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Las razones del derrumbe de cinco casas en Altos de Leonamar deben ser esclarecidas, no solo para verter luz sobre posibles responsabilidades civiles, sino, sobre todo, para evitar acontecimientos similares con consecuencias más graves. Las viviendas no estaban habitadas, pero en otro momento el derrumbe pudo haber sorprendido a personas del vecindario o en la ruta de los escombros.
La inexistencia de daños personales no es cuestión de suerte. Ingenieros de la Municipalidad de Garabito y los propietarios sabían del problema y pensaban iniciar trabajos antes del invierno para evitar una tragedia, confirmó el regidor Francisco José González Madrigal. El presidente de la Asociación de Vecinos de Altos de Leonamar, Abel Chaves, también aceptó el conocimiento del riesgo por los propietarios y la adopción de precauciones.
Las circunstancias invitan a preguntar sobre la concesión de permisos, la inspección de las obras, los estudios de suelos y una larga lista de dudas. No obstante, en la Municipalidad de Garabito, donde deberían estar interesados en esclarecer los hechos, las autoridades intentan imponer silencio y correr los velos para evitar miradas del exterior.
El título del comunicado recibido el 6 de febrero por el personal no se anda con rodeos: “No hablar con la prensa”, afirma tajante. “Reciban un cordial saludo y a la vez les informo que con indicaciones del señor alcalde, se les prohíbe hablar con la prensa sobre la situación del sector Altos de Leonamar. Solo con autorización del señor alcalde y de mi persona podrán realizar entrevistas, ya que para eso existe un departamento de prensa”, dice la nota firmada por Roberth Guevara Guevara, coordinador interino de Servicios Técnicos de la Municipalidad.
La orden es, al mismo tiempo, reflejo de menosprecio al derecho de los ciudadanos a ser informados sobre asuntos de interés público y un reconocimiento a la labor esclarecedora de la prensa, sin la cual ese derecho no se podría concretar. La Municipalidad de Garabito teme a la discusión pública de lo sucedido en Altos de Leonamar y esa es razón de más para insistir en conocer hasta el último detalle.
El alcalde Tobías Murillo Rodríguez dijo desconocer la existencia de la circular y responsabilizó al Ing. Guevara, a quien atribuyó la “buena intención” de centralizar la información para evitar tergiversaciones. En sí misma, la explicación despierta inquietudes. La primera es si el Ing. Guevara será sancionado por suplantar la voluntad del alcalde.
La segunda es sobre los medios que la Municipalidad cree tener para imponer el acatamiento de una orden totalmente salida del orden constitucional. La Sala IV, para citar un ejemplo, dejó sin efecto la sanción impuesta por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) a su jefe de talleres por conversar con la prensa sobre deficiencias en el mantenimiento de los trenes Apolo operados por la empresa estatal. Pero no hace falta ser experto en la materia para darse cuenta de la ilegitimidad de la orden.
La tercera duda es sobre el Departamento de Prensa citado en la nota. ¿Ignoran esos expertos que la mejor forma de “centralizar” el mensaje es poner voceros responsables e información veraz a disposición de la prensa? Una directriz como la comentada tiene pocas probabilidades de éxito. Siempre hay alguien dispuesto a hablar y siempre es posible proteger su identidad. El peligro para quienes intentan imponer el silencio es que esas fuentes brinden datos inexactos que no puedan ser rectificados precisamente porque impera la ley del silencio.
Si no hay nada que esconder, lo mejor es exhibirlo todo. Esto conduce a la cuarta duda: ¿Hay intención de esconder algo? La Municipalidad y la Comisión Nacional de Emergencias alegan desconocimiento del riesgo, pero el regidor González y el presidente de la asociación de vecinos dicen que los problemas eran conocidos. Además, hace un año habían hecho obras de mitigación. ¿Requerían de permisos y, de ser así, a quién se lo pidieron? Es necesario seguir preguntando.
