Cultura de la Constitución en Costa Rica

Los hallazgos del estudio, cuyo análisis estuvo a cargo de Luis Cordero, Rubén Hernández, Carla Morales y Daniel Zovatto, permiten distinguir los claroscuros de la sociedad costarricense, así como la gran paradoja que la caracteriza al percibirse un divorcio entre sus aspiraciones como sociedad y la vivencia como tal en la práctica. Dicho estudio se expuso el pasado lunes 22 de junio en la sede de la Asamblea Legislativa. En general, la desagregación de los resultados permite destacar, en el terreno positivo, la alta valoración y apoyo que los entrevistados otorgan a la democracia como forma de gobierno y convivencia. También se observa un aceptable grado de conocimiento de las principales instituciones del sistema político. En cuanto a la vigencia y respeto de los derechos individuales, los costarricenses perciben que en el país imperan amplios derechos y que, en general, estos se respetan. Asimismo, con un claro entendimiento de la conveniencia de vivir apegados a la legalidad, las principales aspiraciones de los costarricenses pasan por convivir en una sociedad donde se cumpla la ley y se trate a todos por igual.

Constitución y transgresión. En el terreno negativo, se observa que la mayoría de los costarricenses se perciben a sí mismos como un colectivo insatisfecho. No hay complacencia con el marco legal que dicta las normas necesarias para una buena convivencia, ni tampoco con la práctica vigente en sus relaciones sociales. Los ticos sienten que no se respetan los unos a los otros, que no se cuidan los espacios y bienes públicos y que el marco legal no contribuye a esa convivencia.

Por otra parte, pese a la existencia de un sustantivo arraigo y apoyo al sistema democrático, los costarricenses perciben que los valores de apego a la paz y la democracia han ido perdiendo relevancia ante una realidad que se caracteriza por una escasa seguridad jurídica, por altos niveles de corrupción e impunidad, violencia en aumento y una creciente incapacidad de asombro e indignación por parte de la ciudadanía y las autoridades. En cuanto a la legalidad, los datos reflejan un profundo desconocimiento de la Constitución y las leyes, así como una marcada tendencia a la transgresión, tanto en forma individual como colectiva, incluidas las principales instituciones políticas del país.

Como se infiere, el estudio pasó revista por diversos temas que afectan la vida política y social del costarricense, sobre los cuales podrían hacerse vastos comentarios. Por su importancia, en este artículo nos detendremos en los siguientes cuatro aspectos.

Apoyo a la democracia. Si bien la democracia es considerada la mejor forma de gobierno, los acontecimientos de los últimos años, sobre todo en los campos de la economía y la seguridad, han provocado un aumento de las expectativas en la atención a los problemas relativos al bienestar económico de la población y un cierto desencanto con el sistema. Aun así, la democracia parece continuar firme en los patrones culturales de los costarricenses. Los resultados muestran que 75 por ciento de la población estudiada prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno. De igual modo, en un apego a las reglas del sistema, 75 por ciento manifestó su disposición a obedecer decisiones tomadas por la mayoría, aunque no las comparta.

Conocimiento de la Constitución. Uno de los principales hallazgos del estudio es el escasísimo conocimiento que tiene la población de su Constitución Política. Ciertamente, solo 2 por ciento afirmó conocerla mucho, 9 por ciento bastante, y el restante 88 por ciento afirmó que conoce poco o nada de la Carta Magna.

El nivel de escolaridad y la edad no hacen una diferencia en cuanto al comportamiento registrado en esta variable. Si bien se observa que los sectores con más escolaridad cuentan con mayor conocimiento de las leyes, los datos mostraron que 71 por ciento de los universitarios desconoce la Constitución, cifra que se eleva a 90 por ciento en la población con estudios secundarios. Estos datos, en una sociedad con amplio acceso a la educación y con apego a un régimen democrático, no son para nada halagüeños, en la medida en que se evidencia un extendido desconocimiento de las normas legales básicas que rigen la convivencia política y social del país.

Por otra parte, los datos sobre la Constitución presentan una paradoja, pues a pesar de que no se conoce el texto legal, un elevado porcentaje de la población estudiada no solo le otorgó una gran relevancia (86 por ciento), sino que además expresó su opinión de que esta no se cumple y que debería ser reformada, donde 63 por ciento se manifestó a favor de una reforma total y 23 por ciento por una parcial. La interrogante que surge aquí, y que debe llevarnos a reflexión es: ¿con base en qué criterios se puede destacar la importancia del texto legal y sugerir su reforma, sin que exista un vasto conocimiento sobre este?

Obediencia a las leyes. En este ámbito, la población percibe que en Costa Rica solo se respetan y cumplen algunas leyes, y que solo se aplican algunos artículos de la Constitución. De igual forma, y pese a que los resultados muestran que existe plena conciencia de que el respeto a la ley beneficia a todos y que es un deber moral cumplirla, el costarricense se observa a sí mismo en términos severos y se autocalifica proclive a la transgresión (67 contra 31 por ciento), e incluso, “en ciertos casos”, llega a justificar ese comportamiento. Así, 57 por ciento de los entrevistados se mostró de acuerdo con la afirmación de que en algunos momentos es necesario desobedecer la ley, mientras que 41 por ciento manifestó su desacuerdo.

Esta tendencia a la transgresión no solo se asume como propia, sino que se transfiere a los demás, tanto al plano individual como al de las instituciones específicas. En ese sentido, se pidió a los entrevistados una valoración del nivel de respeto a la ley por sectores. En un rango de 0 a 10, donde 10 es “se respeta mucho” y 0 “no se respeta nada”, los resultados otorgaron un 6 para el Gobierno, los jueces, las municipalidades y para “los demás”; un 5 para los policías y un 8 para sí mismo.

Conocimiento y confianza en las instituciones. Los datos muestran que existe un buen nivel de conocimiento de las instituciones públicas y sus funciones, destacándose como las más conocidas las encargadas de la administración de justicia y la organización de las elecciones. Sin embargo, si bien no hay un desconocimiento total del ámbito de acción de otras instituciones, sí se observan algunos niveles de confusión en cuanto a las funciones de algunas, sobre todo las relativas a la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.

Al analizar el nivel de confianza, se evidencia que este no es alto, sino más bien medio y bajo. El Tribunal Supremo de Elecciones y la Defensoría de los Habitantes presentan los mayores niveles (7, en escala de 0 a 10); el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia alcanzaron un 6, y la Asamblea Legislativa junto con la Policía obtuvieron un 5.

Reflexión final. Los datos reflejan una realidad que no se puede eludir y que reclama acciones urgentes, tendientes a fortalecer en la sociedad costarricense una verdadera cultura de la legalidad, que abarque desde el ciudadano común hasta las principales instituciones políticas. Es necesario, asimismo, retomar los valores sociales que han caracterizado a los costarricenses para reinsertarlos en la sociedad y crear en ellos el sentido de pertenencia y solidaridad.

Este es un tema complejo, profundo, sin respuestas simples y puntuales. Su atención demanda una estrategia integral, continua y de largo aliento. En el diseño y aplicación de esa estrategia, la responsabilidad es compartida, pues no solo es competencia de los gobernantes, sino, también, de los ciudadanos. El diagnóstico ha sido abordado en el estudio que sirvió de fuente para este artículo; el análisis de sus consecuencias e implicaciones, así como la formulación de propuestas, son los retos que están por delante.