Desde hace unos siete años, funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) saben de algunos directores de escuelas y colegios que inflan la matrícula para recibir un salario más alto, pero hasta ahora no han hecho mayor cosa por eliminar el acto indebido. Organizar protestas y huelgas parece tener prioridad sobre el trabajo encargado por la sociedad al MEP, pues de acuerdo con la auditoría institucional ni siquiera se utiliza un programa de cómputo único, tecnología de simple instalación y solo requiere voluntad para ponerla en funcionamiento. Esto es deplorable.
Para el registro de matrícula, notas y otros informes, en el 2016, el MEP puso en operación el Programa de Información para el Alto Desempeño (PIAD), el cual cuenta con una herramienta llamada Sistema de Información para la Gestión del Centro Educativo (Sigce), pero, según detectó la auditoría interna, un 40 % de los centros educativos continúan utilizando sus propios sistemas de registro.
Inflar la matrícula no solo produce pagos indebidos a los directores, también altera las estadísticas oficiales en materia educativa, y esto es muy serio. Si, como se dice en la materia, el sistema se alimenta con basura, los resultados también contendrán basura. Muchos de esos registros se llevan en forma manual; en consecuencia, la consolidación de información toma meses y el resultado impide la toma de decisiones oportunas por parte de las autoridades.
Los informes de auditoría incluyen observaciones como: no hay documentos que indiquen qué pasó con los alumnos faltantes, hay boletas duplicadas y sin firmar, no se logró establecer la matrícula real por faltar varios grupos, no había acceso a los expedientes.
La desidia de las autoridades del MEP es típica de los entes públicos exentos de rendir cuentas de sus acciones. Muchos directores, por tanto, inflan las cifras y obtienen pagos inmerecidos con la esperanza de no ser detectados y, quizá, porque saben que aunque se les identificara no se les rebajarán las remuneraciones obtenidas de forma ilícita. Si tal actitud se extiende a todo el sector público, conformado por unas 330 entidades, entonces, lo resultante es que el país gasta mucho en remuneración de burócratas y no tiene garantía de que los productos recibidos de ellos sean los requeridos.
Urge adoptar un eficaz sistema de sanciones, cuya definición sería el valor resultante de ponderar la posibilidad de identificar la falta por el monto de la pena. Por el gran tamaño del sector público, para llevar al 100 % el valor del primer elemento es necesario contar con un ejército de auditores muy bien motivados. No sería práctico. Lo procedente es elevar significativamente la penalización. Si los directores de colegio saben que pueden perder el cargo y hasta ser juzgados cuando se comprueben faltas, ellos mismos ejercerán el autocontrol. Y el autocontrol es el mejor de los controles.
En el MEP, no se recuperan de los educadores y funcionarios administrativos los costos —pérdida de clases, pérdidas económicas por bloqueos de calles, etc.— que sus actuaciones sin justificación imponen a la sociedad que paga sus sueldos con los impuestos. Tampoco se recuperan los que producen los funcionarios que se desempeñan en otros sectores y empresas estatales, algunas vitales, como la Refinadora Costarricense de Petróleo y, sobre todo, la Caja Costarricense de Seguro Social. No es de extrañar, pues, que al menor temor de perder privilegios los burócratas convoquen una huelga.
Costa Rica, por mandato constitucional, invierte gran cantidad de recursos en educación pública, y lo menos que la ciudadanía debe esperar es que en el MEP se trabaje conforme a los mínimos estándares de calidad de administración.
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