Exministros de Seguridad y Exdirectores del Organismo de Investigación Judicial firmaron una carta este miércoles 14 de diciembre en la que le solicitan al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, una reunión en la que también participen los jefes de todas las fracciones, para exponer su preocupación por la inseguridad del país y para gestionar la disponibilidad de recursos para fortalecer a los cuerpos policiales.
“Si no atajamos esto hoy, (la ola de homicidios) habrá consecuencias graves” advirtió Rafael Angel Guillén, exdirector del OIJ, al afirmar que se trata de un tema país, que debe ser abordado con celeridad, desde todos los poderes del Estado.
El documento es el acuerdo final de una reunión convocada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y en donde no se busca hallar culpables, sino encontrar estrategias para fortalecer la seguridad nacional y proteger al país, dijo Guillén.
Firmaron el documento los exministros de Seguridad Gustavo Mata, Fernado Berrocal y Álvaro Ramos Rechnitz; así como los exdirectores del OIJ, Rafael Angel Guillén y Lineth Saborío. También expertos como Wálter Navarro, Allan Fonseca, Luis Carlos Castillo y la diputada Gloria Navas.
Michael Soto, exmministro de Seguridad y actual subdirector del OIJ, quien participó en la reunión, se mostró optimista por el hecho de que el Colegio de Abogados tomara esa iniciativa pues eso legitima los esfuerzos. Afirmó que analizaron planteamientos financieros, jurídicos y estratégicos, para tratar de revertir a futuro las cifras inusitadas de este año.
Destacó la experiencia de quienes participan en la comisión integrada por ese colegio profesional, por lo que considera que los proyectos propuestos pueden incidir en la seguridad del país.
Hay reformas legales que pueden ayudar a los cuerpos policiales a obtener recursos, por ejemplo hay una gran cantidad de dineros en capitales emergentes, de los que no se puede disponer por un tema legal. Estima que con voluntad política se puede lograr una modificación y eso sería un gran avance.
Llamó a replantear algunos de los impuestos dirigidos a la seguridad pública, los cuales podrían distribuirse de una forma más equitativa.
En esa comisión ya redactaron un proyecto para penalizar la usura extorsiva y agravar la pena para quienes mediante los prestamos “gota a gota” matan y persiguen a muchos ciudadanos.
Además, claman por revertir decisiones que tienen diezmados a los cuerpos policiales, debido a que se han desviado fondos de impuestos que originalmente se crearon para fortalecer la seguridad ciudadana.
Gloria Navas, diputada que preside la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, dijo que posiblemente este año se va a cerrar con más de 620 homicidios. Afirmó que lo importante es que existen salidas y se debe trabajar con todas las instituciones públicas mediante acciones integradas que se deben aplicar se quiera o no.
Concluyó que por falta de fondos no se hace lucha eficaz, pero Hacienda toma dineros que se supone que tienen que tienen que ser repartidos y los dirige al presupuesto del gasto, como los ¢540.000 millones que estaban “calladitos” en ingresos de Gobierno y la Contraloría General de la República encontró.
Estima que eso permitiría atacar el crimen organizado y los delitos asociados, pues existen los fondos, pero están desviados.
