EscucharEl presidente Carlos Alvarado ha anunciado la presentación de una sustantiva agenda de proyectos durante el próximo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que comenzará el 1.° de diciembre y se extenderá hasta el 30 de abril. Son cinco meses en los que, al igual que durante agosto, el Ejecutivo define la agenda legislativa y, de este modo, refleja sus prioridades y modula las de otros sectores políticos.
Aunque la lista de 22 propuestas, revelada en un artículo publicado en nuestra edición del pasado domingo, es heterogénea tanto en sus orígenes como en sus temas y conveniencia —o no— para el país, la consideramos positiva, como señal de una voluntad reformadora e incentivo para la toma de decisiones de trascendencia. Además, celebramos la actitud receptiva que han mostrado hacia ella la mayoría de las fracciones legislativas.
Algunos de los proyectos anunciados son originales del Ejecutivo; otros proceden de diputados de su propia fracción o de la oposición. Algunos ya estaban en la corriente legislativa y simplemente serán reactivados; otros son originales. Y algunos levantan serias dudas porque, al menos hasta ahora, carecen de adecuado soporte técnico y podrían conspirar contra las declaradas pretensiones de sus proponentes. Pero la mayoría se inscriben en la línea de los aportes y, entre ellos, un buen número puede considerarse como positivamente transformadores.
Entre estos ubicamos la regulación del derecho de huelga, que solo requiere pequeñas enmiendas y un segundo debate para su aprobación final; la modernización de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a lo que nos referimos en un reciente editorial; los proyectos que restan para cumplir los requisitos de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la flexibilización de las jornadas laborales, junto a la cual se promoverá el fortalecimiento de la Inspección Laboral.
También debemos destacar la posible refundición de entes públicos redundantes, y la reforma al Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup), institución disfuncional que, por un lado, limita la innovación, y, por otro, tolera y hasta fomenta, con su negligencia y falta de herramientas, la mala calidad educativa.
Una mención aparte merece, en esta misma dimensión transformadora, la Ley de Empleo Público. Si bien su primera versión requiere ajustes, su esencia es clave para contar con un aparato estatal más eficiente, eficaz y estratégico, mediante nuevos procesos de contratación, evaluación y remuneración, que además simplifiquen los complejos, dispares y hasta injustos sistemas en vigencia.
En un ámbito menos estructural, pero también trascendente y vinculado con el transporte público, están el crédito para los estudios de factibilidad del tren eléctrico de pasajeros, y la regulación de las plataformas de movilidad, como Uber, y de la interacción entre estas y los taxis, algo que también tiene ineludibles implicaciones laborales, fiscales y de seguridad.
Otro conjunto de proyectos, algunos polémicos y todos necesitados de amplia discusión y análisis técnico, se refieren al “salvamento” de personas altamente endeudadas, los límites a las tasas de interés, y los cambios al uso del Fondo de Capitalización Laboral y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). En cambio, consideramos adecuada la posible amnistía de los intereses y multas adeudados a la Caja por pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia.
La “modernización” de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tiene el riesgo de que, sin necesidad alguna, se le asignen tareas que podría realizar con mayor eficiencia y transparencia el sector privado. El proyecto de Ley de Recurso Hídrico ha sido conciliado en gran medida, pero probablemente amerite más discusión, y aunque suscribimos que se prohíba la exploración y explotación petrolera, es necesario valorar si la mejor forma de hacerlo es por ley o, más bien, mediante la extensión de la moratoria.
Nunca habrá certeza de lo que, finalmente, decidirán los diputados, producto de su interacción entre ellos y con el Ejecutivo, y sin duda será imposible votar todas las iniciativas de la lista. Pero sí es posible tener esperanzas de que, dada la positiva naturaleza de muchos proyectos y la actitud constructiva de tantos legisladores y fracciones, el resultado implique importantes avances para nuestro bienestar. Los antecedentes del desempeño legislativo, lo mismo que la disposición al diálogo serio entre las partes, son muy buenos indicios. Falta que se conviertan en realidades tangibles.
