Yorleny León Marchena. 20 octubre

La sostenibilidad financiera del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha sido un asunto tratado con preocupación y responsabilidad en la Asamblea Legislativa, y ha cobrado especial relevancia desde la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), junto con la conformación de la comisión especial para estudiarlo.

En ese espacio legislativo, han sido escuchados múltiples personas que tienen incidencia directa en el quehacer universitario, así como representantes del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría General de la República y del Estado de la Nación.

Todos coinciden en la difícil situación económica de las universidades públicas, en gran medida debido al creciente e insostenible pago de salarios y pluses.

Tales remuneraciones se han convertido en una bomba de tiempo para la estabilidad financiera de los centros de enseñanza y atenta contra los estudiantes, pues en muy corto plazo los rectores se verán obligados a recortar becas, fondos para investigaciones y recursos estudiantiles para atender únicamente el pago de la planilla.

En vista de la estrechez económica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) entendieron sabiamente que son los más afectados por la distribución costumbrista, y sin ningún tipo de indicador, del FEES. Un reparto sin criterios técnicos y que no responde a la realidad de los centros de enseñanza.

Cambios en el Conare. Aceptar el perjuicio de la distribución del FEES para las universidades más pequeñas, sin duda pone las cosas cuesta arriba dentro del Consejo Nacional de Rectores (Conare), órgano con urgente necesidad de democratizarse para entender mejor la coyuntura de la educación superior porque más actores piden tener voz.

Los cambios requeridos en el Conare también se han convertido en una demanda estudiantil, pues los alumnos han externado frustración por considerar que tienen una baja incidencia en la toma de decisiones dentro de ese órgano, así como en todos los procesos internos de relevancia para las universidades.

Un ejemplo de su papel secundario lo desnudó el proceso de negociación del FEES este año, pues su participación fue insignificante, por lo cual no tenían noticia de que los rectores firmaron un acuerdo donde se comprometieron a utilizar ¢70.000 millones del FEES en gastos de capital, es decir, en construcción de aulas, laboratorios, gimnasios, oficinas, etc., en las distintas sedes.

Los rectores, sin embargo, luego se dieron cuenta de que, en vista de los compromisos salariales que pesan sobre las universidades, no era posible cumplir las expectativas de Ministerio de Hacienda, pese a haber firmado el documento junto con los ministros.

Diferencia entre alumnos. Aunado a este complicado panorama, las demandas de los estudiantes en las regiones está subiendo de tono. Los de Guanacaste, Limón y Puntarenas tienen los mismos derechos que quienes cursan carreras en las sedes centrales, y, por tanto, están exigiendo su derecho a la educación en igualdad de condiciones, aspecto que en la realidad no se cumple porque la brecha sigue siendo enorme y la inversión, muy pobre.

Debido a esta complejidad, las universidades no pueden posponer más la toma de decisiones para generar sostenibilidad financiera y, sin duda alguna, los estudiantes, particularmente las federaciones, tienen la obligación de exigir responsabilidad y desempeñar un papel protagónico en los cambios necesarios por medio de la denuncia de los abusos, pues no pueden permitir que los salarios se coman los recursos del estudiantado.

Por ello, la comisión que estudia el FEES comenzará la etapa de conclusiones, las cuales quedarán plasmadas en un informe que se espera contribuya a tener un mejor sistema de educación pública universitaria y que sea tomado con mucha seriedad por los líderes académicos del país y los estudiantes.

La autora es diputada.