Saray González Agüero. 8 septiembre

Parafraseo a Fernanda Sánchez, quien desesperadamente envió ese último mensaje a su hermana antes de ser asesinada y cuya noticia leí en el periódico La Nación el domingo 30 de agosto.

Me sentí muy removida emocionalmente al asociar este relato con vivencias cercanas y dramáticas de mujeres quienes han sufrido toda clase de amenazas, insultos y vejaciones. Algunas de ellas sobreviven; otras, no lo lograron.

La causa por la cual no lo lograron fue, quizás, la parálisis emocional producto del miedo a hablar, a denunciar o por anteponer el qué dirán. Tal vez por el temor económico, el temor social y, a veces, hasta por temor religioso.

La clave está en atreverse, en no quedarse enlodadas en el sufrimiento y en tener cuidado con sus propias sentencias, tales como “no puedo”, “no soy capaz”, “no tengo salida”, pues los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo.

Nada justifica la miseria de vivir con un agresor que se alimenta del sufrimiento de su víctima y usa su poder para inflar su pobre y frágil ego, porque ese es el único camino que tiene para creerse fuerte.

Podríamos analizar y profundizar muchísimo desde el punto de vista psicológico los motivos por las cuales los agresores se envalentonan siempre y cuando estén a solas con sus víctimas; sin embargo, quiero enfocarme más en el aspecto legal detrás de estas dantescas tragedias.

Hay un temor muy generalizado en nuestra sociedad que detiene a las víctimas y, por eso, no dan el paso hacia la recuperación de su dignidad y de sus vidas. Ese miedo tiene que ver con el mito de la incredulidad y la desconfianza en nuestro sistema judicial.

De todos es conocido que los procesos son muy desgastantes emocional y hasta económicamente, y de todos es conocido, también, el cáncer de la corrupción que ha invadido los sistemas judiciales en muchos países.

 Fernanda Melissa Sánchez Aguilar, de 31 años, y su hija Raisha Fabiola Ríos Sánchez, de 12 años.
Fernanda Melissa Sánchez Aguilar, de 31 años, y su hija Raisha Fabiola Ríos Sánchez, de 12 años.

No obstante, son pocos quienes han quebrantado su deber moral, por lo que nunca debemos perder la fe en el profesionalismo y la ética de nuestros jueces que sí cumplen su deber y sí imparten justicia.

He visto casos en los que, a pesar de las impresionantes manipulaciones, mentiras y matráfulas de los ofensores y de sus defensores, la justicia ha imperado, no obstante las apelaciones en todas las instancias.

Los ofensores viven ocultando su currículo manchado por una condena penal, aunado a la orden de resarcir el daño moral que infligieron a su víctima.

Vale la pena resaltar que ha habido víctimas en nuestro país que la Sala de Casación revindicó, y sea quien fuere el ofensor, esté acostumbrado a que todo se compra y a lograr sus objetivos mediante contactos o no, es condenado como la verdadera justicia ordena gracias a profesionales que sí conocen y practican los conceptos de ética e imparcialidad.

Ojalá casos como estos devuelvan a Costa Rica la fe en nuestro sistema judicial y en los valores que deben imperar en un Estado de derecho. Ojalá casos como estos den valor a muchas víctimas que creen que no hay salida para ellas. Ojalá casos como estos recuerden a los agresores que no todo se compra.

La autora es psicóloga clínica.