Su financiamiento está garantizado porque proviene de aportes a las planillas que paga, esencialmente, el sector privado. Este año, su presupuesto alcanzó alrededor de ¢145.000 millones, muy similar al de la Universidad Nacional. Tiene presencia en todo el país, cuenta con un numeroso cuerpo docente y un gran número de estudiantes. Sin embargo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) carece de un elemento central para potenciar estos y otros recursos: flexibilidad. Por eso, su impacto en la capacitación oportuna y relevante para el empleo, la satisfacción de las necesidades del sector productivo y, como resultado, nuestro crecimiento económico, se ha quedado muy corto.
Tal es, en esencia, el diagnóstico que ofreció Pablo Boscherini, experto consultor en política para el empleo de Eurosocial, programa de capacitación técnica para América Latina de la Unión Europea, en declaraciones que publicamos hace pocos días. Su valoración está lejos de ser un descubrimiento; de hecho, durante años han abundado las críticas en ese sentido. Pero ahora hay algo distinto y estimulante: todo indica que, por primera vez en muchos años, existen grandes posibilidades de que el INA se transforme y convierta en una institución mucho más relevante para la sociedad en general y para los trabajadores y empresarios en particular.
El hecho de que, desde mayo, Boscherini le brinde asesoría sobre cómo responder de manera más ágil y oportuna a las necesidades del mercado laboral, y cómo adaptarse a las oportunidades y retos de las nuevas tecnologías, es un excelente augurio. Pero más importante aún es que las más altas autoridades de la institución, encabezadas por su presidente ejecutivo, Andrés Valenciano, y su Junta Directiva, han tomado la iniciativa de modernización. Para avanzar, han desarrollado un exhaustivo proceso de información, consultas y reflexión, tanto internas como externas, que no solo podrá desembocar en una gestión mucho más eficaz de lo que ya hace, sino en un replanteamiento mucho más profundo. Esto implica una actualización de su Ley Orgánica, cuya última versión data de 1983.