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Expertos en seguridad se reunieron el martes en el Colegio de Abogados. Foto: Hugo Solano.
El 2022 sigue distanciándose de la marca de homicidios establecida en el 2017. El número de 603 alcanzado ese año quedó atrás y el lunes el nuevo récord era de 617. No hay forma de saber hasta dónde llegará la tragedia de este año, pero los factores que la explican no desaparecerán con la vuelta del calendario.
La creciente violencia no solo se constata en el número de homicidios, sino también en el enseñamiento desatado sobre las víctimas. Esta semana, dos hombres fueron asesinados de dieciséis balazos uno y de nueve, el otro. Viajaban juntos en un vehículo atacado por dos individuos en una motocicleta.
Además, causa estupor el número de homicidios múltiples. En 35 casos hubo dos o más muertos y el 2 de marzo, en Matama de Limón, hubo ocho víctimas en un solo ataque. Un grupo de ex jefes policiales reunido con auspicio del Colegio de Abogados no dudó en atribuir la mayor parte de la violencia al aumento del narcotráfico y la reducción de los recursos destinados a combatirlo.
Los expertos, entre ellos exministros, exviceministros, exjefes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública se proponen gestionar ante la Asamblea Legislativa el financiamiento necesario para combatir la violencia, especialmente la generada por el narcotráfico. Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública entre el 2015 y el 2018, lamentó la reducción de unos ¢1.500 millones del presupuesto de la cartera para el 2023.
Mata polemizó con el Congreso durante su permanencia en el cargo y finalmente logró la aprobación del impuesto a las sociedades anónimas, destinado específicamente a la seguridad. Inicialmente, los fondos debían servir para contratar 2.000 policías y luego para mejorar equipos e instalaciones, pero esos propósitos se vienen diluyendo.
El exfuncionario ocupaba el cargo en el 2017, año de la marca anterior, y atribuye a la alarma de esa época la adquisición de medios aéreos y navales para combatir el narcotráfico. Esos equipos se han deteriorado con rapidez. La mitad de los aviones de Seguridad Pública permanece en el suelo por falta de mantenimiento, informó recientemente este diario.
El exdirector del OIJ Rafael Ángel Guillén coincide con Mata en lamentar la falta de inversión en tecnología para combatir a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. Según su criterio, los nueve escáneres prometidos para el año entrante más bien deberían ser 50. En la actualidad, informó La Nación, solo se cuenta con uno y la seguridad del principal puerto del Atlántico es tan laxa que en dos oportunidades, este año, la policía desarticuló bandas integradas por empleados de la terminal marítima.
Mata echó de menos el radar retirado de Guanacaste por el gobierno de Estados Unidos cuando más bien hace falta otro en la zona del Atlántico. “Ya no tenemos ojos”, afirmó, para enfatizar la desprotección creada por la continua pérdida de recursos mientras los informes de inteligencia dan cuenta del aumento del tráfico de drogas desde el sur.
Costa Rica es un país de tránsito, pero esas operaciones exigen cómplices locales y dejan cantidades residuales de droga, a menudo como pago por los servicios recibidos en suelo nacional. Esos narcóticos alimentan el mercado local y causan enfrentamientos por el control del negocio, además de “ajustes de cuentas” entre socios.
Los expertos reunidos en el Colegio de Abogados hacen bien al poner el énfasis en la violencia desatada por el narcotráfico. No solo cuesta vidas a los traficantes, sino también a quienes estén cerca. Las zonas de mayor tráfico son, a la vez, donde más corre la sangre y ningún investigador se sorprende cuando encuentra la explicación de un homicidio en el comercio de drogas. El nexo entre ambos fenómenos no está en duda.
También aciertan los ex jerarcas policiales cuando insisten en la necesidad de cuidar el presupuesto de las fuerzas de seguridad e intensificar los esfuerzos para conseguir colaboración de países amigos, también interesados en combatir el flagelo. Sin seguridad, el país no puede aspirar al desarrollo sostenible, dice Lineth Saborío, exdirectora del OIJ y ex candidata presidencial.
