EscucharCon una caja repleta de documentos, la presidenta Laura Chinchilla dramatizó ante la comunidad limonense los obstáculos interpuestos a la construcción del megapuerto contratado con la firma holandesa APM Terminals. La concesión ha superado apelaciones al cartel de licitación y a la adjudicación, recursos de amparo e inconstitucionalidad, incidentes de nulidad y, por último, cuestionamientos ambientales.
El obstáculo pendiente consiste en las medidas cautelares dictadas para impedir la construcción de una vía que conecta la carretera principal entre San José y Limón con la zona del proyectado puerto. Para llegar hasta el sitio de la construcción, es preciso abrir en el bosque un camino al cual le faltan unos 80 metros y construir un puente sobre el río Moín.
A fin de cuentas, la discusión se reduce a la tala de unas cuantas docenas de árboles y el tendido del puente, sin pilotes, para cruzar el río sin afectar la zona de humedal establecida en sus márgenes. Ni el bosque es primario ni es imposible compensar, con creces, la limitadísima tala de árboles.
En el otro lado de la balanza hay una inversión de más de $1.000 millones que llevará progreso y fuentes de trabajo a la provincia, además de fortalecer la competitividad del país. Está en juego, también, la imagen de Costa Rica entre los inversionistas internacionales.
Los cuestionamientos ambientales, como resulta evidente, son una excusa para impedir la construcción del puerto, temida por los sindicatos establecidos en Limón y por la Cámara del Banano. Sindicalistas y empresarios de sectores muy específicos se dan la mano en la preservación de sus respectivos negocios, aunque el interés nacional esté en otra parte.
Los 80 metros de bosque, el puñado de árboles y la supuesta afectación del humedal constituyen, simplemente, el último bastión de la defensa de estrechos intereses sectoriales. No funcionaron los otros obstáculos interpuestos a la concesión y queda este último, proveído por la compleja legislación ambiental, no siempre alineada con el sentido común.
“Algunos intereses espurios de empresarios que no son de Limón y de los sindicatos han secuestrado a esta provincia. Son ellos los que en el pasado, desafortunadamente con la complicidad de algunos Gobiernos, negociaron convenciones colectivas vergonzosas. Ellos pueden no trabajar y siguen recibiendo sus salarios; ellos pueden paralizar los puertos y no les importa”, puntualizó la mandataria.
Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, tampoco cedió terreno a los intereses creados. En el curso de una reunión con sindicalistas limonenses, expresó sin ambigüedades su intención de seguir adelante con el proyecto, con la única salvedad de los posibles pronunciamientos judiciales en contra.
“Pago el costo político que tenga que pagar”, afirmó el candidato frente a los sindicalistas. En su administración no habrá replanteamiento del contrato. Por el contrario, expresó la necesidad de proteger la imagen del país ante la comunidad internacional de negocios.
El acuerdo entre la mandataria saliente y su probable sucesor, así como la aceptación del proyecto por amplios sectores de la provincia, apuntan a la necesidad de hacer del megapuerto una realidad. Si la maraña legal construida a lo largo de los años lo impidiera, con la excusa de preservar unas cuantas docenas de árboles, es hora de reformarla.
Costa Rica no debe abandonar jamás su vocación ecologista y ningún proyecto de desarrollo puede ser aprobado sin evaluar el costo ambiental, pero la evaluación debe sopesar todos los bienes en juego y es preciso que su resultado sea, ante todo, racional y concordante con los mejores intereses nacionales.
