EscucharLos presidentes de los supremos poderes acordaron utilizar la vía rápida legislativa para aprobar diez proyectos de ley sobre seguridad ciudadana. El acuerdo del presidente del Congreso no compromete a los demás diputados, pero es difícil imaginar un rechazo a la idea en medio de la crisis delictiva.
En las circunstancias actuales, la mayor parte de las iniciativas son de sentido común. Impedir la naturalización de extranjeros condenados en los últimos diez años por delitos dolosos castigados con más de tres años de prisión, agravar los castigos para la modalidad de extorsión conocida como préstamo gota a gota, sobre todo si la “banca” es el crimen organizado, y privar del disfrute a los poseedores de bienes no justificados son medidas acordes con los retos planteados por la criminalidad del momento.
El crimen organizado, en especial el narcotráfico, se vale de la naturalización, en nuestro país y en otros, para evadir la justicia, evitar la extradición y establecer nuevas bases de operaciones. Los préstamos gota a gota son un fenómeno relativamente nuevo y la afectación de las ganancias es una de las armas más eficaces contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
Los fenómenos delictivos del momento también claman por la ampliación de los casos en cuya investigación es lícito practicar intervenciones telefónicas. También es sano establecer a los jueces un plazo para resolver las solicitudes. El uso frecuente de armas ilícitas en la ola de homicidios justifica de sobra el endurecimiento de las penas por poseerlas. Otro tanto puede decirse del castigo para los adultos que utilicen a menores para cometer delitos.
Una redacción cuidadosa para asegurar la armonía de los proyectos con la Constitución Política debería bastar para convertirlos en ley sin dilación. Pero el fortalecimiento del marco legal no es garantía de éxito, como queda en evidencia por las estadísticas de muertes en accidentes de tránsito, siempre en aumento pese a las reformas aprobadas para endurecer los castigos.
La policía judicial y la administrativa deben recibir los recursos necesarios para enfrentar a la delincuencia y materializar las intenciones de las reformas legales. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica lo señaló el lunes en su llamado urgente para frenar el “baño de sangre”.
Los obispos afirman, con acierto, que es responsabilidad integral del Estado asignar los recursos materiales y humanos para frenar la ola de violencia homicida. El comunicado pide aprobar las leyes necesarias, pero también garantizar la presencia policial en los lugares más afectados. El obispo de Limón, Javier Román Arias, profundizó en el reclamo de una presencia policial constante en vez del envío esporádico de agentes, pues solo sirve para desplazar temporalmente a los hampones.
Pero el fortalecimiento de la policía, sumado a las reformas legales, tampoco bastarán si no se toman en cuenta las causas fundamentales de la delincuencia señaladas por los obispos, como la exclusión educativa, la pobreza y la falta de oportunidades que facilitan el reclutamiento de jóvenes por las bandas organizadas.
La reacción nacional en todos los frentes no puede hacerse esperar si queremos preservar el respeto por los derechos humanos y las garantías individuales. Naciones vecinas demuestran hasta donde se puede llegar cuando la ciudadanía se harta de pagar peajes, préstamos abusivos y tributos de sangre. La lucha contra la delincuencia tiene profundas repercusiones políticas. No debemos olvidarlo a la hora de decidir dónde invertir.
