Editorial: Un paso precipitado

El informe identifica dos grupos de estudiantes, uno de bajo nivel (un 51 %) y otro con competencias intermedias (un 49 %), pero también señala el desarrollo de actitudes positivas y alta eficiencia en el uso de aparatos digitales, independientemente del nivel. Por otra parte, una encuesta dirigida a 17.731 docentes de primaria y secundaria reveló un 23 % con competencias digitales avanzadas, un 36 % con nivel intermedio y un 41 % con habilidades iniciales, pero el grupo avanzado destaca por haber recibido formación en informática educativa.

En cada caso, la deficiencia o, más bien, el reto por superar viene seguido de la fortaleza que marca el camino hacia la meta. Además, Isabel Román, coordinadora del informe, aclara que los problemas no son responsabilidad del Programa de Informática Educativa, pues, por el contrario, “ha logrado crear ciertas fortalezas que, bien aprovechadas, podrían ser la base de mejoras sustantivas y generalizadas en la conectividad de los centros educativos y en las competencias digitales de estudiantes y docentes”.

Según el Octavo estado de la educación, publicado en el 2022, “sin el Pronie, que ha formado docentes con competencias digitales, la situación del país sería alarmante”, y agrega que “el programa ha logrado que un grupo importante de docentes, aunque minoritario, sean capaces de usar las tecnologías para promover en los estudiantes el pensamiento computacional para resolver problemas y desarrollar el pensamiento crítico, una fortaleza con la que el país cuenta. El potencial del Pronie no ha sido aprovechado, pues no se generalizó en todo el sistema, se le confinó a ser una materia opcional de informática educativa en los centros de enseñanza y no se aplicó como una política generalizada y obligatoria en todas las asignaturas”.

Mejor defensa del programa no podría haber. Por eso, inquieta el uso de los pasajes críticos para justificar una medida tomada sin recibir a la Fundación Omar Dengo en el seno del Consejo Superior de Educación y, según abogados de esa entidad, sin considerar si el Consejo está facultado para poner fin al convenio.

La fundación anuncia su propósito de litigar el caso con base en la declaratoria de interés público de la Ley N.º 8207, del 3 de enero del 2002. En su artículo 1.º, la norma declara “de utilidad pública el Pronie del MEP ejecutado por la FOD”. Los abogados de la fundación señalan que el Consejo Superior de Educación no tiene facultades para modificar la ley. Aplaudimos la decisión de elevar el caso a las instancias donde deba resolverse, pero, más allá de los argumentos legales, conviene preguntar por qué, si se citó fuera de contexto la autoridad del Informe del estado de la educación para justificar, aunque fuera parcialmente, la decisión tomada, no se escuchan sus poderosas razones en contrario.

Como en otras oportunidades, las explicaciones del Ministerio de Educación Pública son escuetas y poco se sabe de los planes para sustituir el programa de enseñanza informática, inaugurado en 1988. Hasta el momento se desconoce el acta donde se registró el acuerdo del Consejo y se habla de una nueva estrategia para enseñar informática. El Ministerio la presentará entre octubre y noviembre y la pondrá en práctica en el 2024. Mientras tanto, habrá un programa de “reforzamiento y nivelación intensivo en formación tecnológica” entre julio y diciembre. No es un planteamiento en firme para llenar el vacío de una iniciativa con 35 fructíferos años de historia.