EscucharLas víctimas de la trágica explosión de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, México, no dejan de aumentar según la Policía da cuenta de los desaparecidos y fallecen en los hospitales los heridos de mayor consideración. Las causas del accidente son inequívocas: el “huachicoleo”, o robo de combustible de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
La extracción ilícita de combustibles causa derrames por fallas en las válvulas clandestinas, a veces abandonadas por incontrolables. Los ríos de líquidos inflamables atraen a personas equipadas con todo tipo de recipientes y la menor chispa es capaz de causar una tragedia como la del viernes de la semana pasada. Ese día, las autoridades supieron del derrame, se trasladaron al lugar y acordonaron el sitio, pero no pudieron controlar a unas 200 personas empeñadas en aprovechar el combustible.
La explosión es la más letal de la historia, pero no es la primera. El robo de combustibles es tan común que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), convocó, antes de los sucesos del viernes, a una batida contra los ladrones. El mismo día de la tragedia de Tlahuelilpan explotó, por idénticas razones, el poliducto de San Juan del Río, estado de Querétaro.
Vistas las dimensiones de la tragedia y las características del problema en México, cualquier comparación con la realidad costarricense parece exagerada. Sin embargo, solo en mayo del año pasado, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) estimó sus pérdidas por robo de combustibles en $2 millones.
A fines de ese mes, la Policía capturó a seis personas vinculadas con una banda acusada de sustraer combustible de dos tomas ilegales en una calle paralela a la ruta 27 (San José-Caldera), en los kilómetros 37 y 40. La banda vendía el combustible en una gasolinera propiedad de su líder, lo cual pone en evidencia la constancia de la operación.
El grupo utilizaba camionetas y cisternas para transportar los combustibles hasta una finca de Atenas donde los almacenaba antes de trasladarlos a un predio en San Francisco de Heredia. Desde ahí los enviaban a la gasolinera. Si bien la Policía destacó la sofisticación de las operaciones, ejecutadas por personas con la habilidad necesaria para impedir derrames, cada fase del robo implicaba riesgos para las poblaciones vecinas, incluidas las ubicadas, sin sospecharlo siquiera, en las rutas de tránsito del material inflamable, sobre todo cuando lo transportaban en vehículos no aptos.
En otros casos, los ladrones del combustible de Recope son menos avezados. En el 2017, un derrame estuvo a punto de causar un desastre en Río Blanco de Limón, donde los bomberos se vieron obligados a evacuar varias casas. En otros puntos del oleoducto, a su paso por Matina, Siquirres y Turrialba, las inspecciones del 2017 revelaron la existencia de 30 tomas ilegales, todas con riesgo para comunidades circundantes.
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Según la Policía, existen al menos 10 bandas dedicadas al robo de combustible. El delito es frecuente y las necesidades de transporte y almacenamiento proyectan los riesgos mucho más allá del sitio específico de “ordeño” de la tubería. Camiones sin rotulación ni carrocerías especializadas circulan con cargas clandestinas por rutas de mucho tránsito, como la 32, entre San José y Limón.
Las complicaciones específicas de México marcan importantes diferencias con la situación nacional, pero tragedias como la de Tlahuelilpan constituyen una advertencia que no debe ser ignorada. La vigilancia del poliducto de Recope y la persecución de quienes lo violenten deben ser constantes y merecen la colaboración de la ciudadanía.
