Aunque el incremento en los salarios gubernamentales se ha desacelerado, su inercia alcista no cesa.
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Un análisis de la Contraloría General de la República nos trae dos buenas noticias. La puntual: entre enero y mayo de este año, los salarios en el Gobierno Central crecieron menos que durante el mismo período en el 2018 y el 2019. La estructural: en apreciable medida, ese descenso se debe a que “un mecanismo con una visión integral a largo plazo” —la transformación del cálculo porcentual de las anualidades en montos fijos— rompió la inercia del crecimiento desenfrenado. Se trata, en palabras de la institución, de un “primer esfuerzo por generar un cambio estructural en la evolución de las remuneraciones en el sector público y así contribuir a alcanzar la senda de la sostenibilidad en las finanzas públicas”.
Sin embargo, a pesar de ese cambio y de que el Ejecutivo congeló plazas y convirtió este año en nominal el aumento por inflación que otorga a sus funcionarios, la desaceleración fue muy moderada: un 2,3 % de incremento en el período actual, contra el 3 % en los dos años previos, aunque mucho más significativa si se compara con el promedio de incremento entre el 2015 y el 2018, cuando alcanzó un alarmante 5,7 %. Además, el alza salarial está muy por encima de la inflación acumulada, de apenas un 0,61 %.
Al analizar el desempeño de 23 ministerios y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), universo en que se basó el estudio, saltan a la vista grandes diferencias en la dinámica salarial: desde un jugoso incremento del 10 % en este último, quizá por las obligaciones de personal asociadas a las elecciones municipales, hasta una notable reducción del 4,4 % en Cultura.
El impacto de esta baja, sin embargo, es muy poco significativo en las finanzas públicas como un todo, por el leve peso de esa cartera en el presupuesto nacional. En cambio, Seguridad y Educación, con las planillas más cuantiosas, aumentaron su carga salarial en un 5,7 % y un 2,5 %, respectivamente. En este último caso, el rubro de horas extras, que es particularmente injustificado en las circunstancias actuales, fue un disparador sustantivo.
Conclusión: la fuerza inercial de los salarios ha sido apenas moderada, pero no detenida. Se necesita hacer mucho más para cortarla, en beneficio de todos. No se trata solo de una cuestión fiscal, que de por sí es imperativa, sino también de establecer sistemas de contratación y remuneración más justos, con salarios competitivos a partir de la formación, cualidades y desempeño de los servidores, no solamente de la antigüedad, como, en la práctica, sucede ahora en la mayor parte del Estado.
Esta realidad revela, una vez más, la necesidad de tramitar, con la mayor rapidez posible, la ley de empleo público, cuyo proyecto ya está en la Asamblea Legislativa. Su primera versión, que contenía varias deficiencias, fue corregida y mejorada sustancialmente, luego de múltiples observaciones. Es posible que todavía pueda afinarse más. De ahí la necesidad de abordarla con responsabilidad. Y responsabilidad, en este, como en tantos otros asuntos, implica calidad y buen tiempo. Aunque no lo diga explícitamente, el informe salarial de la Contraloría es un llamado a actuar en tal sentido.
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