EscucharCada período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es, entre otras cosas, una oportunidad para que los Estados miembros, mediante la voz de sus dirigentes, revelen sus visiones sobre el entorno internacional, las prioridades en relación con él y los intereses y valores en que estas se basan.
En esta oportunidad, la coyuntura ha sido particularmente relevante. Por un lado, celebramos 75 años de una organización que, pese a sus imperfecciones, ha sido fundamental en ámbitos de paz, desarrollo, seguridad y derechos humanos. Por otro, la humanidad padece un golpe letal e inesperado —la covid-19—, con repercusiones sanitarias, económicas y sociales devastadoras. A esto se une la aceleración de desafíos globales que se han venido acumulando sin pausa, y que demandan medidas robustas e inmediatas para evitar que sus catastróficos efectos se hagan más visibles y se vuelvan irreversibles. Nos referimos, en particular, al calentamiento global.
Fue en este contexto, marcado también por renovadas rivalidades entre grandes potencias, que el presidente Carlos Alvarado se dirigió, virtualmente, a la Asamblea el miércoles de la pasada semana. Nuestra valoración de su discurso es, esencialmente, positiva, a pesar de algunas omisiones, afirmaciones desafortunadas o propuestas con débil fundamento.
Lo más relevante es que su planteamiento, en general, fue fiel a los grandes pilares que animan la política exterior costarricense: la defensa de los derechos humanos, de la paz, el derecho internacional, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad socioambiental; además, la urgencia de asumir compromisos colectivos para atender retos que también lo son, utilizar mecanismos multilaterales para articular todo lo anterior e impulsar mayor eficiencia y transparencia de las Naciones Unidas, como eje del sistema. A lo anterior se une, y el presidente lo mencionó desde el inicio, la urgencia de acciones comunes contra la pandemia, basadas esencialmente en la cooperación.
“Costa Rica renueva su compromiso con un multilateralismo activo centrado en la dignidad de las personas, en especial las más vulnerables” es una de las frases más representativas de su alocución, a la cual añadió que “la seguridad internacional, la seguridad nacional y la seguridad humana no están antepuestas, sino que van de la mano”.
Durante los 75 años de la ONU, nuestro país ha sido claro ejemplo de estos postulados; de aquí que, a pesar de nuestros limitados recursos materiales, tengamos un gran impacto, y frecuente liderazgo, en el ámbito internacional, con iniciativas de largo aliento y positivo efecto. Entre ellas destacamos la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los tratados contra el comercio de armas y sobre la prohibición de las armas nucleares y la insistencia en redirigir recursos nacionales e internacionales de los gastos militares al desarrollo.
El presidente, con razón, llamó la atención sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, así como sobre la tragedia humana de la migración haitiana. Pasó por alto, sin embargo, el carácter dictatorial de los dos primeros países, al igual que la falta de libertades y agresiones a los derechos humanos en Cuba, sobre el que se limitó a condenar el "bloqueo” estadounidense, que técnicamente no es tal, sino un embargo. Coincidimos con criticarlo, pero debe hacerse con precisión conceptual y visión equilibrada.
La propuesta para que los países desarrollados dediquen el 0,7 % de su producto interno bruto a contrarrestar el impacto económico de la covid-19 en los no desarrollados es adecuada, aunque difícil de lograr. Esa cifra, que ha sido desde décadas la meta de ayuda para el desarrollo, con costos la alcanzan un puñado de países ricos, pero vale la pena insistir.
La propuesta de convertir al Consejo de Seguridad (CS), el órgano más poderoso de la ONU, en un Consejo de Seguridad Humana, carece de lógica: ya la organización cuenta con un Consejo Económico y Social, con una Agenda de Desarrollo Sostenible que se extiende hasta el 2030 y con su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por esto, lo aconsejable es mejorar el desempeño del CS, sin perder su focalización, algo en lo que se avanzaría mediante una iniciativa a la que desde hace años se sumó Costa Rica, y Alvarado mencionó: la suscripción de un código de conducta para sus cinco miembros permanentes con poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.
A pesar de estas y otras observaciones sobre su discurso, celebramos que, de nuevo, nuestra voz internacional se haya oído a partir de sólidos principios, de una lectura adecuada de desafíos trascendentales y de la actitud constructiva que un “ciudadano global” responsable, como Costa Rica, debe siempre mantener.
