EscucharSegún el abogado Alan Thompson, la reforma del reglamento para la afiliación de trabajadores independientes deja espacio para interpretar que los ingresos base de las cuotas de la seguridad social comprenden las rentas pasivas, como el alquiler de una propiedad o los rendimientos de una inversión.
El experto en derecho tributario no debe estar muy alejado de la verdad si el constitucionalista Rubén Hernández Valle coincide en criticar el texto por la inclusión de rentas no derivadas del trabajo directo, lo cual aumentaría arbitrariamente el número de personas obligadas a la cotización.
Adrián Torrealba, coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, no se queda atrás: «Pedimos que la contribución se cobre únicamente por las rentas del trabajo, porque un independiente podría tener ingresos por alquileres, intereses y otras actividades». El Colegio califica las disposiciones propuestas de «confiscatorias».
Si el nuevo reglamento sometido a consulta por la Junta Directiva permite la interpretación temida por los expertos, sería ingenuo creer en una aplicación más favorable para el contribuyente si la normativa llegara a ser aprobada. Una presunción tan arriesgada ignoraría el historial de voracidad de instituciones sometidas a la constante presión interna para sostener un ritmo de gastos superior a las posibilidades de la sociedad.
Cuando algunos grupos ideológicos responden a la pregunta sobre el límite de esas posibilidades, por lo general, piensan en la forma de extraer otro colón sin considerar las consecuencias. No solo se trata del peligro de incrementar la evasión y la informalidad, sino también de entorpecer el desarrollo económico, especialmente ahora, en vista de la lenta recuperación prevista después de la pandemia.
Cuando el gobierno planteó su primera propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional, se mostró también preocupado por las elevadas cargas sociales y propuso replantearlas de forma que dejen de ser un estímulo para el desempleo, la informalidad y el estancamiento económico. En eso, iba por la dirección correcta, pero la Caja Costarricense de Seguro Social parece empeñada en transitar la ruta contraria.
La institución cobra a los trabajadores independientes hasta el 18,5 % de sus ingresos porque, en su caso, no hay equivalente patronal. Además de entregar la quinta parte del fruto de su esfuerzo a la Caja, deben pagar impuesto sobre la renta, patentes, impuestos municipales y territoriales. En esas circunstancias, la evasión y la informalidad no causan sorpresa.
En el debate nacional sobre la carga tributaria, periódicamente avivado por alguna propuesta de ajuste, siempre surge la pregunta sobre el carácter de las cargas sociales, si se trata de impuestos o de contribuciones parafiscales, cuya existencia no debe tomarse en cuenta en el cálculo de la carga tributaria. No importa por donde se les mire, encarecen la producción y, sumadas a las demás obligaciones, afectan la competitividad. Asimismo, como no se trata propiamente de un tributo, su incremento no es materia reservada a la ley y lo decide una simple junta directiva, no obstante su potencial impacto en la economía del país.
También hay margen para cuestionar los efectos de esas decisiones para la institución misma. Las medidas planteadas se agregan a otras ya existentes para ahuyentar cotizantes. La Caja pretende cobrar hasta diez años de cuotas atrasadas a quienes intenten formalizar su situación, cuando, en materia tributaria, la prescripción es de cuatro años y no son inusitadas las amnistías para recuperar parte de lo no pagado y, principalmente, incorporar nuevos contribuyentes al registro. En la Caja, esa lógica no vale. Lo demuestra el reglamento propuesto, aunque en el proceso de consulta se imponga algún grado de sensatez.
