 43 % de la venta fue cubierto con grano nacional y el restante 57 %, con producto importado.
Como parte de la fijación del precio, en el 2013, el MEIC estableció no solo topes máximos por calidad, sino también precios mínimos que el comerciante puede cobrar a los consumidores, situación que no solo atenta contra la competencia en el mercado, sino que también afecta a los más pobres, los cuales no pueden acceder a precios más bajos que los definidos por el gobierno.
Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo 38884-MEIC prohíbe a los comerciantes hacer ofertas, promociones o dar regalías a los compradores de arroz, lo cual se constituye en una penalización a todo intento de beneficiar a los costarricenses.
Posición paradójica. En este sentido, Consumidores de Costa Rica ha insistido ante el MEIC en la necesidad de eliminar las restricciones gubernamentales a la venta de arroz; sin embargo, solo hemos recibido mensajes contradictorios respecto a la visión de los mercados de la ministra.
Por una parte, da apoyo al libre comercio, de acuerdo con las declaraciones de Hernández con motivo de la aprobación de la nueva legislación en materia de competencia: “Reconocemos el trabajo de los diputados para que el país cuente con un instrumento jurídico moderno, sólido y eficaz, que permitirá disponer de un marco legal en materia de competencia para generar mayor bienestar a los consumidores y gozar de las ventajas que trae el libre comercio y la promoción de la sana competencia”, se lee en un comunicado de prensa enviado por el MEIC.
Pero, por otra parte, los beneficios que la competencia genera, la misma funcionaria no los quiere extender al mercado arrocero.
En día sí y otro no. En este sentido, en el oficio DM-OF-274-19, la ministra menciona un cronograma de desregulación del precio del arroz, pero dos meses después, en otro oficio, el DM-OF-444-19, indica que el cronograma no existe, dejando clara una evidente contradicción en la forma como el Ministerio trata este mercado.
El MEIC ha sido incapaz de justificar, legal y técnicamente, la prohibición de hacer ofertas, promociones o bandeos, y repite el mismo estribillo desde hace varios años, que la intención es “asegurar un adecuado balance entre agentes económicos”, sin presentar datos concretos para demostrar que ese objetivo se está cumpliendo.
Como se observa, la política pública desarrollada por el MEIC sigue una línea marcada por la contradicción y la falta de argumentos técnicos y, mientras tanto, somos los consumidores quienes pagamos los platos rotos.
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El autor es presidente de Consumidores de Costa Rica.
