15 enero, 2016

El presidente de la República, quien llegó a la presidencia con el lema de “un cambio responsable”, no solucionará el gran problema de transporte de personas y productos en el país.

No lo resolverá porque el problema es tan grande y los cambios deben ser tan profundos que su gobierno, en los próximos dos años que le faltan, no podrá.

No por falta de capacidad, la verdad es que ningún gobierno en cuatro años arreglaría una situación de esta magnitud, ni el gobierno de Solís, ni el que pasó, ni el que vendrá.

Otros países empezaron este proceso hace mucho tiempo. Las bellas ciudades de Europa no siempre fueron tan ordenadas como las vemos ahora. Múnich, Estocolmo y Madrid, por mencionar algunas, tardaron décadas para contar con transporte eficiente.

En los años 70, estas ciudades también tenían congestión, las plazas centrales eran estacionamientos y no zonas peatonales como las vemos ahora. Berlín tenía un porcentaje de viajes en bicicleta inferior al de la GAM, de un 2,5%. Pero con un cambio progresivo de políticas, creció a un 13% en el 2008 la forma de desplazarse en este tipo de vehículo.

Lo que el presente gobierno debe y tiene la responsabilidad de hacer es dar inicio al cambio necesario hacia un país con movilidad y accesibilidad sostenible.

El problema de transporte se refleja en la constante congestión vial de nuestras ciudades, producto de una combinación de factores como el exceso de viajes en carro, el autobús es lento e incómodo y falta de infraestructura vial. Esto último debe darse de manera estratégica.

A la gravedad del problema se le suma que algunas de las políticas necesarias para hacer un cambio no son, en general, bienvenidas por la población.

Si bien la sociedad costarricense está dispuesta a pagar y a esperar unos meses mientras se construyen nuevos pasos a desnivel, la congestión no disminuirá creando más espacio para autos, lo que se logrará será inducir a las personas a conducir más.

¿Qué hay que hacer? Atacar el problema por otras vías, como lo son la inversión en transporte público y desincentivar el uso del vehículo privado en las ciudades, donde existe más congestión. Para hacer lo segundo, primero hay que trabajar en lo primero.

Estas políticas son difíciles de impulsar. Invertir en infraestructura pública toma mucho tiempo y dinero porque un sistema de transporte no funciona a cabalidad hasta que no exista una apropiada red de buses, tranvías y trenes suficientes para sustituir nuestra cultura dependiente del automóvil.

Disminuir el uso del vehículo privado tampoco es fácil, es mal visto por la población, pues en estos momentos el carro es superior en comodidad y tiempo de viaje que el bus, lo cual no tiene por qué ser así.

Estás son las razones por las cuales se ve difícil que un gobierno quiera impulsar estas acciones, pues implican políticas que toman más de cuatro años en mostrar sus resultados, y así no proveerían muchos votos en las próximas elecciones, a menos que la ciudadanía sepa y entienda por qué son necesarios.

Y esto nos trae al título del artículo. No es Solís, ni el presidente que lo suceda en el cargo quien va a resolver el problema del transporte; es la población la que lo hará cuando exijamos una política de cambio en este campo y se les permita a los gobernantes que les siguen continuar las obras porque no beneficiarán a sus partidos ni a sus campañas políticas, sino a todos los ciudadanos.

La solución será costosa e incómoda a mediano plazo, pero luego serán las únicas que darán alivio a las constantes presas.

El autor es ingeniero civil