EscucharLas comunidades que habitan en la cuenca del Térraba, río abajo del posible sitio de presa del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, iniciaron un proceso para informarse y consolidar un criterio alrededor del polémico proyecto y los impactos que podría tener para el cantón de Osa. A inicios de 2010, varias organizaciones locales solicitaron al ICE la realización de una serie de foros informativos. Estos tuvieron lugar en marzo, pero, más que solventar las dudas, generaron muchas más preguntas que se recogieron en un cuestionario que fue enviado a la Dirección del Proyecto y a otros actores relevantes.
Pasaron más de 100 días para que el ICE diera una respuesta y aún no se tiene ninguna del vicepresidente de República, Alfio Piva, quien coordina la Comisión Interinstitucional del Diquís (decreto N.º 36513), de la cual quedaron excluidas comunidades y municipalidades.
Demanda de información. Las inquietudes de los habitantes de Osa son diversas: algunas muy básicas y otras muy complejas a las que el ICE seguramente nunca podrá responder. A pesar de su presencia de décadas gestionando la idea de una hidroeléctrica en la zona, no es sino hasta ahora, por la iniciativa e insistencia de las asociaciones de desarrollo, que el ICE empieza a dar información.
Entre las preguntas básicas que tienen estas personas, destaca la preocupación por el empleo que la actividad generará en la zona, especialmente sobre las posibilidades reales para la gente local. Otra de las preocupaciones tiene que ver con las afectaciones al sistema hidrológico río abajo, particularmente con lo que pueda suceder al canal del distrito de riego de Palmar Sur. Esta es una información de gran importancia en una zona que depende de sus cultivos y es una de las preguntas que, hasta ahora, no ha tenido respuesta.
Las comunidades se preguntan por el trazado y los impactos de las líneas de transmisión que saldrán de la casa de máquinas ubicada en Palmar Norte, pues el traslado podría afectar los planes de conservación local sobre la Fila Costeña. Mucha preocupación causa también el impacto económico negativo que podría sufrir la ecología, la productividad y la actividad turística en la zona del humedal Nacional Térraba-Sierpe (sitio Ramsar desde 1995).
Estas preguntas tratan de disminuir la incertidumbre para poder hacer una mejor gestión de iniciativas comunales, que es lo que por ley compete a una asociación de desarrollo.
Siembra incertidumbre, cosecha resistencia. ¿Qué respeto y transparencia puede haber para las autoridades locales que tuvieron que esperar meses para saber –por ejemplo– algo tan simple como el número de expediente del proyecto en la Setena? Esta, y más de 40 preguntas que se hacen los representantes comunales, son una señal sobre la calidad y cantidad de información que está socializando el ICE.
Los vecinos y las vecinas han tenido que perseguir la información por diversos medios y, ante lo que sintieron como el silencio del ICE, han iniciado un acercamiento con las comunidades indígenas, grupos ecologistas, universidades y comunidades afectadas por las líneas de transmisión en Dota y a lo largo del país. Lo que se quiere no es que vengan expertos a recitar estudios ni datos sin sentido, sino que se responda oportunamente a las comunidades que hacen un valioso ejercicio intelectual y muestran su preocupación por documentarse objetivamente y de manera formal.
La consulta a las comunidades indígenas no exime al ICE de generar un proceso de participación amplio con otras comunidades afectadas por el proyecto y también en el ámbito nacional. Estas comunidades río abajo o las que se vieran afectadas por otras obras del proyecto también son importantes y tienen el mismo derecho a ser informadas y consultadas. Nosotros nos preguntamos: ¿por qué hay un “proceso de convencimiento” clientelista con algunas comunidades y con otras ni siquiera hay transparencia? Parece la simple estrategia transnacional de dividir comunidades y sectores. Si el ICE quiere diferenciarse de las transnacionales y asegurar que es mejor gestionado los proyectos, deberá revisar su estrategia radicalmente.
La gestión socio-ambiental implica algo más que “servicio al cliente” y los dogmas del “cliente tiene la razón” que ahora repite automáticamente el ICE como si fuera empresa transnacional. Las transnacionales, después de años de estarse lucrando, explotando a los seres humanos y el ambiente, hoy tratan de lavar su imagen con la tal “responsabilidad social corporativa”. En la práctica, es lo que está tratando de hacer el Gobierno al “comprar” apoyo popular con obras públicas y otros beneficios que debieron hacerse porque son necesarias y no solo porque media la construcción de una la represa.
Las y los costarricenses seguimos siendo los dueños del ICE y como tales tenemos derecho a exigir que asuma un comportamiento más ético y que respetuoso de la participación social y de las preocupaciones ambientales.
Queremos al ICE como una empresa nacional; un ICE respetuoso del ambiente y estratégico; no como una empresa transnacional al estilo “Crucitas”, comprando la viabilidad social de los proyectos.
Seidy Salas, Comunicadora social Mauricio Álvarez Geógrafo Docentes, Universidad de Costa Rica
